| El ALBA se
fundamenta en la creación de mecanismos para crear ventajas cooperativas
entre las naciones que permitan compensar las asimetrías existentes entre
los países del hemisferio. Se basa en la cooperación de fondos
compensatorios para corregir las disparidades que colocan en desventaja a
los países débiles frente a las primeras potencias. Por esta razón la
propuesta del ALBA le otorga prioridad a la integración latinoamericana y
a la negociación en bloques sub-regionales, abriendo nuevo espacios de
consulta para profundizar el conocimiento de nuestras posiciones e
identificar espacios de interés común que permitan constituir alianzas
estratégicas y presentar posiciones comunes en el proceso de negociación.
El desafío es impedir la dispersión en las negociaciones, evitando que las
naciones hermanas se desgajen y sean absorbidas por la vorágine con que
viene presionándose en función de un rápido acuerdo por el ALCA.
El ALBA es una
propuesta para construir consensos para repensar los acuerdos de
integración en función de alcanzar un desarrollo endógeno nacional y
regional que erradique la pobreza, corrija las desigualdades sociales y
asegure una creciente calidad de vida para los pueblos. La propuesta del
ALBA se suma al despertar de la conciencia que se expresa en la emergencia
de un nuevo liderazgo político, económico, social y militar en América
Latina y El Caribe. Hoy más que nunca, hay que relanzar la unidad
latinoamericana y caribeña. El ALBA, como propuesta bolivariana y
venezolana, se suma a la lucha de los movimientos, de las organizaciones y
campañas nacionales que se multiplican y articulan a lo largo y ancho de
todo el continente contra el ALCA. Es, en definitiva, una manifestación de
la decisión histórica de las fuerzas progresistas de Venezuela para
demostrar que Otra América es Posible.
¿Cómo queda el desarrollo
endógeno en el ALBA?
La noción neoliberal
de acceso a los mercados se limita a poner medidas para reducir el arancel
y eliminar las trabas al comercio y a la inversión. Es libre comercio
entendido en estos términos solo beneficia a los países de mayor grado de
industrialización y desarrollo. De hecho, abundan los estudios científicos
en los que se demuestra de manera irrefutable que la aplicación de las
pautas actuales de la globalización y sus expresiones hemisféricas o
regionales ha dado al traste con las aspiraciones de un verdadero
desarrollo endógeno en cualquiera de los países del continente.
Los grandes acuerdos
de integración deberían quedar por el contrario supeditados a los
objetivos del desarrollo endógeno. La escasa diversificación de la oferta
regional hoy existente sentencia desde ya que el ALCA no podrá ser la
oportunidad para alcanzar un tipo de desarrollo en que se armonice el
crecimiento económico con una creciente calidad de vida y grado de
bienestar para nuestros pueblos. Podrán crecer las inversiones y las
exportaciones, pero si estas se basan en la industria maquiladora y la
explotación masiva de la fuerza de trabajo, sin lugar a dudas que no podrá
generar el efecto multiplicador sobre los encadenamientos sectoriales, no
habrá un efecto multiplicador en los sectores agrícolas e industrial, ni
mucho menos se podrán generar los empleos de calidad que se necesitan para
derrotar la pobreza y la exclusión social.
En consecuencia, urge
una propuesta alternativa basada en la solidaridad. Se trata de ayudar a
los países más débiles a superar las desventajas que los separan de los
países más poderosos del hemisferio. Y esto no solo depende de los cambios
en las condiciones de competencias imperantes, sino también de la
solidaridad entre los pueblos y sus gobiernos del continente a la hora de
corregir estas asimetrías. Solo así un área de libre comercio podrá ser
una oportunidad para todos (una alianza ganar-ganar).
La agricultura en el ALBA:
mucho más que un sector productor de mercancías
La exigencia de
reducción de las políticas proteccionistas y de los masivos subsidios que
otorgan los principales países industrializados no puede convertirse en
una exigencia generalizada de liberalización de comercio de productos
agrícolas. Para muchos países de América Latina y El Caribe la actividad
agrícola fundamental para la supervivencia de la propia nación. Las
condiciones de vida de millones de campesinos e indígenas se verían muy
afectados si ocurre una inundación de bienes agrícolas importados, aún en
los casos en los que no exista el subsidio.
