“CARAVANA
DE SALUD Y
RESISTENCIA CONTRA
LA REPRESIÓN Y
MARGINACIÓN DE LOS
PUEBLOS INDIOS DE
OAXACA”
Bendito momento
aquel en que un
pueblo se yergue. Ya
no es el rebaño de
lomos tostados por
el sol, ya no es la
muchedumbre sórdida
de resignados y de
sumisos, sino la
hueste de rebeldes
que se lanza a la
conquista de la
tierra ennoblecida
porque al fin la
pisan hombres.
Ricardo Flores
Magón
Los días
5 y 8 de agosto de
2007, la “Caravana
de salud y
resistencia contra
la represión y
marginación de los
pueblos indios de
Oaxaca” visitó el
pueblo de Santiago
Xanica. Promovida
por el
Colectivo Autónomo
Magonista
(CAMA) y el
Colectivo Salud
Autogestiva en
colaboración con el
Comité por la
Defensa de los
Derechos Indígenas
(CODEDI) y las
Organizaciones
Indias por los
Derechos Humanos en
Oaxaca
(OIDHO),
la iniciativa contó
con la participación
de unas cuarenta
personas, miembros
de diferentes
organizaciones
sociales, además de
algunos observadores
internacionales
procedentes de
España e Italia.
CODEDI es una
organización
integrante de la
Alianza Magonista
Zapatista (AMZ), de
la Coordinadora
Oaxaqueña Magonista
Popular
Antineoliberal (COMPA),
adherente a la
Otra Campaña y
también fundadora de
la Asamblea
Popular de los
Pueblos de Oaxaca
(APPO).
Xanica es una
comunidad indígena
que como muchas
otras en México
sufre el acoso de
los poderes locales
y federales,
particularmente
desde 1998, cuando
inicia un proceso de
lucha para recuperar
sus formas
tradicionales de
gobierno. Desde
entonces, ha sido
sitiada por el
ejército federal y
la policía estatal
(ministerial y
preventiva) mientras
que sus habitantes
han sido objeto de
toda clase de
atropellos y
violaciones a los
derechos humanos.
Con el objetivo de
aliviar la presión
ejercida por las
autoridades contra
CODEDI y teniendo
como base el apoyo
mutuo, la
solidaridad, el
respeto y la
fraternidad, la
Caravana llevó a
cabo consultas
medicas, entrega de
libros
autoproducidos por
el colectivo
“Hormiga libertaria”
y una variedad de
talleres sobre salud
reproductiva,
sexualidad, cultura,
recreación y
derechos humanos. A
nuestra llegada
fuimos recibidos por
la banda del pueblo
y durante tres días
intercambiamos
puntos de vista e
impresiones en una
atmósfera de
solidaridad y
trabajo intenso.
Una delegación de la
caravana se
entrevistó
en el penal de
Pochutla
con
Abraham Ramírez
Vázquez y los
hermanos Juventino y
Noel García Cruz,
todos injustamente
acusados de
homicidio, secuestro
y lesiones
calificadas y
detenidos desde
enero 2005.
Lo que sigue es un
resumen de los
testimonios
recabados los días
6, 7 y 8 de agosto
en el contexto del
taller sobre
derechos humanos.
Marginación y
despojo
Entre
los 16° 00’ de
latitud norte y los
96° 13’ de longitud
oeste, a una altura
de 1,240 metros
sobre el nivel del
mar, se encuentra
Santiago Xanica,
pueblo zapoteco
arrinconado en las
escarpadas laderas
de la Sierra Sur de
Oaxaca. El clima es
templado, la
vegetación lujuriosa
y,
de acuerdo al
Segundo Conteo de
Población y Vivienda
realizado en el
2005, el municipio
cuenta con un total
de 2,829 habitantes
de los cuales por lo
menos la mitad
residen fuera de la
comunidad. La
principal vía de
acceso es la
precaria brecha que,
arrancando de Santa
María Huatulco,
llega a la comunidad
después de un
fatigoso viaje de
duración variable,
pero no inferior a
las dos horas.
