Derechos de las mujeres en América Latina: avances y datos

En mayo de 1924, en la ciudad ecuatoriana de Loja, la médica Matilde Hidalgo pidió ser inscrita para votar en las elecciones legislativas. La junta local se negó. Hidalgo argumentó que la Constitución vigente no exigía ser varón para ejercer la ciudadanía, y el Consejo de Estado le dio la razón con una fórmula que iba más lejos de lo que ella había pedido: las mujeres podían inscribirse como electoras y también podían ser elegidas. Cinco años después, la Constitución ecuatoriana de 1929 incorporó ese derecho de forma expresa.

Hidalgo había sido ya la primera mujer bachiller de su país, en 1913, y la primera médica, en 1921. Su caso abre casi todas las cronologías del sufragio femenino en América Latina, y con razón, aunque el camino que siguieron los demás países fue desigual y lento. Entre la Constitución ecuatoriana de 1929 y la ley paraguaya de 1961 pasaron más de tres décadas. Los temas que dominan hoy la agenda de los derechos de las mujeres en América Latina son otros: la violencia de género, la paridad en los cargos electivos, la autonomía económica. Las fechas del voto siguen siendo, sin embargo, el punto de partida de cualquier comparación entre países.

El voto: de Loja en 1924 a Asunción en 1961

La Unión Interparlamentaria (UIP) mantiene una cronología mundial del derecho de las mujeres a votar y a ser elegidas. Distingue entre el año en que se reconoció el derecho con condiciones o restricciones y el año en que esas condiciones se levantaron, una distinción que en América Latina importa mucho. En Ecuador, por ejemplo, la UIP registra 1929 como primer reconocimiento y 1967 como el año en que se suprimieron las condiciones. En Chile, el voto con restricciones data de 1931 y el voto sin restricciones de 1949. En Bolivia, las fechas son 1938 y 1952; en Panamá, 1941 y 1946.

Las fechas de la tabla no siempre coinciden con las que circulan en otras fuentes, y conviene distinguir por qué: unas cronologías toman el año de la ley, otras el de la primera elección en que votaron mujeres y otras el de la supresión de las restricciones. France 24, por ejemplo, fecha el caso costarricense en 1950, año de la primera votación, mientras que la UIP registra 1949, año de la Constitución. Ninguna de las dos cifras es errónea. Miden cosas distintas.

Detrás de cada año hay un procedimiento concreto. En la República Dominicana, la Constitución promulgada el 10 de enero de 1942 incorporó el voto femenino, y las dominicanas lo ejercieron por primera vez el 16 de mayo de ese año. En Argentina, el Congreso aprobó el 9 de septiembre de 1947 la Ley 13.010, promulgada el 23 de septiembre, que reconoció a las mujeres el derecho a votar y a ser votadas en los cargos nacionales; dos provincias, Santa Fe en 1921 y San Juan en 1928, se habían adelantado en el plano local. En México, la reforma del artículo 34 de la Constitución, publicada el 17 de octubre de 1953 por iniciativa del presidente Adolfo Ruiz Cortines, dio a las mujeres la ciudadanía plena para votar y ser elegidas en todas las elecciones populares.

Uruguay tiene una historia lateral que no cabe en la tabla. El 3 de julio de 1927, en Cerro Chato, un pueblo repartido entre los departamentos de Durazno, Florida y Treinta y Tres, se celebró un plebiscito para decidir si toda la localidad pasaba a depender de Durazno. Un decreto de la Corte Electoral de finales de mayo había permitido inscribirse a las personas «sin distinción de nacionalidad y sexo». La primera en votar fue Rita Ribeira, una inmigrante brasileña afrodescendiente de 90 años. De los 357 votos emitidos, 354 apoyaron la unificación con Durazno. El resultado nunca se aplicó y Cerro Chato sigue dividido entre tres departamentos casi un siglo después.