Hay que dejar en
claro que la producción agrícola es mucho más que la producción de una
mercancía. Es, más bien, un modo de vida. Es el fundamento básico para la
preservación de opciones culturales, es una forma de ocupación del
territorio, define modalidades de relación con la naturaleza, tiene que
ver directamente con los temas críticos de la seguridad y la soberanía
alimentaria. Por lo tanto, no puede ser tratado como cualquier otra
actividad económica o cualquier producto.
El Articulo 305 de la
Constitución dé la República Bolivariana de Venezuela indica: "El estado
promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo
rural integral, y en consecuencia garantiza la seguridad alimentaría de la
población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de
alimentos en el ámbito nacional el acceso oportuno y permanente a estos
por parte de los consumidores.
La seguridad
alimentaria deberá alcanzarse desarrollando y privilegiando la producción
agropecuaria interna, entendiéndose como tal la proveniente de las
actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola. LA producción de
alimentos es de interés nacional y fundamental al desarrollo económico y
social de la Nación. A tales fines el Estado dictara las medidas de orden
financiero, comercial, transferencia tecnológica, tenencia de la tierra
infraestructura, capacitación de mano de obra y otras que fueran
necesarias para alcanzar niveles estratégicos de autoabastecimiento.
Además, promoverá las
acciones en el marco de la economía nacional e internacional para
compensar las desventajas propias de la actividad agrícola". Parte
importante de la pobreza y la marginalidad de nuestros pueblos se
concentra en la población que habita las zonas rurales que subsiste con
base en la actividad agrícola o actividades alrededor de la agricultura.
Esa población es
finalmente la más castigada con el des-balance de partida para la
negociación de la agricultura y lo seria más si se excluyen de la
negociación los aspectos que más la perjudican.
La seguridad
alimentaria de la que gozan los países desarrollados del hemisferio, que
hoy se nos niega a los países en desarrollo al querer limitar el margen de
acción para nuestras políticas, es fruto de medio siglo de políticas de
apoyo sistemático a la agricultura con la cual consiguen distorsión en los
precios en los mercados mundiales. Si aún hoy cesaran tales apoyos, el
campo de juego aún permanecería desnivelado: La infraestructura y el
aparato productivo y tecnológico establecido y operado en buena parte
gracias a los desembolsos de esas políticas todavía nos dejan en
desventaja.
Por todas estas
razones, la situación sobre las negociaciones sobre la agricultura para el
ALCA constituye un objeto más de preocupación de gran trascendencia para
Venezuela.
Para el inicio de las
negociaciones en 1998, la declaración ministerial de San José estableció
claramente entre los objetivos de las negociaciones para este sector
importante de la producción el de "eliminar los subsidios
a las exportaciones agrícolas que afectan el comercio en el hemisferio",
y el de "identificar otras prácticas que distorsionen el
comercio de productos agrícolas, incluidas aquellas que tengan un efecto
equivalente al de los subsidios a las exportaciones agrícolas y someterlas
a una mayor disciplina"
También se acordó por
consenso en la misma oportunidad que "Las negociaciones se
iniciarían simultáneamente en todas las áreas temáticas. El inicio, la
conducción y el resultado de las negociaciones del ALCA se deberán tratar
como partes de un compromiso único (single undertaking) que incluya los
derechos y obligaciones mutuamente acordados"
Sin embargo desde el
inicio de la negociación de los textos para el proyecto de tratado, los
EE. UU. Manifestaron su reticencia a negociar en el marco del ALCA los
subsidios a las exportaciones de productos agrícolas y las ayudas internas
que distorsionan el comercio y la producción de productos agrícolas, con
inclusión de las medidas con efectos equivalentes a los subsidios a las
exportaciones.
Se expresa allí la
doble moral de las grandes potencias que exigen a los países en vías de
desarrollo renunciar al uso de las políticas públicas para promover el
desarrollo de sus aparatos productivos mientras que por otro lado aplican
ruinosos subsidios a favor de sus aparatos productivos. La insistencia en
tal posición, a todas luces contraría los principios y objetivos pautados
para emprender la conformación del ALCA, principios y objetivos que
compartimos y nos alentaron a participar en la negociación.