Narra César Luís
Díaz -consejal de
APPO por la región
Costa, fundador del
CODEDI y ex preso
político- que los
primeros moradores
de Xanica –del
zapoteco xa-ni-ca
“lugar debajo de la
piedra”-
llegaron a la
región hacia
finales del siglo
XVIII, procedentes
de Mitla, en los
valles centrales. En
un primer momento,
se establecieron en
el lugar conocido
como “El sitio del
templo” –dos
kilómetros cuesta
arriba- para, unas
décadas después,
trasladarse a la
actual ubicación.
César explica que un
documento virreinal
conocido como
“Título de Xanica”,
asignaba a la
comunidad la vasta
región que desde la
Sierra se extiende
hasta las bahías de
lo que hoy es la
región turística de
Huatulco. Sin
embargo, con el paso
del tiempo, la
comunidad fue
paulatinamente
despojada de ese
territorio y
reducida a la actual
superficie de
unos180 kilómetros
cuadrados.
Hoy, la única
relación que los
habitantes de Xanica
tienen con Huatulco
es la explotación
que padecen
trabajando en casas
particulares,
restaurantes y
hoteles que emplean
aproximadamente a un
treinta por ciento
de la población
económicamente
activa. Un treinta
por ciento más se
dedica a actividades
agrícolas, mientras
que los demás
trabajan fuera de la
comunidad ya sea en
México, Oaxaca o
Estados Unidos.
Los principales
cultivos son maíz,
frijol y chile para
autoconsumo. Desde
la década 1930, se
introdujo el café
como cultivo
comercial y,
más o menos en la
misma época,
desapareció la
propiedad comunal. “La
tierra es lo
principal para un
pueblo indígena. Con
la introducción de
la pequeña
propiedad, muchos
perdieron sus
parcelas por
desconocer las leyes
y el idioma
español”, explica
Abel Ramírez
Vázquez, hermano de
Abraham y también
integrante de CODEDI.
“Además, la gente se
volvió un poco
individualista”,
observa César con
cierta amargura.
“Sin embargo, añade,
el tequio se
mantuvo vigente
hasta bien entrados
los noventa y
estamos trabajando
para revivirlo”.
En la actualidad, la
riqueza principal de
la comunidad es el
agua, abundante en
la sierra, pero
escasa en la costa.
Los hoteleros de
Huatulco pretenden
entubar las aguas
del río Copalita y
de su tributario, el
San Jerónimo, ambos
situados en la
jurisdicción de la
comunidad. “Ahora
mismo, están
llevando a cabo
nuevas mediciones
para traer agua de
más arriba, algo que
no podemos permitir
porque afectaría aun
más a nuestros
recursos. Por si
fuera poco, los
hoteleros también
contaminan los ríos
paseando a los
turistas en lanchas
de motor”, explica
César.
“Otra riqueza
importante son las
plantas medicinales,
muy codiciadas por
la industria
farmacéutica
nacional e
internacional entre
las que destaca el
botonchihuite, una
hierba que se emplea
para curar la
disentería y el
paludismo”.
Recientemente, el
gobernador Ulises
Ruiz realizó sendas
visitas a la
comunidad acompañado
por empresarios del
sector, lo cual
apunta a un renovado
interés en el rubro
de la biopiratería,
última frontera del
capitalismo
posmoderno.
Por otra parte,
Xanica posee
importantes
yacimientos de
uranio, mismos que,
aun cuando en la
actualidad no se
encuentran
explotados, la
convierten en lugar
estratégico tanto
para la iniciativa
privada como para el
estado.
Entre la agresión y
el olvido
Durante
mucho tiempo, la
comunidad permaneció
relativamente
aislada, siempre en
aprietos, pero sin
padecer graves
conflictos. “En los
años cincuenta del
siglo pasado, hubo
problemas similares
a los de ahorita”,
comenta Abel. “Con
el auge del café, se
establecieron
negocios de gente
proveniente de la
cabecera de
Miahuatlán que
pronto intentaron
imponer a sus
propias autoridades
sobreponiéndose al
marco tradicional de
usos y costumbres.