De las cuotas a la paridad

El derecho a ser elegida no produjo por sí mismo parlamentos mixtos. Durante décadas, las mujeres fueron una presencia escasa en las listas con posibilidades reales de ganar, y la respuesta legislativa llegó a comienzos de los años noventa. El 6 de noviembre de 1991, el Congreso argentino sancionó la Ley 24.012, que modificó el Código Electoral para exigir que las listas incluyeran mujeres «en un mínimo del 30 % de los candidatos a los cargos a elegir y en proporciones con posibilidad de resultar electas». Una lista que no cumpliera ese requisito no sería oficializada.

La fórmula de la ley argentina, con su cláusula sobre la posición en la lista, se convirtió en el modelo de las cuotas que otros países aprobaron en los años siguientes. Con el tiempo, varios Estados sustituyeron el porcentaje mínimo por la paridad, es decir, la exigencia de listas con igual número de hombres y mujeres, a menudo alternados. Los efectos de esa evolución se leen en los datos de la UIP, aunque no todos los casos responden a la misma causa: entre los cinco países latinoamericanos que hoy superan el 50 % de mujeres en su cámara baja o única hay sistemas multipartidistas competitivos, como los de México o Costa Rica, y sistemas en los que la selección de candidaturas depende de otros mecanismos, como el cubano.

Cuántas mujeres ocupan hoy un escaño

La UIP publica cada mes una clasificación de los parlamentos nacionales según el porcentaje de mujeres. En la edición con situación al 1 de agosto de 2026, Cuba ocupaba el segundo puesto mundial, solo por detrás de Ruanda, con 267 diputadas sobre 467 miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular elegida en marzo de 2023 (57,2 %). Nicaragua figuraba tercera con el 56,0 %, Costa Rica cuarta con el 52,6 % tras las elecciones de febrero de 2026, Bolivia quinta con el 50,8 % y México sexto con el 50,4 %, es decir, 252 diputadas de 500.

La parte baja de la clasificación es igual de elocuente. Brasil, el país más poblado de la región, tenía 88 diputadas en una cámara de 513 escaños elegida en octubre de 2022, un 17,2 % que lo sitúa en el puesto 138 del mundo. Guatemala se quedaba en el 20,0 %, Panamá en el 21,7 % y Paraguay en el 23,8 %. Entre esos extremos figuran Ecuador (43,1 %), Perú (41,5 %), Argentina (40,9 %), la República Dominicana (37,4 %) y Chile (34,8 %).

Los promedios regionales ayudan a situar estas cifras. Según la UIP, las mujeres ocupaban el 35,7 % de los escaños de las cámaras bajas o únicas de las Américas al 1 de agosto de 2026, frente a un promedio mundial del 27,3 %. Dentro del continente, el Caribe llegaba al 43,6 %, América del Norte al 37,8 %, y América Central (31,7 %) y América del Sur (31,5 %) quedaban por debajo de la media continental. El Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL resume el dato en su portada con otra cifra, un 37 % de los escaños de las cámaras bajas de los países de la región, porque su universo es América Latina y el Caribe y no incluye a Estados Unidos ni a Canadá.

Dos casos no aparecen en la clasificación. Haití figura sin datos de composición: las últimas elecciones legislativas que registra la UIP son de 2015 y 2016, y la situación del país se trata en la página sobre la historia de Haití. La Asamblea Nacional de Venezuela elegida en mayo de 2025 figura con sus 285 miembros, pero sin el desglose por sexo que la UIP necesita para calcular el porcentaje. Las condiciones de esa elección se explican en la cronología de las elecciones en Venezuela.

La Convención de Belém do Pará

El 9 de junio de 1994, en la ciudad brasileña de Belém do Pará, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos adoptó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Fue el primer tratado regional que trató la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos, sin distinguir entre la que ocurre en el hogar y la que ocurre en la calle, el trabajo o las instituciones. La OEA registra que entró en vigor el 5 de marzo de 1995, treinta días después del depósito del segundo instrumento de ratificación. Bolivia había sido la primera en depositarlo, el 5 de diciembre de 1994, y Venezuela la segunda, el 3 de febrero de 1995.