Este tema fue motivo
de un gran debate en la última Reunión Ministerial celebrada en Quito, en
cuya declaración finalmente todos los países reconocieron
"la importancia de la agricultura para las economías de la región, cuyo
tratamiento integral y no discriminatorio en las negociaciones del ALCA
contribuirá a generar empleo a reducir la pobreza y favorecer la
estabilidad social", por lo cual reafirmaron "el
compromiso hemisférico con la eliminación de los subsidios a las
exportaciones que afectan el comercio de productos agrícolas en el
Hemisferio y el desarrollo de disciplina para ser adoptadas para el
tratamiento de todas las otras prácticas que distorsionan el comercio de
productos agrícolas, incluyendo aquellas que tienen efectos equivalentes a
los subsidios a las exportaciones agrícolas", señalando en particular
"que nuestra respectiva evaluación, por país o grupo de
países, de los resultados de las negociaciones de acceso a mercados en
agricultura en el ALCA dependerán del progreso que consigamos alcanzar en
los otros temas que son parte de la agenda agrícola."
Este planteamiento
fue ratificado de manera práctica por este Comité de Negociaciones
Comerciales en su reunión de Puebla cuando instruyo al Grupo de
Negociación sobre Agricultura "intensificar los debates
sobre todos los temas de su agenda, en particular los referidos a los
subsidios a las exportaciones y a todas las otras prácticas que
distorsionan el comercio de productos agrícolas, incluyendo aquellas que
tiene efectos equivalente a los subsidios a las exportaciones agrícolas,
sin excepción alguna y sin prejuzgar los resultados, al tenor de los
mandatos de las declaraciones de Buenos Aires y Quito"
Del desarrollo de las
reuniones efectuadas desde noviembre del año pasado, puede deducirse
claramente la insistencia de la negativa de los Estados Unidos a
comprometerse con la no reintroducción de los subsidiasen las
exportaciones agrícolas, a trabajar en la regulación de las condiciones de
los créditos, garantías de créditos y programas de seguro a las
exportaciones agrícolas y a trabajar para la disminución y
disciplinamiento de las ayudas internas a la agricultura.
Entre tanto, para la
negociación sobre la eliminación de los aranceles agrícolas se han
establecido plazos perentorios que han obligado a muchos países a realizar
un esfuerzo importante para cumplirlos. Lamentablemente los países que han
cumplido con puntualidad estas entregas de oferta para demostrar su
voluntad de negociar la agricultura hoy se sienten burlados ante la
negativa de los Estados Unidos de eliminar los subsidios que otorgan a su
agricultura en el marco del ALCA.
La situación indicada
muestra un gran desbalance de gran magnitud en la negociación y una
perspectiva de desequilibrio para su final, de persistir el estancamiento
en los centrales aspectos señalados. No es aceptable un des-balance de tal
naturaleza. No es aceptable que la agricultura se circunscriba
exclusivamente a la eliminación de los aranceles por parte de los países
en vías de desarrollo mientras las principales potencias se niegan a
eliminar los subsidios y ayudas internas. Como se sabe, los EEUU destinan
centenares de miles de millones de dólares anualmente para sostener sus
exportaciones y la producción de su agricultura, ocasionando fuerte
distorsiones en el precio de los productos agrícolas en los mercados
mundiales. Aunque se eliminen las barreras arancelarias para las
exportaciones latinoamericanas, es imposible competir con esos precios
subsidiados. De esa forma se impide o dificulta el acceso efectivo de los
países latinoamericanos a los mercados del hemisferio. Los productos
subsidiados compiten deslealmente en nuestros propios mercados internos y
la ventaja que ya tienen se hace mucho mayor al eliminar nuestros
aranceles. Es así como se nos quitan mercados en terceros países para los
productos agrícolas que pudiéramos de otra forma exportar.