Entonces estaba muy
viva la tradición de
la asamblea
comunitaria. Sin
embargo, el consejo
de ancianos se
opuso, se organizó
la resistencia y
llegó el ejército.
Hubo muertos en
ambos bandos y unos
paisanos estuvieron
en la cárcel porque
mataron a un
militar. Pero, al
final, los fuereños
tuvieron que irse”.
Xanica ganó aquella
batalla sustrayéndos
un rato más al
abrazo mortal de la
sociedad nacional.
Esto se debe a que,
aun cuando ya no
existía la propiedad
colectiva, la
comunidad se regía
por una suerte de
autogobierno, de
hecho, si no de
derecho. Los
candidatos a la
alcaldía y a los
puestos del cabildo
quedaban
automáticamente
inscritos en las
listas del Partido
Revolucionario
Institucional (PRI),
pero en realidad el
municipio se
gobernaba a sí mismo
según el tradicional
sistema de cargos.
Como en otras
partes, esta
estructura
organizativa
articulaba procesos
políticos, sociales,
económicos,
religiosos y étnicos
de manera
autogestiva. La
autoridad máxima era
la asamblea general
que poseía la
facultad de otorgar
el poder a las
personas nombradas
para dar su servicio
anual. Poco a poco,
estas iban
ascendiendo según
los servicios
prestados y la
aprobación de que
gozaban en la
comunidad, hasta
desempeñar el cargo
de presidente
municipal.
El 4 de junio de
1998, el Congreso
del estado de Oaxaca
acordó una reforma
constitucional que
otorgaba a los
pueblos indígenas la
facultad de elegir
sus autoridades
según el sistema
llamado de “usos y
costumbres”, es
decir directamente a
partir de la
asamblea del pueblo
y sin la mediación
de los partidos
políticos que
prevalece a nivel
federal.
La reforma no hizo
más que legalizar
una situación de
hecho. Parecía una
victoria, pero no
fue así. “Es una
paradoja –nos dice
César- que en Xanica
la tan cacareada
legalización del
sistema por «usos y
costumbres» haya
coincidido con la
llegada masiva de
los partidos
políticos nacionales
(PAN y PRD, además
de PRI) y una nueva
ofensiva contra
nuestra comunidad”.
A partir de
entonces, se fue
perdiendo el tequio
ya que los partidos
prometían meter
maquinaria para
arreglar los
problemas de la
comunidad (por
ejemplo lo caminos y
los espacios
públicos) a cambio
de lealtad
incondicional.
A este proceso de
naturaleza más bien
política se sumó el
auge del proyecto
turístico Bahías de
Huatulco, inaugurado
a mediados de los
ochenta en una
región en donde
se asentaban
alrededor de 70,000
personas
pertenecientes a
diferentes grupos
indígenas. El
megaproyecto provocó
un ciclo pernicioso
de especulación e
inversión que
aceleró el proceso
de polarización
social, marginando a
la población local y
aumentando las
tensiones en toda la
región.
Así las cosas, la
ley indígena acabó
siendo una
simulación. “En el
papel, insiste Abel,
tal pareciera que
Oaxaca está más
avanzado con
respecto a los
derechos indígenas,
pero la verdad es
que las reformas
sólo sirvieron para
que el ex-gobernador
priista
Diódoro Carrasco
(hoy diputado del
PAN, nda) se
lavara la
conciencia. La ley
indígena se mira muy
bonita, pero en el
fondo es pura
propaganda porque
resulta que ahora
los derechos son
menos respetados que
antes. No nos dejan
desarrollar nuestra
cultura, nuestro
idioma, nuestra
forma de trabajar
colectivamente”.
La senda de la
autonomía
La
situación empeoró en
diciembre de 1998
cuando se celebraron
elecciones para la
presidencia
municipal. Por
primera vez se
votaba bajo la nueva
ley de “usos y
costumbres” y ganó
Alejandro Díaz
Ramírez, una persona
cercana al pueblo.
