La historia boliviana del siglo XXI estuvo marcada por una crisis en torno al gas, la llegada de Evo Morales a la presidencia, una nueva Constitución y varios cambios de gobierno. Estos procesos no forman una línea única ni tienen una sola explicación. Reúnen demandas de pueblos indígenas, conflictos territoriales, debates sobre los recursos naturales, reformas institucionales y una competencia electoral que se transformó de manera significativa entre 2005 y 2025. Los hitos principales siguen a continuación con sus fuentes, separando los resultados oficiales de las interpretaciones políticas que los rodearon.
Bolivia es un Estado sin salida al mar, con una población censada de 11.365.333 personas en 2024 según el Instituto Nacional de Estadística. Su diversidad lingüística, regional y social aparece de forma expresa en la Constitución aprobada en 2009, que define al país como Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Esa definición resume parte de la transformación institucional iniciada durante la primera década del siglo.
La crisis del gas de 2003
En 2003 el proyecto de exportar gas natural boliviano por un puerto chileno desencadenó protestas en distintas regiones. Para numerosos sectores sociales, la discusión reunía recuerdos de la pérdida del litoral en la guerra del Pacífico, críticas al modelo de privatización de los recursos y demandas por una mayor participación en la renta gasífera. Las movilizaciones se intensificaron en septiembre y octubre, especialmente en El Alto y La Paz.
La respuesta estatal incluyó el despliegue de fuerzas de seguridad. Hubo decenas de muertes y heridos, un hecho que profundizó la crisis de legitimidad del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. El 17 de octubre de 2003 el presidente renunció y salió del país; el vicepresidente Carlos Mesa asumió la presidencia. El episodio se conoce habitualmente como la «guerra del gas», aunque no fue una guerra convencional: fue una crisis política y social con una represión que tuvo consecuencias duraderas en la vida pública boliviana.
Mesa convocó en 2004 un referéndum sobre la política gasífera. Las preguntas abordaban la derogación de normas de hidrocarburos, la recuperación de la propiedad estatal sobre el gas en boca de pozo y la posibilidad de utilizar el recurso en una política de exportación. El proceso no cerró los conflictos. Las tensiones entre el gobierno, los movimientos sociales, las regiones productoras y los partidos tradicionales siguieron presentes, y Mesa renunció en junio de 2005. El presidente de la Corte Suprema, Eduardo Rodríguez Veltzé, quedó a cargo de convocar nuevas elecciones.
La elección de Evo Morales
En diciembre de 2005 Evo Morales, dirigente cocalero y candidato del Movimiento al Socialismo, MAS, ganó la presidencia con el 53,72 % de los votos válidos. Fue la primera vez desde el retorno de la democracia en 1982 que un candidato presidencial obtenía mayoría absoluta de votos. Álvaro García Linera fue elegido vicepresidente. La victoria dio al nuevo gobierno una base electoral clara, aunque no eliminó las diferencias entre departamentos, sectores económicos, organizaciones indígenas y fuerzas de oposición.
El programa del MAS colocó en el centro la nacionalización de los hidrocarburos, la convocatoria de una Asamblea Constituyente y la ampliación de la presencia estatal en sectores estratégicos. El 1 de mayo de 2006 el gobierno anunció la nacionalización de los recursos hidrocarburíferos y ordenó la renegociación de contratos con empresas que operaban en el país. Las consecuencias fiscales, contractuales y productivas de aquella decisión fueron objeto de debate; el hecho institucional es que la política de gas y petróleo pasó a ser una de las bases del nuevo ciclo político.
En agosto de 2006 se eligió una Asamblea Constituyente. Sus trabajos estuvieron atravesados por desacuerdos sobre autonomías departamentales, representación territorial, tierra, recursos naturales y reconocimiento de naciones y pueblos indígenas. La aprobación del texto final no fue un proceso exento de conflicto. Tras negociaciones en el Congreso, la propuesta constitucional fue sometida a referéndum el 25 de enero de 2009.
La Constitución Política del Estado de 2009
El Sí obtuvo el 61,43 % de los votos válidos y el No el 38,57 %, con una participación oficial cercana al 90 %. El 7 de febrero de 2009 Morales promulgó la Constitución en El Alto. El texto cambió el nombre oficial del país a Estado Plurinacional de Bolivia y reconoció la pluralidad política, económica, jurídica, cultural y lingüística. También estableció un régimen de autonomías y reconoció derechos colectivos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos dentro de la unidad estatal.
La Constitución reorganizó las instituciones y declaró que Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo. Ese marco constitucional no resolvió por sí mismo las controversias sobre su aplicación. Las autonomías, la justicia indígena, la distribución de competencias, la propiedad de la tierra y la relación entre desarrollo extractivo y territorios indígenas siguieron siendo asuntos de discusión política y judicial. Una constitución define reglas y derechos; la aplicación de esas reglas depende de leyes, instituciones, tribunales y actores sociales.
