No a la muerte
martedì, 21 ottobre 2008 01:22:41
Edito por Asociación Civil "LPG"
Responsable: Attilio Folliero

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10/05/2006 - Amnestia Internacional - La creciente red de intermediarios y transportistas del comercio de armas fomenta los homicidios, las violaciones y la tortura

Comunicado de prensa

Según un informe que publican hoy, 10 de mayo de 206, Amnistía Internacional y TransArms, es preciso reforzar con urgencia las medidas, totalmente ineficaces y anticuadas, de control de las armas para impedir que la creciente red de intermediarios, empresas logísticas y transportistas que intervienen en el comercio de armas exacerbe los abusos masivos contra los derechos humanos en el mundo.

El informe muestra que por medio de operaciones cada vez más complejas de corretaje y transporte se despachan ya centenares de miles de toneladas de armas en el mundo, un porcentaje creciente de las cuales van a parar a países en desarrollo, donde dan pábulo a algunos de los conflictos más brutales que existen.

Titulado
Servicio rápido: El corretaje y el transporte de armas, una amenaza para los derechos humanos, el informe pone de manifiesto las actividades de intermediarios y transportistas de armas de los Balcanes, China, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Israel, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Ucrania. Asimismo, muestra que, gracias a esta red, a los grandes proveedores de armas les resulta más fácil llegar a los países en desarrollo, que dan cuenta ya de más de dos tercios de las importaciones de defensa del mundo, cuando en la década de 1990 esta proporción era de algo más de la mitad.

"Los intermediarios y transportistas de armas han ayudado a enviar muchas de las armas utilizadas en los homicidios, violaciones y desplazamientos de civiles que se están cometiendo en Sudán y la República Democrática del Congo –ha manifestado Brian Wood, director de investigación sobre el comercio de armas y material de seguridad de Amnistía Internacional–.
Sin embargo, los controles aduaneros suelen ser poco estrictos, e incluso ahora sólo alrededor de 35 Estados se han molestado en promulgar leyes sobre el corretaje de armas, por lo que es casi inevitable que se produzcan nuevas catástrofes de derechos humanos.

El informe de Amnistía Internacional muestra que muchas operaciones de corretaje y transporte de armas son una actividad no regulada, de carácter reservado y de la que no se rinden cuentas, y para ilustrarlo expone una serie de casos, entre ellos los siguientes:

    Centenares de miles de armas y millones de piezas de munición de los arsenales de la guerra de Bosnia y Herzegovina se exportaron clandestinamente, bajo los auspicios del Departamento de Defensa de Estados Unidos; para los envíos, dirigidos supuestamente a Irak, se utilizaron una red de intermediarios y contratistas de transporte privados, incluida una empresa de aviones de carga que violó un embargo de armas de la ONU a Liberia.

    Las autoridades sudafricanas confiscaron un gran cargamento de munición y explosivos de fabricación brasileña, enviado por una empresa británica a Arabia Saudí y Mauricio, por carecer de permiso de transbordo; Brasil autorizó la exportación de las armas a pesar de la constante de violaciones graves de derechos humanos existente en Arabia Saudí.

    Un intermediario neerlandés envió por mar grandes cantidades de armas a Liberia desde China contraviniendo un embargo de armas de la ONU a aquél país y a pesar de los indicios de homicidios y violaciones generalizados y de desplazamiento de millares de civiles.

En el informe se destacan también diversos casos en los que se han contratado los servicios de contratistas privados implicados en envíos ilegales de armas para apoyar misiones de mantenimiento de la paz de la ONU y envíos de ayuda humanitaria a costa de los contribuyentes.

"Es evidente que el mosaico de regulaciones existente no puede en absoluto seguir el ritmo de crecimiento en cantidad y alcance de los intermediarios, empresas logísticas y transportistas internacionales. Esta red puede garantizar que los envíos de armas de una parte a otra del mundo lleguen puntualmente, pero con demasiada frecuencia sirve para facilitar el homicidio, violación, tortura y desplazamiento de centenares de miles de personas", ha manifestado Sergio Finardi, de TransArms.