Sin embargo, el
primero de enero de
1999, el nuevo
gobernador, José
Murat, impuso a un
allegado suyo, Juan
Cruz López,
aduciendo que la
asamblea se había
llevado a cabo de
manera ilegal.
Una parte de la
comunidad se
inconformó y es así
como nació el CODEDI,
animado desde un
principio por los
hermanos Ramírez
Vázquez, Gerardo
Froylán González
Cruz y César Luís
Díaz. Ninguno de
ellos tenía
militancia previa en
partidos políticos:
Froylán había tenido
alguna participación
anterior en OIDHO,
mientras que Abraham
y César habían sido
instructores de
Consejo Nacional de
Fomento Educativo,
CONAFE. Empezaba
así un largo proceso
de lucha para
devolver el poder a
la asamblea del
pueblo y rescatar el
auténtico sentido de
los “usos y
costumbres”.
Es de enfatizar el
papel que asumieron
las mujeres al
emprender un
importante proceso
de concientización
de sus propios
derechos que las
llevó a cuestionar
el machismo. En
palabras de Carolina
Cruz García:
“si un hombre
lastima a su esposa
no podemos callar.”
El 5 de septiembre
de 1999, el pueblo
de Xanica tomó el
palacio municipal
estableciendo un
ayuntamiento popular
y expulsando a Juan
Cruz quien, en
adelante,
despacharía en su
domicilio particular
y sin la mejor
legitimidad. Empezó,
al mismo tiempo, el
sitio de la
comunidad por parte
del ejército federal
y la policía
estatal. El gobierno
intentó vincular a
los militantes del
CODEDI con el
Ejército Popular
Revolucionario (EPR),
organización
guerrillera
que el 28 de agosto
de 1996 había
atacado el cuartel
de los marinos de la
VI Región Naval
Militar en La
Crucecita, Huatulco,
dejando un saldo 12
muertos.
Con todo y esto, el
ayuntamiento popular
logró una aceptación
tal que Murat tuvo
que negociar. “En
mayo de 2001
–explica Froylán-
llegamos a un
acuerdo: el
ayuntamiento
renunciaría y
entregaría el
gobierno a cambio de
celebrar nuevas
elecciones en tres
meses en las que se
respetara el
veredicto de la
asamblea”. Así se
hizo y nuevamente
ganó la elección
Alejandro Díaz
Ramírez. Esta vez,
Murat no tuvo más
remedio que
reconocerlo
legalmente y su
periodo transcurrió
sin problemas ni
violencia.
“La gestión de
Alejandro fue
altamente positiva”,
explica Froylán.
“Transparentó las
cuentas públicas y
disminuyó su sueldo
a 50 pesos diarios
(en lugar de 5000
mensuales) ganando
igual que los
topiles, para
recalcar la función
de servicio que
tienen los cargos
públicos.
Además, abrió una
farmacia comunitaria
y gestionó con el
gobierno del estado
los fondos para la
construcción de una
biblioteca, un
centro de computo
comunitario y una
preescolar. Lo mas
importante es que
impulsó el rescate
del tequio.
Asimismo, la
asamblea comunitaria
decidió que para
elegirse, un
Presidente Municipal
debe cumplir primero
con 4 años de
servicio a la
comunidad como parte
del ayuntamiento”.
En agosto de 2004,
nuevamente se
celebraron
elecciones por usos
y costumbres, pero
otra vez el gobierno
del estado hizo
triquiñuelas al
imponer al actual
presidente, Sergio
García Cruz. Además
de tener
antecedentes
penales, este sujeto
no cumplía con los
requisitos de la
asamblea. A la
postre, lo
sostuvieron los tres
partidos
mayoritarios
nacionales:
Revolucionario
Institucional (PRI),
de la Revolución
Democrática (PRD) y
de Acción Nacional
(PAN). Hay
que recalcar que
este proceso
coincidió a nivel
estatal con la
elección y toma de
posesión del nuevo
gobernador, Ulises
Ruiz Ortiz (URO)
quien, como es
sabido, llegó al
poder mediante un
fraude.