En las elecciones generales de diciembre de 2009 Morales fue reelegido con el 64,22 % de los votos, y el MAS obtuvo una amplia representación parlamentaria. Cinco años después, en 2014, fue reelegido nuevamente. El Tribunal Constitucional Plurinacional había considerado que el primer mandato no contaba para el límite de reelección establecido por la nueva Constitución, ya que la entrada en vigor del texto había creado un nuevo orden constitucional. Esa interpretación fue discutida por sectores opositores y por analistas del derecho constitucional.
El referéndum de 2016 y la crisis de 2019
El 21 de febrero de 2016 Bolivia votó una reforma destinada a habilitar otra postulación consecutiva de Morales y García Linera. El No ganó con el 51,30 % frente al 48,70 % del Sí. Un año después, el Tribunal Constitucional Plurinacional habilitó la reelección indefinida de autoridades electas al interpretar el derecho a la participación política reconocido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esa decisión permitió que Morales se presentara en las elecciones de 2019 y generó una controversia que no desapareció durante la campaña.
La elección de octubre de 2019 abrió otra crisis. El cómputo preliminar se interrumpió y, cuando se reanudó, mostró una ventaja de Morales suficiente para evitar una segunda vuelta. La Organización de Estados Americanos cuestionó irregularidades del proceso; otros estudios discutieron el alcance de esa conclusión. Las protestas se extendieron, la Policía se amotinó en varias ciudades y las Fuerzas Armadas sugirieron públicamente la renuncia presidencial. Morales renunció el 10 de noviembre y salió del país. La senadora Jeanine Áñez asumió la presidencia interina dos días después.
La caracterización de esos hechos sigue siendo objeto de desacuerdo. Parte de la oposición habló de fraude y sucesión constitucional; el MAS y otros observadores los describieron como un golpe de Estado. Una página de referencia no resuelve esa disputa mediante una etiqueta única. Registra la secuencia institucional, los informes disponibles y las posiciones atribuidas a sus actores. Durante el gobierno interino también se produjeron las muertes de Sacaba y Senkata, investigadas por organismos nacionales e internacionales en el contexto de la crisis.
El retorno del MAS y las elecciones de 2025
Las elecciones generales previstas para 2020 fueron aplazadas por la pandemia de COVID-19 y se celebraron el 18 de octubre. Luis Arce, candidato del MAS y exministro de Economía de Morales, ganó con el 55,11 % de los votos válidos. Carlos Mesa obtuvo el 28,83 %. El resultado permitió una transición electoral y el regreso del MAS al gobierno. En los años siguientes, las diferencias entre el presidente Arce y Morales se hicieron visibles dentro del propio movimiento, con efectos sobre las candidaturas y la organización política.
En 2025 la elección presidencial llegó por primera vez a una segunda vuelta. En la primera ronda del 17 de agosto, Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano, obtuvo el 32,06 % de los votos y Jorge Quiroga, de la alianza Libre, el 26,70 %, según el cómputo oficial. Ninguno alcanzó el umbral constitucional para una victoria directa. La segunda vuelta se celebró el 19 de octubre. El Tribunal Supremo Electoral proclamó a Paz presidente electo con 3.519.534 votos, el 54,96 %, frente a los 2.884.661 votos, el 45,04 %, de Quiroga.
El órgano electoral entregó las credenciales a Rodrigo Paz y al vicepresidente electo Edmand Lara el 5 de noviembre de 2025, con lo que declaró concluido el proceso general. Los resultados y las actas están disponibles en el portal del Órgano Electoral Plurinacional. La elección de 2025 no borra los ciclos anteriores: añade un nuevo cambio de gobierno a una historia reciente marcada por reformas, movilizaciones y elecciones competitivas.
Bolivia en el contexto regional
Los cambios bolivianos tuvieron relaciones concretas con la política latinoamericana. Bolivia se incorporó al ALBA-TCP en 2006 y participó en UNASUR y la CELAC. Tras la crisis de 2019, el gobierno interino suspendió o modificó varias de esas participaciones; con el gobierno de Arce el país retomó vínculos regionales. La página sobre el ALBA-TCP y la de UNASUR muestran la secuencia institucional desde la perspectiva de esos organismos.
El país también ofrece un caso útil para observar la relación entre recursos naturales y política. El gas fue una fuente de ingresos, un motivo de movilización y un eje de acuerdos internacionales. Ninguno de esos aspectos puede explicarse solo por la economía o solo por la identidad política. Las decisiones sobre producción, distribución de la renta, contratos, autonomías y protección territorial se han discutido en instituciones distintas y por actores con intereses no siempre coincidentes.
Esta síntesis no reemplaza los informes electorales, el texto constitucional ni las investigaciones sobre los hechos de 2003 y 2019. Ordena fechas y decisiones para facilitar su consulta. Cuando las interpretaciones son incompatibles, el criterio es atribuirlas a sus fuentes y mantener separados los datos comprobables de las valoraciones sobre su significado.