En su informe, Amnistía Internacional formula también una serie de recomendaciones en favor de medidas enérgicas y aplicadas estrictamente para el control de las armas, basadas en leyes internacionales coherentes, entre ellas:

    Establecer de inmediato leyes, regulaciones y procedimientos administrativos nacionales para impedir que las actividades de los intermediarios, empresas logísticas y transportistas de armas faciliten la comisión de violaciones graves de derechos humanos.

    Elaborar un protocolo internacional para regular las actividades de los intermediarios y transportistas de armas de acuerdo con un conjunto común de normas éticas expuestas en una tratado internacional sobre el comercio de armas.

    Tipificar las violaciones de los embargos de armas de la ONU como delito en todos los Estados y, en el caso de las violaciones graves, como delito de jurisdicción universal

    Aumentar la ayuda de los donantes internacionales para mejorar el control aduanero y de otros organismos encargados de hacer cumplir la ley de los movimientos de cargamentos.

Servicio de Noticias 113/06 Amnesty international
http://web.amnesty.org/library/Index/ESLPOL300132006

El resumen ejecutivo del informe
Servicio rápido está disponible en:
http://web.amnesty.org/library/index/eslact300072006
El texto completo del informe
Servicio rápido está disponible en:
http://web.amnesty.org/library/index/engact300082006

Nota
Amnistía Internacional coordina, junto con Oxfam International y la Red Internacional de Acción sobre Armas Pequeñas (IANSA), la campaña "Armas bajo control", emprendida con objeto de reducir la proliferación de las armas y su uso indebido en más de un centenar de países. Véase
http://www.controlarms.org/es/index.htm


TransArms es un pequeño grupo independiente de investigación, centrado en la logística del comercio internacional de armas.


Amnesty International - La pena de muerte en 2005

Informe 2005

En 2005

  • al menos 2.148 personas fueron Ejecutadas en 22 países

  • el 94% de ellas fueron Ejecutadas en China, Irán, Arabia Saudí y EE. UU

  • se condenó a muerte, además, a 5.186 personas

A pesar de las espeluznantes cifras sobre la pena de muerte, sigue intensificándose la tendencia en favor de la abolición: el número de países que llevan a cabo ejecuciones se ha reducido en un 50 por ciento durante los últimos 20 años y ha disminuido por cuarto año consecutivo. México y Liberia son los dos ejemplos más recientes de abolición de la pena capital.

“Cuando el mundo se aparta cada vez más del uso de la pena de muerte, constituye una anomalía flagrante que Arabia Saudí, China, Estados Unidos e Irán destaquen, por el uso extremo que hacen de esta forma de castigo, como los mayores ‘verdugos’ del planeta”, Irene Khan, secretaria general de AI.

Y además hay más de 20.000 personas condenadas a muerte en todo el mundo que se encuentran a la espera de que las maten sus propios gobiernos.

Amnistía Internacional advierte que las cifras de que dispone son aproximadas debido al secretismo que rodea a la pena de muerte. Muchos gobiernos, como el de China, se niegan a publicar estadísticas oficiales completas sobre las ejecuciones, mientras que el de Vietnam ha llegado a declarar “secreto de Estado” las estadísticas e informaciones sobre la pena capital.

La pena de muerte constituye la negación máxima e irreversible de los derechos humanos. Se suele aplicar de forma discriminatoria, después de juicios injustos o por motivos políticos. Puede ser un error irreversible cuando es consecuencia de un error judicial. La campaña de Amnistía Internacional contra la pena de muerte continuará hasta su abolición en todo el mundo.

Datos y cifras sobre la pena de muerte

1. Países abolicionistas y retencionistas

Más de la mitad de los países del mundo han abolido la pena de muerte en su legislación o en la práctica.