La pesadilla de
Abraham, Noel y
Juventino
La
imposición de García
Cruz fue el primer
acto de gobierno de
URO y una
anticipación de lo
que vendría después
a nivel estatal. En
diciembre de 2004,
al empezar su
gestión el
gobernador espurio y
en vísperas de la
toma de posesión de
García Cruz, una vez
más el ejército
federal sitió la
comunidad con el
pretexto de buscar
marihuana y
amapola. Pronto, se
instalaron también
la policía
ministerial y
preventiva.
La tensión subió y,
a partir del primero
de enero de 2005, el
CODEDI optó por no
cumplir con los
servicios
comunitarios, ni
asistir a los
tequios convocados
por García Cruz. El
15 de enero, convocó
a su propio tequio
para apoyar a una
viuda que necesitaba
arreglar su casa.
Ese día -que la
comunidad no
olvidará por largo
tiempo- empezaron
las tribulaciones de
Abraham, Noel y
Juventino.
He aquí la
reconstrucción de
Abel:
“Hacia las diez de
la mañana, mientras
descargábamos un
camión de ladrillos,
llegó una patrulla
de la policía.
Debido a que el
camino es muy
estrecho, cabía un
solo carro. Se les
pidió esperar unos
minutos, pues
estábamos por
terminar, pero los
agentes no
entendieron razón y
pidieron refuerzos a
las dos patrullas
que se hallaban en
la presidencia.
Cuando estas
llegaron,
comprendimos que
tenían la
instrucción de armar
un pleito. Abraham
intentó dialogar con
ellos, pero los
agentes cortaron
cartuchos y uno le
colocó el rifle en
el estómago. Al
intentar apartarlo,
el compañero recibió
un disparo en la
pierna desplomándose
en el acto. Los
compañeros
respondieron
aventando los
ladrillos que tenían
en la mano. En la
trifulca, Juventino
y Noel también
resultaron
lastimados, aunque
no tan gravemente.
Al cabo de unos
veinte minutos de
combate, la policía
se retiró hacia
Huatulco. Nosotros
llevamos a Abraham,
Noel y Juventino a
la clínica del
pueblo en donde les
pusieron suero y les
dieron unas
pastillas, pero
Abraham necesitaba
de un cuidado
intensivo, pues se
hallaba herido de
gravedad. Después de
varios intentos
fallidos, ya en la
noche, logramos que
una ambulancia se
llevara a los
heridos. Los
acompañaba Alejandro
Díaz Cruz (hijo del
ex presidente
municipal) pero, a
medio kilómetro, la
interceptó un retén
de la policía. Sin
la menor
consideración por su
estado, los agentes
arrojaron a Abraham
a un coche y se
encaminaron hacia
Huatulco tardando
muchas horas pues se
pararon a cenar. Así
que nuestro hermano
no recibió atención
médica durante 36
horas corriendo el
riesgo de
desangrarse o de
perder la pierna. A
Alejandro también lo
torturaron”.
Hay más. La
comunidad entera fue
humillada. Los
policías se metieron
a casas
particulares sin
orden de cateo
robando pertenencias
y encañonando a
todos, incluso a los
niños. Angelina
Jerónimo García
denuncia: “usaron mi
mantel para
limpiarse del baño.
Se llevaron ollas,
manteles y dinero en
efectivo”.
“En el mismo momento
en que librábamos el
enfrentamiento
–añade Celerino
Jaime Martínez
López-, un policía
era asesinado en
otro paraje del
pueblo. Nunca
supimos por qué, ni
cómo, pero
sospechamos que fue
un crimen
sembrado, pues
se lo adjudicaron a
Abraham, Noel y
Juventino. En
realidad, es
materialmente
imposible que ellos
sean los culpables
porque no se puede
estar en dos lugares
al mismo tiempo”.
Las otras dos
acusaciones
-secuestro y
lesiones
calificadas- se
reducen a la
ocupación de
oficinas
gubernamentales en
Oaxaca ocurrida años
atrás. Cabe añadir
que ese mismo delito
se le imputa
sistemáticamente a
los activistas de la
APPO que el gobierno
quiere detener.