Nuestros países
carecen de la magnitud de los recursos financieros que disponen los países
desarrollados para apoyar la agricultura; lo que tenemos son instrumentos
de política para apalear los efectos perversos de las distorsiones de los
precios internacionales, instrumentos que se nos solicita eliminar con las
negociaciones de acceso a los mercados.
Solamente el enorme
contraste en el tamaño de las economías que integran el continente, nos
sitúa en desventaja. Mientras el tamaño de nuestros mercados significa muy
poco para la expansión de la agricultura de los países desarrollados, solo
una pequeña fracción de aumento o desvió de las exportaciones hacia
nuestros países significa una conmoción de precios y el derrumbe de la
posibilidad de sustento para una parte importante de nuestra población.
Si los países
desarrollados no quieren eliminar los subsidios y las medidas de efectos
equivalente y no quieren disminuir sustancialmente y disciplinar las
ayudas por temor a la perdida de sus mercados en el mundo, fuera del
continente y proponen hacerlo solo luego de negociarlo en el ámbito
multilateral, no se nos puede pedir que nosotros les demos ahora en el
hemisferio mayor acceso a nuestros mercados. Para ser equitativos no queda
otro camino que también negociar el acceso a los mercados para los
productos agrícolas en el mismo foro multilateral, y solo luego de que
conozcamos plenamente los verdaderos alcances de lo que las potencias
agrícolas del Orbe hayan acordado sobre la eliminación de sus subsidios y
las medidas de efecto equivalente y sobre la disminución y
disciplinamiento de sus ayudas internas, podremos con responsabilidad
determinar hasta que punto podremos otorgar mayor acceso a nuestros
mercados.
¿Derechos de propiedad
intelectual o derechos de los pueblos a medicamentos y alimentos de buena
calidad?
La propiedad
intelectual es otro de los asuntos en los cuales se expresa más
nítidamente la oposición de intereses entre las grandes corporaciones
internacionales y los países pobres del Sur, especialmente las poblaciones
campesinas y aborígenes.
Apelando a lo que
fueron denominados "asuntos relacionados con el comercio",
se estableció un amplio régimen de protección de la propiedad intelectual
en condiciones muy desventajosas para los países el Sur. A pesar de la
resistencia inicial, los países del Norte lograron imponer un régimen
obligatorio y global de protección de la propiedad intelectual de acuerdo
a sus exigencias, a partir de propuestas formuladas por las
transnacionales farmacéuticas.
En las relaciones
asimétricas hoy existentes entre los países industrializados del Norte y
el Sur, las ventajas del Norte residen precisamente en las áreas
científico-tecnológicas. El régimen internacional de definición y
protección de la propiedad intelectual esta orientado a acentuar este
des-balance. Protege aquello en lo cual los países más fuertes tienen
ventajas, mientras que, básicamente, deja sin protección aquello en lo
cual los países y pueblos del Sur tienen una indudable ventaja: en la
diversidad genética de sus territorios y en el conocimiento tradicional de
los pueblos campesinos y aborígenes.
Antes de estas
negociaciones más de 50 países no tenían regimenes legales de protección
de patentes sobre productos farmacéuticos, con lo cual sus mercados
internos podían ser surtidos por medicamentos genéricos a precios muy
inferiores a los ofrecidos por las empresas dueñas de las patentes.
La comparación de los
precios de los medicamentos en la India con países en los cuales existe la
protección de patentes farmacéuticas, indica que en éstos los precios son
hasta 41 veces más altos. La industria farmacéutica de la India es una
industria floreciente de más de 20 mil empresas, produce medicamentos de
alta calidad accesibles a millones de personas de bajos niveles de
ingresos y desempeña además un papel importante en la generación de
empleo.
Esto ha comenzado a
cambiar en La india y en el resto del mundo en forma acelerada y radical.
Los acuerdo sobre propiedad intelectual de la Organización Mundial de
Comercio obligan a todos los países después de un período de gracia para
los países "menos desarrollados" a establecer regímenes de patentes que
garanticen la protección estricta de la propiedad intelectual. Así pues,
los días de los medicamentos genéricos están contados. Como consecuencia
de los derechos monopólicos otorgados por tales acuerdos, las compañías
farmacéuticas pueden eliminar la competencia y cobrar precios más allá de
la posibilidad de pago de millones de personas. A partir de diversos
estudios se ha calculado que ocurrirían no solo aumentos significativos de
precios como consecuencia de la introducción de patentes, sino igualmente
una notoria reducción del consumo: amplios sectores de la población
quedarían excluidos del acceso a medicamentos comerciales.