Según la última información de que dispone Amnistía Internacional:

  • 86 países y territorios han abolido la pena de muerte para todos los delitos;

  • 11 países han abolido la pena de muerte para todos los delitos, excepto los excepcionales, como son los cometidos en tiempo de guerra;

  • 26 países pueden considerarse como abolicionistas de hecho: mantienen en su legislación la pena de muerte pero no han llevado a cabo ninguna ejecución en los últimos 10 años o más y se considera que tienen como norma de actuación o práctica establecida no llevar a efecto ninguna ejecución.

  • Esto supone que un total de 123 países han abolido la pena de muerte en su legislación o en la práctica.
    73 países y territorios retienen y aplican la pena de muerte, pero el número de países que realmente ejecutan a presos en un año determinado es mucho menor.


2. Hacia la abolición a escala mundial

Desde 1990, más de 40 países y territorios han abolido la pena de muerte para todos los delitos. Entre ellos figuran países de África (ejemplos recientes son Liberia y Costa de Marfil), América (Canadá, Paraguay y México), Asia y Oceanía (Bután, Samoa) y Europa y Asia Central (Armenia, Bosnia y Herzegovina, Chipre, Serbia y Montenegro, Turquía y Turkmenistán).

3. Iniciativas para el restablecimiento de la pena capital

Una vez que se ha abolido la pena de muerte, rara vez se restablece. Desde 1985, más de 50 países han abolido la pena de muerte en su legislación o, después de haberla abolido previamente para delitos comunes, han procedido a abolirla para todos los delitos. Durante este mismo periodo, sólo 4 países abolicionistas han restablecido la pena de muerte. Uno de ellos, Nepal, la ha vuelto a abolir de nuevo, y otro, Filipinas, reanudó las ejecuciones, pero las volvió a interrumpir posteriormente. En los otros dos no se ha llevado a cabo ejecución alguna (Gambia y Papúa Nueva Guinea).

4. Sentencias de muerte y ejecuciones

En el año 2004 fueron ejecutadas al menos 3.797 personas en 25 países, y al menos 7.395 personas fueron condenadas a muerte en 64 países. Éstas son sólo cifras mínimas; las cifras reales son sin duda más elevadas.

En el año 2004, el 97 por ciento de todas las ejecuciones de las que se tuvo noticia tuvieron lugar en China, Estados Unidos, Irán y Vietnam.

Basándose en los informes públicos disponibles, Amnistía Internacional calculaba que al menos 3.400 personas fueron ejecutadas en China durante el año, aunque se creía que las cifras reales eran mucho más elevadas. En marzo de 2004, un miembro de la Asamblea Nacional Popular china afirmó que en aquel país se ejecuta a "cerca de 10.000" personas cada año.

Se llevaron a cabo al menos 159 ejecuciones en Irán, y al menos 64 en Vietnam. Estados Unidos ejecutó a 59 personas (menos que en 2003, en que hubo 65 ejecuciones).

5. Métodos de ejecución
Desde el año 2000 se han utilizado los métodos siguientes para llevar a cabo ejecuciones:

- Decapitación (en Arabia Saudí e Irak)
- Electrocución (Estados Unidos)
- Ahorcamiento (en Egipto, Irán, Japón, Jordania, Pakistán, Singapur y otros países)
- Inyección letal (en China, Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, Tailandia)
- Fusilamiento (en Bielorrusia, China, Somalia, Taiwan, Uzbekistán, Vietnam y otros países)
- Lapidamiento (en Afganistán, Irán)

6. La aplicación de la pena de muerte a menores

Los tratados internacionales para la protección de los derechos humanos prohíben condenar a muerte o ejecutar a toda persona que fuera menor de 18 años en el momento de cometerse el delito. Tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, la Carta Africana sobre los Derechos y Bienestar del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos incluyen disposiciones a este efecto. Más de 110 países en cuya legislación todavía se establece la pena capital para al menos algunos delitos disponen de leyes que excluyen específicamente la ejecución de delincuentes menores de edad, o se espera de ellos que la excluyan, ya que son partes en alguno de los tratados anteriormente citados. Sin embargo, en un reducido número de países sigue ejecutándose a menores.

