El 6 de octubre de 1976 un avión de Cubana de Aviación estalló en el aire poco después de despegar de Barbados y cayó al mar con 73 personas a bordo. Entre los hombres que la justicia venezolana procesó por ese atentado estaba Luis Posada Carriles, un exiliado cubano nacionalizado venezolano que había trabajado para la CIA y para los servicios de inteligencia de Venezuela. Durante los cuarenta años siguientes su nombre apareció en expedientes de Venezuela, Cuba, Panamá, Estados Unidos e Italia. Nunca fue condenado por las muertes del vuelo 455, y murió en Florida en mayo de 2018 mientras Caracas seguía reclamando su extradición.
De Cienfuegos a la CIA
Posada Carriles nació en Cienfuegos en 1928. Tras la revolución cubana de 1959 se marchó a Estados Unidos y, según el expediente reunido por el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington, se incorporó en febrero de 1961 a la Brigada 2506, la fuerza de exiliados que la CIA preparaba para la invasión de bahía de Cochinos.
Los documentos desclasificados que publicó ese archivo en 2005 describen una relación larga con la agencia. La CIA lo reclutó mientras servía en el ejército estadounidense, entre 1963 y 1965, y lo entrenó en demoliciones. Un informante del FBI reportó en julio de 1966 que recibía «aproximadamente 300 dólares al mes» de la CIA. La agencia lo dio de baja como colaborador en julio de 1967, lo readmitió cuatro meses después y lo mantuvo como tal hasta 1974. Hasta junio de 1976 conservó, según los mismos papeles, un «contacto ocasional».
Cuando se trasladó a Caracas en 1967, su propio expediente de la CIA registra que se llevó equipo del gobierno estadounidense que incluía diez detonadores de lápiz. El dato lo recordó el analista Peter Kornbluh en su testimonio ante una subcomisión de la Cámara de Representantes en noviembre de 2007.
La DISIP y la agencia privada de Caracas
En Venezuela Posada obtuvo la nacionalidad por naturalización y entró en la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP). Los documentos estadounidenses lo sitúan como un alto funcionario del organismo, encargado de demoliciones, hasta 1974. Después abrió en Caracas una empresa de investigaciones privadas, Investigaciones Comerciales e Industriales C.A., de la que era dueño y jefe según las declaraciones que recoge el expediente judicial venezolano.
En junio de 1976 unos veinte representantes de grupos anticastristas se reunieron en las montañas de Bonao, en la República Dominicana, y fundaron la Coordinación de Organizaciones Revolucionarias Unidas (CORU). El director de inteligencia militar venezolano de la época informó a los tribunales que a ese grupo se le atribuían una veintena de atentados, sobre todo contra embajadas cubanas. Uno de sus dirigentes era el médico cubano Orlando Bosch.
El 22 de junio de 1976 la CIA distribuyó un informe titulado «Posibles planes de extremistas del exilio cubano para volar un avión de Cubana». Según Kornbluh, una fuente de la agencia oyó decir a Posada, pocos días después de una cena de recaudación de fondos para Bosch celebrada en Caracas en septiembre, «vamos a pegarle a un avión cubano» y «Orlando tiene los detalles».
El atentado contra el vuelo 455
El vuelo 455 había salido de Caracas y, tras escalas en Guyana y Trinidad, aterrizó en Barbados con destino a Jamaica y La Habana. El 6 de octubre de 1976, unos cinco minutos después de despegar del aeropuerto de Seawell, el piloto comunicó por radio: «tenemos una explosión a bordo, descendemos inmediatamente, tenemos fuego adentro». El DC-8 cayó al mar frente a la costa oeste de la isla. El expediente venezolano cifra las víctimas en 25 tripulantes y 48 pasajeros; solo se recuperaron quince cuerpos. Entre los muertos estaban el equipo cubano de esgrima, seis estudiantes guyaneses que iban a estudiar medicina en Cuba y ciudadanos coreanos.
Dos venezolanos que habían viajado en el tramo entre Trinidad y Barbados, Hernán Ricardo Lozano, que usaba un pasaporte a nombre de José Vázquez García, y el fotógrafo Freddy Lugo, fueron detenidos en Trinidad. Ante el comisionado adjunto Dennis Ramdwar ambos acabaron admitiendo que habían colocado los explosivos. Ricardo dibujó un detonador de tipo lápiz y explicó que el explosivo se escondía en un tubo de pasta dental Colgate. Ambos trabajaban para la agencia de Posada.