Para los presos,
mientras tanto,
seguía la pesadilla.
En Pochutla, unos
“médicos”
dictaminaron que
había que cortarle
la pierna a Abraham.
“Por suerte –sigue
Abel- la COMPA tiene
presencia en la
región. Ellos se
movilizaron y
lograron que el
compañero fuera
trasladado a un
hospital de Oaxaca
en avioneta,
custodiado por la
policía. Noel y
Juventino, que no
estaban graves,
fueron llevados en
ambulancia sufriendo
en el trayecto toda
clase de vejaciones.
Al llegar al
hospital, Abraham
permaneció dos meses
encadenado a su cama
con dos policías que
lo controlaban día y
noche”.
Todavía
convalecientes, Noel
y Juventino fueron
traslados al penal
de Ixcotel donde
serían alcanzados
por Abraham que,
afortunadamente, se
recuperó de la
herida y salvó su
pierna.
Sucesivamente, los
tres fueron llevados
al penal de Pochutla
en donde siguen
presos. “No pudimos
visitarlos durante
varias semanas”,
añade Ángela Vázquez
García, madre de
Abraham. “Para
lograr su
liberación,
intentamos todas las
vías”, concluye
Abel. “No podíamos
acudir a la Comisión
Estatal de Derechos
Humanos porque
estaba controlada
por la gente de
Ulises, pero hicimos
una denuncia a la
Comisión Nacional (CNDH).
Nadie nos hizo caso.
En 2005, hicimos un
plantón de 3 meses
en la ciudad del
México. En 2006, nos
integramos al
plantón magisterial
y somos fundadores
de APPO”.
Rehenes de URO
Lo que
pasó en Xanica es
una muestra de la
situación de
injusticia,
discriminación y
opresión que viven
las comunidades
indígenas México. El
estado saquea sus
recursos naturales
(especialmente agua
y biodiversidad) y
reprime sus formas
de organización
porque remiten a una
sociabilidad
considerada
incompatible con los
valores dominantes.
El CODEDI surgió
ante la necesidad de
defender el derecho
a elegir las
autoridades por
“usos y costumbres”,
preservar el entorno
ecológico y
protegerse de los
abusos de los
caciques. La
respuesta de los
gobiernos estatal y
federal fue
sangrienta. Durante
seis meses, entre
enero y agosto de
2005, Xanica
permaneció sitiada
por cientos de
elementos del
ejército federal y
diferentes
corporaciones
policiales del
estado. Los
campesinos, tenían
que pasar retenes en
donde se les exigía
una identificación y
a veces se les
encañonaba: “¿por
qué sales tan
temprano? ¿Por qué
regresas tarde? ¿Con
quién fuiste? ¿A
dónde?” Incluso les
quitaban su
instrumento de
trabajo, el machete,
por considerarlo “un
arma (¡!)”.
La situación
jurídica de Abraham,
Noel y Juventino
proporciona un
paradigma del uso
faccioso de la ley
que impera en el
país. La ilegalidad
de su detención y
las injusticias de
que han sido objeto
queda como un trauma
que marca la vida de
la comunidad y
vuelve una y otra
vez en los
testimonios que
recogimos. Es claro
que, al no poderse
comprobar las
acusaciones, los
tres compañeros
permanecen en
calidad de rehenes,
como sucede también
con los presos de
Atenco y de la APPO.
“Nosotros somos un
estorbo porque
nuestra comunidad se
encuentra cerca de
una región
turística” nos dijo
Abraham en el curso
de la breve visita
que le hicimos en el
penal de Pochutla.
La situación
económica de los
presos es, por
demás, lamentable.