Desde 1990, hay constancia de ocho países que han ejecutado a presos que eran menores de 18 años en el momento de cometerse el delito: Arabia Saudí, China, Estados Unidos, Irán, Nigeria, Pakistán, la República Democrática del Congo y Yemen. Desde entonces, China, Pakistán y Yemen han aumentado la edad mínima a 18 años y, según los informes, Irán está en proceso de hacerlo. El país que ha llevado a cabo un mayor número de ejecuciones de menores es Estados Unidos (19 entre 1990 y 2003).

Según ha documentado Amnistía Internacional, en el año 2004 se produjeron cuatro ejecuciones de menores: una en China y tres en Irán.

Ocho menores fueron ejecutado en Irán en 2005.

7. El argumento de la disuasión

Los estudios científicos realizados no han podido nunca encontrar pruebas convincentes que demuestren que la pena capital tiene un mayor poder disuasorio frente al crimen que otros castigos. El estudio más reciente acerca de la relación entre la pena de muerte y los índices de homicidios, elaborado para la ONU en 1988 y actualizado en el año 2002, llegaba a la siguiente conclusión: "... no es prudente aceptar la hipótesis de que la pena capital tiene un mayor poder disuasorio sobre los asesinatos que la amenaza y aplicación de la cadena perpetua, pena supuestamente inferior".

(Consulten: Roger Hood, The Death Penalty: A World-wide Perspective, Oxford, Clarendon Press, tercera edición, 2002, pág. 230)

8. El efecto de la abolición sobre los índices de criminalidad

En el estudio realizado para la ONU citado anteriormente, al analizarse los datos sobre la relación entre los cambios en la aplicación de la pena de muerte y los índices de homicidio, se dice: "El hecho de que las estadísticas continúen apuntando en la misma dirección es un argumento convincente de que los países no tienen por qué temer cambios súbitos y graves en los índices de criminalidad si reducen su recurso a la pena de muerte".

Las cifras más recientes de criminalidad recopiladas en países donde no existe la pena capital no demuestran que la abolición haya producido efectos negativos. En Canadá, por ejemplo, el índice de homicidios por 100.000 habitantes descendió del nivel máximo del 3,09 alcanzado en 1975, año anterior a la abolición de la pena de muerte para el delito de asesinato, al 2,41 en 1980, y desde entonces ha descendido aún más. En 2003, 27 años después de la abolición de la pena capital, el índice de homicidios era del 1,73 por 100.000 habitantes, un 44 por ciento inferior al de 1975, y el más bajo en tres décadas.

(Consulten: Roger Hood, The Death Penalty, pág. 214)

9. Acuerdos internacionales para la abolición de la pena de muerte

Una de las novedades más importantes registradas en los últimos años ha sido la adopción de tratados internacionales mediante los que los Estados se comprometen a deshacerse de la pena capital. Actualmente son cuatro los tratados vigentes de este tipo:

  • El Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que ya han ratificado 57 Estados. Otros 7 Estados lo han firmado, lo que indica su intención de convertirse en partes en él en un futuro.

  • El Protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para Abolir la Pena de Muerte, que ha sido ratificado por ocho Estados americanos y firmado por uno.

  • El Protocolo núm. 6 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, que ya han ratificado 45 Estados europeos y han firmado 1.

  • El Protocolo núm. 13 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, que ha sido ratificado por 36 Estados europeos y firmado por otros 7.

  •  

  • El Protocolo núm. 6 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos es un acuerdo para abolir la pena capital en tiempo de paz. El Segundo Protocolo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Protocolo de la Convención Americana aspiran a la abolición total de la pena de muerte, aunque permiten a los Estados que así lo deseen mantenerla en tiempo de guerra como excepción. El Protocolo núm. 13 del Convenio Europeo establece la abolición total de la pena de muerte en cualquier circunstancia.


10. Ejecución de inocentes

Mientras siga vigente la pena de muerte, el riesgo de ejecutar a inocentes nunca podrá eliminarse por completo.