Posada fue detenido en Caracas el 12 de octubre de 1976. Según Kornbluh, en su casa y su oficina se encontró un informe manuscrito de Ricardo sobre posibles blancos vinculados a Cuba en el Caribe, que mencionaba el vuelo de Cubana que pasaba por Barbados. Un día después del atentado, el agregado del FBI en Caracas informó que una fuente confidencial «prácticamente admitió» que Posada y Bosch habían organizado el derribo. Otra fuente, de la DISIP, relató el mensaje en clave que los autores transmitieron tras la caída del avión: «un autobús con 73 perros cayó por un precipicio y murieron todos». El mismo agregado había concedido a Ricardo un visado para Puerto Rico cinco días antes del atentado.
El proceso en Venezuela y la fuga de 1985
La causa se abrió el 7 de octubre de 1976 con un auto de proceder de la propia DISIP. El 2 de noviembre de ese año un juzgado penal de Caracas decretó la detención de Ricardo, Lugo, Posada y Bosch, y en agosto de 1977 un juzgado militar ordenó la de los tres venezolanos por traición a la patria, excluyendo a Bosch por no ser venezolano. El 6 de julio de 1984 los fiscales formularon cargos contra Posada por homicidio calificado y traición a la patria.
El expediente recoge varios intentos de fuga. El 8 de septiembre de 1982 Posada y Ricardo salieron del cuartel San Carlos vestidos de oficiales y con un teniente como rehén, y fueron recapturados al día siguiente. El 4 de noviembre de 1984 intentaron escapar de otro centro de reclusión, en El Paraíso. El 18 de agosto de 1985 Posada se fugó de la Penitenciaría General de Venezuela y el juzgado dictó un edicto de captura el 18 de septiembre. El Archivo de Seguridad Nacional sostiene que salió de la cárcel pagando un soborno.
La fuga paralizó el caso contra él. Según el voto disidente de la sentencia del Tribunal Supremo de 2005, el tribunal de primera instancia condenó a los demás imputados por homicidio calificado el 21 de julio de 1986. Bosch pasó once años preso en Venezuela, volvió a Florida en 1988 y en julio de 1990 recibió un perdón administrativo del gobierno de George H. W. Bush.
| Fecha | Instancia | Decisión |
|---|---|---|
| 22 de agosto de 1977 | Juzgado militar de Caracas | Detención por traición a la patria |
| 6 de julio de 1984 | Fiscalía venezolana | Cargos por homicidio calificado y traición a la patria |
| 18 de agosto de 1985 | Penitenciaría General de Venezuela | Fuga; causa paralizada |
| Abril de 2004 | Tribunal penal de Panamá | Condena por delitos contra la seguridad colectiva |
| 9 de mayo de 2005 | Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela | Declara procedente pedir la extradición |
| 8 de abril de 2011 | Jurado federal de El Paso | Absolución de los once cargos |
Centroamérica y los atentados de La Habana de 1997
Tras la fuga, Posada llegó a El Salvador. Con el alias de Ramón Medina trabajó en la base de Ilopango como adjunto de Félix Rodríguez en la red de suministro a la contra nicaragüense que dirigía el teniente coronel Oliver North, según el Archivo de Seguridad Nacional.
En 1997 una serie de explosiones afectó a hoteles, bares y restaurantes de La Habana. El 4 de septiembre de ese año una carga de C-4 mató en el hotel Copacabana a Fabio Di Celmo, un empresario genovés. El salvadoreño Raúl Ernesto Cruz León, detenido en La Habana, confesó ser el autor material y señaló a Posada como quien había ordenado y financiado el atentado, según los considerandos que la Cámara de Diputados italiana recogió en 2007.
En julio de 1998 la periodista Ann Louise Bardach entrevistó a Posada para The New York Times en Aruba. Según la publicación del 12 de julio, citada después en el Parlamento italiano, Posada asumió la responsabilidad de aquellos atentados y dijo sobre el italiano muerto que se encontraba «en el lugar equivocado en el momento equivocado» y que él dormía «como un bebé».