El caso de Egipto es
ilustrativo: la introducción de patentes en los medicamentos condujo a
aumentos de precios de cinco a seis veces, comparado con los medicamentos
sin patentes. Se tenderá igualmente a la quiebra de medianas y pequeñas
empresas farmacéuticas y al incremento de los niveles de monopolización de
la actividad por las grande trasnacionales.
En la actualidad 80 %
de las patentes sobre alimentos modificados genéricamente están en manos
de 13 trasnacionales, y las 5 compañías agroquímicas más grandes controlan
casi todo el mercado global de semillas. Como consecuencia del
establecimiento de patentes sobre diversas formas de vida, y la
apropiación/expropiación del conocimiento campesino/comunitario por parte
de las grandes transnacionales de semillas y agroquímicos, están cambiando
aceleradamente los patrones de producción campesinos en escala global. Los
campesinos se hacen cada vez menos autónomos, cada vez más dependientes de
la compra de costosos insumos de las transnacionales. La "libertad de
comercio" impuestas crecientemente por los intereses de estas
transnacionales a los campesinos de todo el mundo, esta conduciendo hacia
una reducción de la variedad genética de muchos de los principales
cultivos alimenticios.
Esta reducción de la
diversidad genética, asociada a una visión ingenieril de la agricultura,
basada en un control extremo de tipo fabril sobre cada fase del proceso
productivo -con semillas manipuladas genéticamente y el uso intensivo de
agroquímicos- reduce drásticamente la capacidad auto-adaptativa y
regenerativa de los sistemas ecológicos.
Producto de este
régimen legal global de biopiratería es la inmensa gama de patentes
-basados en la expropiación no reconocida de los conocimientos y/o
recursos de otros que han sido otorgados. Muchas de estas patentes han
sido particularmente escandalosas como la de ingredientes activos del
árbol de neem que han sido ampliamente utilizados para muy diversas
aplicaciones en la India durante centenares de años.
Como ha podido
constatarse en el espectro de asuntos críticos para el presente y futuro
de la humanidad que están siendo afectados por los acuerdos de derecho a
la propiedad intelectual, se trata de uno de los ejes más dinámicos de
concentración del poder y acentuación de las desigualdades que caracteriza
las actuales tendencias hegemónicas de la globalización.
¿Cómo enfrentar la
liberalización, desregulación y privatización de los servicios?
En el ALCA se propone
un conjunto de normas multilaterales que, aparentemente, ordenaran el
comercio internacional de servicios. Pero lo que realmente se pretende es
la liberalización, desregulación y privatización progresiva de los
servicios esenciales para la sociedad y que suponen una obligación de los
estados y gobiernos con sus ciudadanos.
Este proceso de
liberalización abarcaría toda la amplia gama de servicios que podamos
imaginar en materia de salud, educación, seguridad social, agua potable,
transporte, correo, servicios municipales, medio ambiente, cultura,
recursos naturales, etc. De esta forma se restringiría de una vez y para
siempre la intervención del Estado a través de medidas gubernamentales que
regulen el comercio de servicios: desde los limites a la legislación
laboral y la protección del consumidor, incluyendo regulaciones,
directrices, subvenciones, calificaciones y pautas para otorgar permisos;
hasta los límites gubernamentales sobre el acceso a los mercados, las
necesidades económicas o medidas sobre el contenido cultural.
Una vez mas se
manifiesta aquí la tesis del libre mercado las cuales postulan que una
mayor apertura de los mercados potenciaría las posibilidades de los países
en desarrollo para mejorar la cantidad y calidad de los servicios que
demandan sus ciudadanos.