Desde 1973, más de 122 presos estadounidenses condenados a la pena capital escaparon a la muerte porque surgieron pruebas que demostraron que eran inocentes de los delitos por los que habían sido condenados. Hubo 6 de esos casos en 2004. Algunos estuvieron a punto de ser ejecutados tras pasar muchos años condenados a muerte. En todos estos casos hay varios factores que se repiten: conducta indebida por parte del ministerio público o la policía, el uso de testimonios, pruebas materiales o confesiones poco fiables, y una asistencia letrada inadecuada. Otros presos estadounidenses han sido ejecutados a pesar de existir serias dudas sobre su culpabilidad.

En enero de 2000, el entonces gobernador del estado de Illinois, George Ryan, decretó una suspensión de las ejecuciones. Tomó la decisión a raíz de producirse en el estado una nueva exoneración de un condenado a muerte al descubrirse su inocencia: era la decimotercera exoneración desde que en 1977 se reanudara en el país la pena de muerte. Durante ese mismo periodo habían sido ejecutados otros 12 presos en Illinois. En enero de 2003, el gobernador Ryan indultó a cuatro condenados a muerte y conmutó la pena capital de todos los demás condenados a muerte (167) en el estado de Illinois.

11. La pena de muerte en Estados Unidos

  • En el año 2005 se ejecutó en Estados Unidos a 60 presos, con lo que al concluir el año se elevaba a 1004 la cifra total de presos ejecutados desde que en 1977 se reanudó la pena de muerte.

  • El 1 de enero de 2006 cerca de 3.400 presos quedaron condenados a muerte.

  • Actualmente, 38 de los 50 estados de Estados Unidos mantienen en su legislación la pena de muerte. La legislación federal civil y militar también contempla la pena de muerte.

Actualizado: 25/04/06


Amnistía Internacional y la pena de muerte

Amnistía Internacional (AI) fue fundada por un abogado inglés, Peter Benenson, en mayo de 1961 con la publicación de un llamamiento en el diario londinense The Observer. La primera frase de este artículo hacía referencia al uso de la pena de muerte contra presos de conciencia: ''Abran el periódico cualquier día de la semana y descubrirán que alguien, en alguna parte del mundo, ha sido encarcelado, torturado o ejecutado porque sus opiniones o su religión resultan inaceptables para el gobierno de su país.” La oposición al uso de la pena de muerte contra los presos políticos formó parte de la visión de AI desde el principio.

Con el tiempo, la oposición de AI a la pena de muerte se amplió, pasando a incluir a cualquier persona condenada a muerte. En 1971, la Reunión del Consejo Internacional, el órgano de decisión de AI, decidió pedir a las Naciones Unidas y al Consejo de Europa que hicieran todo el esfuerzo posible para conseguir la abolición de la pena de muerte en todo el mundo. En 1977, AI convocó una conferencia internacional sobre la pena de muerte en Estocolmo. En 1989, AI organizó una campaña mundial contra la pena de muerte.

AI continúa trabajando en favor de la abolición mediante el seguimiento periódico de los acontecimientos relevantes, recopilando información en todo el mundo y organizando un programa de trabajo permanente contra la pena capital en colaboración con otras organizaciones de derechos humanos y gobiernos. En el año 2000, AI presentó, conjuntamente con la Comunidad de Sant’Egidio y la hermana Helen Prejean, del proyecto Moratoria 2000, más de tres millones de firmas al secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, en favor de la suspensión de la aplicación de la pena de muerte como un paso hacia la abolición total en todo el mundo.

"La pena de muerte es repugnante, especialmente si se condena a un inocente. Pero sigue siendo una injusticia incluso cuando recae en alguien culpable de un delito."

Comentario de Giuliano Amato, primer ministro de Italia, el 14 de septiembre de 2000, en referencia a una ejecución prevista en Virginia, Estados Unidos.


10 ottobre: GIORNATA MONDIALE CONTRO LA PENA DI MORTE


Amnesty International è membro della Coalizione Mondiale contro la pena di morte, una coalizione composta da più di 38 fra organizzazioni che si occupano della difesa dei diritti umani, associazioni di avvocati, sindacati ed enti locali, impegnati tutti insieme per l’abolizione della pena di morte nel mondo.