Panamá: la condena y el indulto
En noviembre de 2000 Posada y otros tres exiliados, Gaspar Jiménez, Guillermo Novo y Pedro Remón, fueron detenidos en Panamá durante la Cumbre Iberoamericana, acusados de preparar un atentado con explosivos en un auditorio donde debía hablar Fidel Castro. En abril de 2004 un tribunal panameño los condenó a penas de siete y ocho años, no por intento de homicidio sino por delitos contra la seguridad colectiva y falsificación de documentos, según Voice of America.
En agosto de 2004, a pocos días de dejar el cargo, la presidenta Mireya Moscoso indultó a los cuatro. Alegó razones humanitarias y dijo que quería evitar su extradición a Cuba, donde, a su juicio, probablemente los habrían matado. Cuba respondió rompiendo las relaciones diplomáticas con Panamá.
Estados Unidos: inmigración, extradición y el juicio de El Paso
En marzo de 2005 Posada entró en Estados Unidos sin autorización. El Departamento de Justicia sostuvo que llegó por mar a bordo del barco Santrina; él afirmó haber viajado por tierra desde Honduras. Pidió asilo y fue detenido el 17 de mayo de 2005 por infracciones migratorias.
El gobierno de Hugo Chávez reactivó entonces el caso. El 9 de mayo de 2005 la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia declaró procedente la solicitud de extradición por homicidio calificado y traición a la patria, con el voto disidente de la magistrada Blanca Rosa Mármol de León, que consideraba prescrita la acción por homicidio. A finales de mayo Washington rechazó el pedido venezolano de arresto provisional por considerar que carecía de base legal suficiente. El 27 de septiembre de 2005 un juez de inmigración ordenó expulsarlo a cualquier país dispuesto a aceptarlo, salvo Cuba y Venezuela, por el riesgo de tortura en ambos.
El 11 de enero de 2007 un gran jurado de Texas lo acusó de siete delitos de fraude y falsedad en su solicitud de naturalización, relacionados con su forma de entrada y con un pasaporte guatemalteco falso. Quedó en libertad en abril de 2007, y el 8 de mayo la jueza Kathleen Cardone anuló la acusación por lo que describió como «fraude, engaño y artimañas» del gobierno en la entrevista de naturalización. El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito revocó esa decisión el 14 de agosto de 2008.
En abril de 2009 una acusación ampliada lo vinculó por primera vez ante un tribunal estadounidense con los atentados de La Habana: no le imputaba haberlos cometido, sino mentir sobre su papel en ellos. El juicio en El Paso duró trece semanas y se centró en once cargos de perjurio, obstrucción y fraude migratorio. El 8 de abril de 2011 el jurado lo absolvió de todos tras unas tres horas de deliberación. El Departamento de Justicia se declaró decepcionado; el abogado José Pertierra respondió que los «73 cargos de asesinato en Caracas» pesaban más que «once cargos de perjurio en El Paso».
El caso Di Celmo en el Parlamento italiano
La muerte de Di Celmo llevó el caso a Roma. El 17 de mayo de 2007 el diputado Alberto Burgio presentó una interpelación urgente sobre la puesta en libertad de Posada. El subsecretario de Asuntos Exteriores Famiano Crucianelli respondió que la Fiscalía de Roma había abierto un procedimiento contra Posada por el delito de «strage» (masacre) y que el Ministerio de Justicia había completado los trámites previstos para delitos cometidos en el extranjero, pero que ningún juez había dictado aún una medida cautelar, requisito para pedir la extradición.
El 21 de junio de 2007, durante la ratificación de la convención consular entre Italia y Cuba firmada en Roma en 2001, los diputados Iacopo Venier, Burgio, Vacca y Pettinari presentaron el orden del día 9/1874/2. Sus considerandos llamaban a Posada «terrorista» y recordaban la lucha del padre de la víctima, Giustino Di Celmo. La parte dispositiva comprometía al gobierno a gestionar «con prontitud» su extradición a Italia si el procedimiento de la Fiscalía de Roma terminaba en una imputación por el atentado. Crucianelli lo aceptó en nombre del gobierno y, conforme a la práctica de la Cámara, no se votó. La petición formal de extradición nunca llegó a producirse.
Muerte y expedientes abiertos
Posada Carriles murió el 23 de mayo de 2018, a los 90 años, en un hogar gubernamental para veteranos en Miramar, al norte de Miami. Padecía cáncer. El diario oficial cubano escribió que había muerto «sin pagar sus deudas con la justicia». En Venezuela la causa por el vuelo 455 seguía abierta en su contra. Otros procesos de la región se reseñan en la sección de artículos.