Por falta de
recursos, la esposa
de Abraham, Graciela
Merced Cruz, vive en
el penal con sus
tres hijos
sosteniéndose
vendiendo los
llaveros que
elaboran los tres
compañeros. “Los
policías me amenazan
continuamente”, nos
reportó. Cristóbal
–avispado hijo de
Abraham y Graciela-
cuenta: “hace unos
días agarraron a mi
papá en frente de mí
y de mis hermanos y
lo metieron
a una celda de
castigo que mide 3 x
3 metros con 10
otros presos”.
Mientras tanto,
continúa el estado
de sitio, aunque de
manera un poco más
discreta. Al llevar
a cabo las consultas
médicas, los
compañeros de
Salud autogestiva
detectaron traumas
sicológicos entre
los niños de Xanica
a causa de la
violencia de que
fueron testigos.
“Cuando vino la
caravana de La Otra
Campaña –reporta
Sergio Ramírez
Vázquez- los
policías nos
impidieron pegar
carteles. Yo les
dije: soy de aquí;
tengo el derecho.
Como respuesta, me
torturaron
colgándome durante 3
horas al barandal de
la iglesia”.
Carolina Cruz García
reporta ser objeto
de hostigamiento
constante por parte
de las autoridades
municipales. Además,
cuando sale a Oaxaca
la siguen personas
desconocidas. “Es
una guerra
sicológica”, nos
dice. “En el pueblo,
hay un policía en el
café de internet
plantado ahí para
ver cuáles páginas
visitamos. Repetidas
veces, he recibido
amenazas por
internet. Quieren
intimidarme para que
renuncie”.
Hace algunos meses,
César fue
secuestrado por
paramilitares del
PRI que lo colgaron
en el plaza de
Xanica y sólo la
intervención de las
mujeres y niños del
pueblo lo salvó de
morir ahorcado. El
18 de junio, fue
detenido por la
policía preventiva y
torturado durante el
traslado a Huatulco.
Para justificar la
detención, le
sembraron una
pistola acusándolo
falsamente de los
delitos de homicidio
calificado, amenazas
y resistencia a
particulares. El 26,
obtuvo su libertad
mediante el pago de
una fianza de 30 mil
pesos que aportaron
organizaciones
solidarias. “Es una
venganza política
porque somos parte
de la APPO y nos
mantenemos firmes
con nuestra lucha
política en contra
del régimen represor
de Ulises Ruiz
Ortiz”, concluye
César.
Por si fuera poco,
la procuraduría del
estado acaba de
emitir 8 nuevas
órdenes de aprensión
contra otros tantos
activistas. Los
crímenes imputados
son los de siempre:
despojo, secuestro,
uso de armas
exclusivas del
ejército, etc.
Evidentemente, no
hay nada de esto y
las acusaciones
únicamente sirven
como chantaje e
instrumento de
presión.
En conclusión, los
testimonios
recogidos pintan un
cuadro sumamente
preocupante. La
comunidad está
dividida. El aspecto
más grave es la
escalada de
violencia propiciada
por las propias
autoridades al
emplear la ley de
manera discrecional.
Así las cosas,
nuestra Caravana
considera necesario
que se multipliquen
las visitas de
organizaciones
humanitarias y de
derechos humanos. Es
muy importante
garantizar un
acompañamiento el 26
de agosto próximo,
día en que se
celebran las
elecciones
municipales por
“usos y costumbres”.
Los paramilitares y
las fuerzas
represivas tienen
que saber que el
CODEDI no está solo.
Únicamente la
solidaridad nacional
e internacional
puede lograr la
liberación de los
presos políticos y
evitar que la
violencia regrese a
Xanica.
Santiago Xanica, 6,7
y 8 de agosto de
2007.
(Testimonios de
Abraham, Abel y
Sergio Ramírez
Vázquez, Cristóbal
Ramírez Cruz, César
Luís Díaz, Carolina
García Cruz,
Froylán González
Cruz, Gildardo
García Martínez,
Celerino Jaime
Martínez López,
Galino Castro
Hernández, Esther
Morales Acevedo,
Angelina Jerónimo
García, Ángela
Vázquez García,
Telésfora Cruz Cruz,
Graciela Merced
Cruz.
Síntesis y redacción
a cargo de Claudio
Albertani
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