La mañana del lunes 27 de febrero de 1989, en las paradas de autobús de Guarenas, a unos 25 kilómetros al este de Caracas, los pasajeros se encontraron con un pasaje más caro del que esperaban. El aumento autorizado por el gobierno debía entrar en vigor el 1 de marzo, pero una parte de los transportistas empezó a cobrarlo ese mismo día. Las discusiones con los conductores se convirtieron en barricadas, las barricadas en saqueos, y al caer la tarde la protesta había llegado a la capital. Algunas crónicas, como la que BBC Mundo publicó en el trigésimo aniversario, sitúan el primer foco en la vecina Guatire; las dos ciudades comparten carretera y usuarios, y la diferencia no altera la secuencia.
Lo que siguió se conoce como el Caracazo: varios días de disturbios en Caracas y en otras ciudades, la suspensión de garantías constitucionales, un despliegue militar en los barrios populares y un número de muertos que, más de tres décadas después, sigue sin cifra definitiva. El episodio acabó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 1999 registró el reconocimiento de responsabilidad del Estado venezolano.
Febrero de 1989: el programa de ajuste
Carlos Andrés Pérez asumió su segunda presidencia el 2 de febrero de 1989, tras ganar con holgura las elecciones de diciembre de 1988 frente a Eduardo Fernández. Había gobernado ya entre 1974 y 1979, en plena bonanza petrolera, y buena parte de su electorado asociaba su nombre con aquellos años de abundancia. El país que recibía era otro. La caída de los ingresos del petróleo durante los años ochenta, el peso de la deuda externa y la escasez de divisas habían dejado a las cuentas públicas en una situación difícil, algo que se aprecia en las series de la economía de Venezuela de esa década.
El 16 de febrero de 1989 Pérez anunció un conjunto de medidas de ajuste que la prensa de la época bautizó como el «gran viraje». Entre ellas figuraba un aumento del precio de la gasolina. Para el transporte público, el gobierno autorizó un alza del 30 % en las tarifas a partir del 1 de marzo, según la cronología de COFAVIC. El paquete se negociaba en paralelo con el Fondo Monetario Internacional: el 29 de marzo de 1989 el FMI aprobó un primer préstamo de 430 millones de dólares, y el 23 de junio un acuerdo ampliado a tres años por 3.703,1 millones de derechos especiales de giro, unos 4.640 millones de dólares, según la agencia UPI.
La gasolina fue la chispa. Su encarecimiento se trasladó de inmediato a los pasajes, y fueron los pasajes, no el resto del programa, lo que la gente encontró en la calle aquel lunes.
Del 27 de febrero al 22 de marzo: los hechos
Durante el 27 de febrero la protesta se extendió desde Guarenas hacia Caracas. Hubo cierres de vías y saqueos de comercios en distintos puntos de la ciudad, entre ellos Caricuao, en el suroeste. La sentencia de fondo de la Corte Interamericana menciona también disturbios en La Guaira, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Guayana, Mérida y Maracaibo.
El 28 de febrero el Ejecutivo dictó el Decreto n.º 49, que suspendió las garantías de libertad individual, inviolabilidad del hogar, libertad de tránsito, de expresión y de reunión. Se decretó un toque de queda de 6 de la tarde a 6 de la mañana y se ordenó la salida del Ejército a las calles. COFAVIC calcula en unos 9.000 los efectivos desplegados, muchos de ellos reclutas de 17 y 18 años, armados con fusiles FAL, pistolas de 9 milímetros y, en algunos puntos, tanquetas AMX-13. La suspensión de garantías duró 23 días y terminó el 22 de marzo de 1989.
Los casos documentados después por las organizaciones de derechos humanos se concentran en los barrios populares, que es donde la Corte Interamericana situó el uso desproporcionado de la fuerza, con armas de guerra como el fusil FAL. De los 44 casos que COFAVIC llevó al sistema interamericano, 18 ocurrieron en marzo de 1989, cuando los saqueos ya habían cesado. El análisis de la organización sobre sus propios casos cuenta siete ejecuciones extrajudiciales y cinco víctimas muertas dentro de sus hogares durante el toque de queda, y el patrón de heridas (catorce impactos en la cabeza, catorce en el tórax) fue uno de los elementos que la Corte tuvo en cuenta para hablar de un uso desproporcionado de la fuerza.