La Coalizione ha proclamato il 10 ottobre "Giornata mondiale contro la pena di morte" in occasione della quale, ogni anno, organizza una massiccia mobilitazione internazionale promuovendo azioni e iniziative contro la pena di morte.

Quest’anno, la Giornata mondiale sarà dedicata all’abolizione della pena di morte in Africa.

Nonostante la maggioranza degli stati africani non ricorra più all’uso della pena capitale, l’abolizione non è ancora estesa a tutto il continente.

Partecipa anche tu alla Giornata mondiale contro la pena di morte per chiedere la fine immediata dell’uso della pena di morte in Africa, firmando l’appello indirizzato ai capi di stato e ai governi africani!

L’appello chiede di:

- abolire la pena di morte nelle leggi nazionali
- ratificare il II Protocollo Opzionale del Patto Internazionale sui diritti civili e politici
- sostenere l’Unione Africana e le Nazioni Unite.

Firma l’appello nel sito della Coalizione Mondiale contro la pena di morte

Scarica l'appello e leggi la traduzione in italiano

Eventi ed iniziative organizzate in Italia

Buone notizie, settembre 2005: La Liberia ha ratificato il II Protocollo opzionale al Patto internazionale sui diritti civili e politici portando a 13 il numero dei paesi abolizionisti per tutti i crimini in Africa.

Ulteriori informazioni

La Coalizione mondiale contro la pena di morte ha scelto di dedicare la Giornata mondiale 2005 all’Africa in seguito a recenti sviluppi che indicano che il paese è ormai sulla strada verso l'abolizione.

Dei 53 stati africani, 13 sono abolizionisti per tutti i crimini (l'ultimo paese ad aver abolito la pena di morte è stato la Liberia, a settembre), 20 sono abolizionisti nella pratica (non lo sono ancora dal punto di vista legislativo  ma non eseguono condanne a morte da lungo tempo). In almeno 2 stati – Malawi e Zambia – è in vigore una moratoria. In altri 12 paesi non vi sono state esecuzioni dall’inizio del 2000. Sette paesi abolizionisti su 13 hanno ratificato il II Protocollo opzionale del Patto internazionale sui diritti civili e politici mentre altri due lo hanno firmato. Sette stati abolizionisti hanno previsto espressamente nelle rispettive costituzioni il divieto dell’uso della pena di morte. In Sudafrica la Corte costituzionale ha dichiarato la pena di morte incostituzionale.

Leggi gli altri documenti di Amnesty sulla pena di morte

Area download:

- Poster dell'evento
- Ritratti di abolizionisti
- Carta della Coalizione Mondiale contro la pena di morte
-
Volantino Giornata mondiale contro la pena di morte


gm

 


NON UCCIDETE IL FUTURO. STOP ALLE ESECUZIONI DI MINORENNI!


Negli ultimi 15 anni più di 30 persone nel mondo sono state messe a morte per reati che avevano commesso quando erano minorenni. L’imposizione della pena di morte su imputati minorenni, cioè su persone che avevano meno di 18 anni al momento del reato, è proibita dal diritto internazionale, eppure alcuni stati continuano a condannare a morte minorenni.

Tra il 1990 e i primi mesi del 2005 Amnesty International ha documentato 39 esecuzioni di minorenni in otto nazioni: Cina, Repubblica Democratica del Congo, Iran, Nigeria, Pakistan (nella foto, carcere minorile di Feisalabad Borstal, Pakistan), Arabia Saudita, Stati Uniti e Yemen. Gli Stati Uniti hanno eseguito 19 condanne a morte, più del resto del mondo messo insieme.

Esecuzioni di minorenni nel mondo, una pratica in diminuzione
Nello stesso periodo, alcuni stati hanno elevato a 18 anni l’età minima per l’applicazione della pena di morte, in conformità con il diritto internazionale. Lo Yemen e lo Zimbabwe hanno elevato l’età minima a 18 anni nel 1994, così come hanno fatto la Cina nel 1997 e il Pakistan, in quasi tutto il paese, nel 2000. In Iran, un disegno di legge per elevare a 18 anni l’età minima è stato approvato dal Parlamento alla fine del 2003 ma è ancora in attesa di essere ratificato dal Consiglio dei Guardiani.