La historia reciente
de Venezuela y América Latina es la de una violenta ola de privatizaciones
de servicios tales como el transporte aeronáutico, las telecomunicaciones
o la electricidad. Las consecuencias de esta entrega de servicios al
mercado están a la vista de todos: prácticas monopólicas u oligopólicas y
la consiguiente alza en los precios y disminución de su calidad;
destrucción de millares de empleos; y, desmantelamiento y dilapidación de
los recursos públicos en procesos de privatizaciones amañados.
En el ALCA se
pretende extremar estos procesos de liberalización y privatización al
incluir también los servicios esenciales que suponen una obligación del
Estado con sus ciudadanos. Estos servicios pasarían a ser suministrados
por empresas privadas y transformarían a todos los ciudadanos en simples
consumidores que, al no disponer de los recursos para pagar por estos
servicios, quedarían excluidos de su consumo y disfrute.
Los principales
beneficiarios de liberalizar los servicios en el ALCA serían las grandes
multinacionales que convertirían los servicios públicos de todo el mundo
en mercados privados. Y los perjudicados serían los de siempre: los
sectores más empobrecidos y de máxima exclusión social. Las grandes
empresas de fines lucrativos accederían a los recursos públicos y
lograrían desmantelar las regulaciones existentes. Para los países en vías
de desarrollo esto se traduciría en el desmantelamiento total y absoluto
de los servicios públicos.
La severa crítica a
la mala calidad de los servicios públicos ha conseguido eco enana parte
importante de la sociedad. Engañada, esta acepta que los servicios en
manos del Estado mejorarían si se entregaran al mercado. Nadie niega la
necesidad de mejorar la eficacia de los servicios públicos, pero la
panacea no es su liberalización y privatización. La solución esta en
derrotar a los evasores de impuestos que se apropian de los recursos
financieros necesarios para mejorar su calidad y, por su puesto, mejorar
su gestión para asegurar el acceso masivo en condiciones de igualdad. Lo
que resulta inadmisible es que se manipule su situación de deterioro para
justificar procesos de privatización que le facilita a las trasnacionales
la apropiación de servicios públicos esenciales.
Estas nefastas
consecuencias se esconden en una práctica según la cual la liberalización
de los servicios desencadenaría una mayor competitividad que contribuiría
a mejorar la eficacia en la prestación de los servicios; un mayor grado de
desarrollo de los mismos y finalmente un ahorro a favor de los
consumidores. Pero después de más de una década de apertura,
liberalización y privatizaciones, esta claro que el objetivo es la
generación de más beneficios para las grandes corporaciones trasnacionales
que se han ido apropiando de estos servicios en una escala global a costa
de excluir de servicios públicos a millares de personas en todo el mundo
que no puede pagar lo que se exige para tener accesos a los mismos.
El Gobierno
Bolivariano de Venezuela se opone a estos procesos de liberalización,
desregulación y privatización que limiten la capacidad del estado y del
gobierno para diseñar y ejecutar políticas en defensa del derecho de
nuestros pueblos a tener acceso a servicios esenciales de buena calidad y
buenos precios.
Con el argumento de
que los subsidios distorsionan los precios del mercado y que deben ser los
mecanismos del mercado -es decir las leyes de la oferta y la demanda- los
que fijen el nivel de los precios, la propuesta del ALCA plantea la
liberalización y privatización de los servicios públicos.
Cualquiera de los
tres casos supondría la eliminación de millones de personas del disfrute
de servicios públicos esenciales para la sobre vivencia humana. Para el
Gobierno Bolivariano de Venezuela, los servicios públicos son para
satisfacer las necesidades de las personas, no para el comercio y el
beneficio económico. Por lo tanto, su prestación no puede estar gobernada
por criterios de rentabilidad sino de interés social. De hecho,
representan uno de los derechos sociales más significativos alcanzado por
los pueblos a lo largo de la historia y son indispensables para corregir
las desigualdades sociales. En consecuencia, la provisión de los servicios
públicos debe regirse por las necesidades sociales del individuo y no por
su capacidad de pago. La liberalización de los servicios en el ALCA
traería consecuencias catastróficas si se exige la aplicación del "Trato
Nacional". Esto quiere decir que se deben dar a las trasnacionales las
mismas preferencias que se otorgan a las pequeñas empresas y cooperativas
nacionales. No se podrá dictar ninguna medida que de preferencias a la
producción local o que discriminen a empresas extranjeras. Otro aspecto al
que se le debe prestar mucha atención es al de "Acceso a mercados" ya que
aquí se obliga a los países a no poner ningún tipo de barrera al ingreso
al mercado nacional de cualquier proveedor de servicios del extranjero en
los sectores que ha liberalizado. Así pues, los gobiernos no podrán
instrumentar medidas que condicionen el comercio de servicios. Las
transnacionales quieren llevarnos a jugar en su propia cancha para que, en
lugar de reclamar soberanía y justicia en la prestación de los servicios
esenciales para la población, no sumemos a facilitar "acceso a mercados"
como si fuera el clamor de nuestra gente.