| Fecha | Hecho | Fuente |
|---|---|---|
| 2 feb. 1989 | Carlos Andrés Pérez asume su segunda presidencia | Encyclopedia.com |
| 16 feb. 1989 | Anuncio del programa de ajuste económico | COFAVIC |
| 27 feb. 1989 | Comienzan las protestas y los saqueos en Guarenas y Caracas | Corte IDH, COFAVIC |
| 28 feb. 1989 | Decreto n.º 49: suspensión de garantías y toque de queda | Corte IDH, COFAVIC |
| 22 mar. 1989 | Restablecimiento de las garantías, tras 23 días | Corte IDH |
| 23 jun. 1989 | El FMI aprueba el acuerdo ampliado de tres años | UPI |
| 28 nov. 1990 | Se hace pública la fosa común de La Peste | Corte IDH |
| 28 mar. 1995 | La denuncia se tramita ante la Comisión Interamericana | Corte IDH |
| 7 jun. 1999 | La Comisión somete el caso a la Corte | Corte IDH |
| 10–11 nov. 1999 | Reconocimiento de responsabilidad y sentencia de fondo | Corte IDH |
| 29 ago. 2002 | Sentencia de reparaciones | Corte IDH |
| oct. 2011 | Acusación ratificada contra cuatro exmandos | Los Tiempos |
¿Cuántos murieron? Las cifras según cada fuente
La cifra oficial es de 276 muertos. La dio la Fiscalía General de la República y la recoge la sentencia de fondo de la Corte Interamericana con una fórmula precisa: los sucesos de febrero y marzo de 1989, «según cifras oficiales, dejaron un saldo de 276 muertos, numerosos lesionados, varios desaparecidos y cuantiosas pérdidas materiales». El informe anual de PROVEA de 1989 ya advertía que esa cifra no se había publicado con una lista de nombres, lo que impedía contrastarla caso por caso, y que la Fiscalía no había hecho un recuento exhaustivo.
Otras fuentes dan números mayores. La agencia UPI, al informar en junio de 1989 del préstamo del FMI, hablaba de disturbios con «más de 300» muertos. The Christian Science Monitor, en mayo de 1993, escribía que los disturbios de febrero de 1989 habían dejado «unos 400» muertos según las estimaciones. Organizaciones civiles citadas por BBC Mundo en 2019 elevan la cifra hasta 3.000, sobre todo a partir de la aparición de fosas comunes. COFAVIC, por su parte, evita dar un total y habla de un número de ejecuciones y desapariciones «aún sin determinar».
La distancia entre esas cifras tiene una explicación en parte material. El 3 de marzo de 1989, según el informe de PROVEA, el Cementerio General del Sur registró 80 entierros, frente a los 20 o 25 de un día normal, y el 6 de marzo se exhumaron 35 cadáveres de una fosa del sector conocido como La Peste Nueva. La existencia de las fosas de La Peste se hizo pública el 28 de noviembre de 1990, después de una inspección judicial iniciada el 5 de noviembre. De los 130 cadáveres exhumados entonces, solo 68 correspondían a personas muertas en febrero y marzo de 1989, y los trabajos se interrumpieron en 1991 con 65 cuerpos aún sin identificar, según la sentencia de la Corte.
Conviene distinguir entre lo que se sabe y lo que se estima. Lo que consta en una resolución judicial internacional es la cifra oficial de 276, los 44 casos concretos del expediente y los datos de las exhumaciones. El resto son estimaciones de periodistas y organizaciones, cada una con su método, y ninguna ha sido sustituida por un recuento nominal completo.
El nombre
El sufijo del término, que en español marca un golpe o un estallido, tiene un precedente conocido en la región: el Bogotazo, los disturbios que siguieron al asesinato del dirigente liberal Jorge Eliécer Gaitán en Bogotá el 9 de abril de 1948. La Comisión de la Verdad de Colombia anota que en muchas regiones del país aquel episodio se recuerda como el «colombianazo», porque la violencia no se quedó en la capital. En Venezuela ocurrió algo parecido con el nombre: se impuso la capital, aunque los hechos empezaron fuera de ella y alcanzaron a media docena de ciudades.
COFAVIC y el camino al sistema interamericano
En los días posteriores a los disturbios, varias mujeres coincidieron en las morgues y los hospitales de Caracas buscando a hijos, hermanos y esposos. De esos encuentros nació el Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989, conocido por su sigla, COFAVIC, integrado sobre todo por madres, hermanas y esposas de las víctimas. Durante años el comité documentó casos, pidió exhumaciones y presentó denuncias ante los tribunales venezolanos sin obtener sentencias.