La sentenza della Corte suprema Usa
Con una decisione storica, nel mese di marzo 2005, la Corte suprema Usa ha dichiarato incostituzionale l’applicazione della pena di morte per i minorenni all’epoca del reato, allineando in questo modo la legislazione americana con gli standard internazionali riconosciuti. Nel caso Roper v. Simmons, la Corte ha concluso che mettere a morte minorenni è contrario al consenso nazionale. Nel 1989 la Corte stessa aveva stabilito che ragazzi di 16 o 17 anni potevano essere messi a morte. Alla base della sua decisione, la Corte ha considerato, oltre all’evoluzione del consenso nazionale, il trend internazionale che abolisce tale pratica e gli appelli provenienti da organizzazioni per i diritti umani, e da organizzazioni legali e religiose.

Cina
Il 22 marzo scorso è stato pubblicato il rapporto di Amnesty International ‘Executed according to law: The death penalty in China’. L’azione, associata alla pubblicazione del rapporto, evidenzia le maggiori preoccupazioni di Amnesty sull’uso della pena di morte in Cina incluso l’elevato numero di esecuzioni, l’ampio numero di crimini punibili con la pena di morte, le numerose imperfezioni procedurali e la segretezza che circonda la pena capitale nel paese.

Parte di questa azione rientra nella campagna Non uccidete il futuro! Stop alle esecuzioni di minorenni. La principale preoccupazione riguarda il rischio che i minorenni possano continuare a essere messi a morte nonostante le leggi nazionali e internazionali lo vietino.

Nel mese di gennaio 2003 un ragazzo, Zhao Lin, è stato messo a morte all’età di 18 anni per un omicidio commesso due anni prima, quando ne aveva 16. Secondo un rapporto pubblicato a marzo 2003 nel Hebei Legal Daily, la polizia e le autorità giudiziarie erano a conoscenza che Zhao Lin era minorenne all’epoca del reato, ma la sua condanna a morte è stato comunque eseguita. Il ragazzo è stato messo a morte nella Contea di Funing, provincia di Jiangsu.

L’uso della pena di morte contro imputati minorenni, persone che avevano meno di 18 anni al momenti del reato, è proibito dall’articolo 37 della Convenzione sui diritti dell’infanzia delle Nazioni Unite. La Convenzione è stata ratificata da 192 Stati, tutti tranne la Somalia e gli Usa. La Cina ha ratificato la Convenzione il 1 aprile 1992.

La riforma del codice penale cinese è entrata in vigore nel mese di ottobre del 1997, nella riforma viene eliminata l’imposizione della pena capitale per tutte quelle persone condannate per crimini commessi in età inferiore ai 18 anni. L’articolo 49 del codice penale della Repubblica Popolare Cinese esclude dalla condanna a morte le persone minorenni (sotto i 18 anni) al momento del reato. Tuttavia, dal 1997 sembra che minorenni all’epoca del reato siano stati comunque messi a morte, in quanto le Corti non avevano preso in sufficiente considerazione la loro età.

L’azione si rivolge alle autorità nazionali e a tutte le autorità municipali, provinciali e delle ragioni autonome. Inoltre è previsto l’invio di brevi lettere ai principali giornali cinesi.

Iran
Nel dicembre 2003, il Parlamento ha approvato una proposta di legge riguardante l’istituzione di Corti speciali per i minori che rende le leggi dell’Iran conformi alle norme internazionali. La proposta di legge opera attraverso l’eliminazione degli articoli riguardanti l’esecuzione dei minorenni ed eleva a 18 anni l’età minima per poter essere condannati a morte. Attualmente la proposta di legge è in attesa della ratifica da parte del Consiglio dei Guardiani.
In Iran la pena di morte è applicata per diversi reati tra cui omicidio, stupro, rapina armata, traffico di droga, blasfemia e apostasia.


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