Fondos compensatorios para
la corrección de asimetrías en el ALBA
Para la construcción
del ALBA Venezuela propone la creación de los Fondos Compensatorios o de
Convergencia Estructural con el objetivo de reducir de manera
significativa las asimetrías en los niveles de desarrollo entre las
naciones y entre sectores productivos, asignándole a dicho mecanismo metas
sociales y económicas precisas, plazos bien establecidos y mecanismos de
seguimiento.
Este mecanismo
requiere una definición inicial que permita medir las asimetrías
existentes en la región. Venezuela propone el inicio del debate partiendo
de la base que el identificar una definición concreta de "economía mas
pequeña" facilitara la concreción de una o varias estrategias para lograr
superar los obstáculos generados con las asimetrías existentes. Es por
ello que se ha identificado un grupo de variables económicas y sociales
que buscan distinguir de forma no discrecional las economías que requieren
ser asistidas para lograr competir en condiciones favorables para los
países en el área de libre comercio.
De esta forma en la
construcción del ALBA, las diferencias en los niveles de desarrollo y el
tamaño de las economías participantes, además de plantearse por las
razones arriba expuestas como un asunto de la mayor prioridad, deberían
incluir:
 La
generación de instrumentos a través de los cuales se busque no solo que
los países "en desarrollo" puedan acceder al ALBA, sino que además
principalmente esos países pueden mejorar sus conducciones productivas y
competitivas, atenuándose las disparidades que caracterizan su
funcionamiento económico interno y las grandes distancias que lo separan
de las grandes economías desarrolladas del hemisferio.
Una
definición clara respecto a las economías que serán objeto de trato
especial y diferenciado. Hasta ahora la referencia a "los niveles de
desarrollo y el tamaño" se basa en el concepto de "Economías más
pequeñas", el cual remite a la dimensión de los participantes, sin que
estén definidos los criterios que se utilizaran al respecto. En el ALBA,
dicha dimensión y el acceso o no al trato especial y diferenciado estaría
determinada por variable como población, superficie, producción global y
dotación de recursos. Pero también incluirá otros indicadores referidos al
grado de desarrollo y a limitaciones estructurales de las economías:
Composición de las exportaciones y vulnerabilidad externa; nivel de
desarrollo industrial; ingreso per.-cápita promedio y variaciones respecto
a ese promedio; pobreza y pobreza extrema, etc.
Una
identificación de trato especial y diferenciado no solo hacia la totalidad
de cada una de las economías, sino también hacia el interior de cada una
de ellas, de modo que dicho trato pueda dirigirse a las regiones y
sectores que más lo necesitan. De esa manera los recursos que se canalizan
para atender a las disparidades se vincularían directamente con los
sectores intra-nacionales a los que irían dirigidos, asegurando de esta
forma mayores niveles de eficiencia y transparencia, así como una
reducción de las trabas administrativas asociada al uso de dichos recursos
proveniente de los mencionaos mecanismos.
A diferencia del
ALCA donde lo que esta previsto es una mayor profundización de las
diferencias que hoy existen, la propuesta del ALBA incluye propuestas y
mecanismos concretos para superar las grandes disparidades entre los
países y el interior de muchos de ellos. La atención a este problema ocupa
un lugar predominante en la naturaleza de este proyecto alternativo de
integración latinoamericana y caribeña.
INSTITUTO CUBANO DE
AMISTAD CON LOS PUEBLOS |
Dossier Haití