Ante la falta de resultados internos, la denuncia llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que abrió el trámite el 28 de marzo de 1995. El 7 de junio de 1999 la Comisión sometió el caso a la Corte Interamericana, con sede en San José de Costa Rica. En la audiencia pública del 10 de noviembre de 1999 el Estado venezolano, ya bajo la presidencia de Hugo Chávez, reconoció los hechos expuestos por la Comisión y aceptó plenamente su responsabilidad internacional. La Corte dictó la sentencia de fondo al día siguiente, el 11 de noviembre, y abrió la etapa de reparaciones.
La sentencia de reparaciones, del 29 de agosto de 2002, fijó indemnizaciones para los familiares de las víctimas y ordenó al Estado investigar los hechos e identificar y sancionar a sus autores materiales e intelectuales, localizar e identificar los restos de las víctimas y entregarlos a sus familias, y adecuar la formación de las fuerzas armadas y de seguridad y sus planes operativos para el control del orden público, de modo que el uso de la fuerza sea proporcional. También dispuso la difusión de la sentencia en prensa, radio y televisión para localizar a los familiares. COFAVIC informó después que el Estado pagó las indemnizaciones a las víctimas que habían acudido a la Corte, y añadió que la indemnización «no sustituye la justicia».
Las causas penales en Venezuela
En el plano interno el proceso fue lento. En octubre de 2011, según informó el diario boliviano Los Tiempos a partir de un comunicado del Ministerio Público, los fiscales ante las salas de Casación Penal y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ratificaron la acusación contra cuatro antiguos mandos: el exministro de la Defensa Ítalo del Valle Alliegro, que ocupó el cargo entre 1989 y 1993; José Rafael León y Luis Guillermo Fuentes, antiguos comandante y segundo comandante de la Policía Metropolitana; y Fredy Ventura Maya, antiguo jefe del Comando Regional n.º 5 de la Guardia Nacional. La acusación era por homicidio calificado con alevosía en grado de complicidad necesaria y por violación de convenios internacionales.
En febrero de 2016, al cumplirse 27 años de los hechos, COFAVIC seguía denunciando que no había una determinación definitiva de responsabilidades y hablaba de ocultamiento y destrucción de pruebas. La sentencia de 2002 sigue siendo, en ese sentido, la única resolución firme que atribuye responsabilidad por lo ocurrido, y es una responsabilidad del Estado, no de personas concretas.
Consecuencias políticas
El Caracazo se produjo apenas 25 días después de la toma de posesión de Pérez y cambió el tono de su mandato. El programa económico siguió adelante: en junio de 1989 el gobierno cerró el acuerdo ampliado con el FMI y los precios, liberados, continuaron subiendo. Pero la relación entre el gobierno y buena parte de la población quedó dañada desde el primer mes. Lo que vino después, con la crisis de los partidos tradicionales, puede seguirse en la historia electoral venezolana.
El 4 de febrero de 1992 un grupo de oficiales del Ejército encabezado por el teniente coronel Hugo Chávez intentó derrocar a Pérez. El alzamiento fracasó, igual que otro, dirigido desde la Fuerza Aérea, en noviembre de ese año. Historiadores entrevistados por BBC Mundo, entre ellos Tomás Straka, de la Universidad Católica Andrés Bello, y Agustín Blanco Muñoz, sitúan el Caracazo entre los antecedentes de aquella crisis, aunque difieren en el peso que le atribuyen frente a otros factores económicos y políticos de la década.
En mayo de 1993 la Corte Suprema declaró que había méritos para enjuiciar a Pérez por el uso de unos 17,5 millones de dólares de una partida secreta, y el Senado confirmó la decisión por unanimidad; el presidente del Congreso, Octavio Lepage, asumió interinamente. En mayo de 1996 la Corte Suprema condenó a Pérez por malversación, aunque lo absolvió del cargo más grave de peculado. Ninguno de esos procesos tuvo que ver con el Caracazo. En 1998 Chávez ganó las elecciones presidenciales, y fue su gobierno el que, un año después, reconoció en San José la responsabilidad del Estado por los hechos de 1989.
La memoria del episodio siguió en disputa. Para unos, fue una revuelta espontánea contra un programa económico impuesto sin consulta; para otros, un estallido de saqueos que las instituciones no supieron contener; para las familias agrupadas en COFAVIC, sobre todo, una matanza sin culpables. La prensa venezolana volvió sobre el tema en cada aniversario, y la relación entre el poder político y los medios audiovisuales acabaría siendo otro foco de conflicto años después, como muestra el cierre de RCTV en 2007.
Quedan pendientes, según los propios expedientes, los 65 cuerpos sin identificar de La Peste.