La lista de Estados Parte creció con lentitud durante una década y después se estabilizó. Suriname depositó su ratificación en marzo de 2002 y Jamaica en diciembre de 2005. La tabla de la OEA recoge hoy 33 Estados, con una incorporación reciente que llamó la atención: Canadá, que había firmado en marzo de 2025, depositó su ratificación el 18 de junio de 2026. Estados Unidos sigue fuera. Algunos Estados, como Colombia y Haití, no firmaron en su momento y se incorporaron por adhesión. El seguimiento de las obligaciones corresponde al Mecanismo de Seguimiento de la Convención (MESECVI), cuyos informes cita la CEPAL en sus boletines, por ejemplo al tratar la violencia digital contra las mujeres.

Femicidio y feminicidio en los códigos penales

La traducción de la convención al derecho interno tomó dos caminos. El primero fueron las leyes contra la violencia: según la CEPAL, todos los países y territorios de América Latina y el Caribe cuentan hoy con normas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, aunque solo 14 han aprobado leyes integrales que cubren todos los ámbitos en los que se produce. La lista de estas leyes integrales empieza con México (2007) y Venezuela (2007), sigue con Colombia y Guatemala (2008), Argentina (2009) y El Salvador (2010), y llega hasta Chile, que aprobó la suya en 2024. Las demás normas se centran en la violencia doméstica o intrafamiliar.

El segundo camino fue penal. Veinte países y territorios de América Latina han incorporado el femicidio, el feminicidio o la muerte violenta de mujeres por razón de género a su ordenamiento jurídico. Costa Rica fue la primera, en 2007, seguida de Guatemala en 2008 y Chile en 2010; la República Dominicana es la más reciente, en 2025. Diecisiete lo tipificaron como delito penal; la Argentina, Cuba y Puerto Rico lo incorporaron como circunstancia agravante del homicidio. El nombre también varía, y la CEPAL agrupa las distintas denominaciones legales en un solo indicador para poder sumar los casos.

Lo que muestran las cifras de 2024

El Boletín nº 4 del Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL, publicado en noviembre de 2025, recoge los datos oficiales que los gobiernos informaron sobre 2024. Al menos 3.828 mujeres fueron víctimas de femicidio, feminicidio o muerte violenta por razón de género en 26 países y territorios: 3.814 en 17 países de América Latina y 14 en 9 países y territorios del Caribe. Son al menos 11 muertes al día. En los últimos cinco años, el total acumulado supera los 19.200 casos.

Las tasas varían mucho. Honduras registró 4,3 víctimas por cada 100.000 mujeres, la más alta de la región, seguida de Guatemala (1,9) y la República Dominicana (1,5); Puerto Rico, Cuba y Bolivia compartían una tasa de 1,4. Chile tuvo la más baja, 0,4. En números absolutos, Brasil informó 1.453 casos y México 852, cifras que reflejan sobre todo el tamaño de sus poblaciones. De los 17 países latinoamericanos con datos, 12 superaron la tasa de una víctima por cada 100.000 mujeres. El boletín también señala que entre las víctimas había al menos 25 niñas y adolescentes menores de 18 años en cuatro países y 49 mujeres de 60 años o más en otros cuatro.

La propia CEPAL advierte sobre los límites de la comparación. Cada año informa un número distinto de países, la tipificación del delito no es igual en todos y las metodologías de registro difieren, de modo que un país con una tasa alta puede ser, en parte, un país que registra mejor. En agosto de 2025, los gobiernos reunidos en la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer, en Ciudad de México, aprobaron el Compromiso de Tlatelolco, que abre una década de acción 2025–2035 con el objetivo de acelerar la igualdad de género. El seguimiento estadístico de ese compromiso corresponde al observatorio de la CEPAL, un organismo técnico de las Naciones Unidas distinto de los foros políticos de integración como la CELAC.

Un detalle de pie de página ilustra la fragilidad del dato regional. Perú informó 154 casos de 2024, con una tasa de 0,9 por cada 100.000 mujeres, cuando el boletín ya estaba cerrado: la cifra está incluida en el total regional, pero no llegó a los gráficos por país.