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Claudio Albertani
En
todas partes, los ciudadanos se dejan engañar por políticos corruptos,
encuestadoras tramposas y medios de comunicación vendidos.
La creencia en la omnipotencia y omnisciencia de las instituciones
oficiales siempre fue el fundamento de la dominación, como bien sugirió Etienne
de la Boétie hace casi quinientos años.
Hoy este mecanismo se
encuentra implementado por el uso masivo de la desinformación. Descubrimiento de
los regimenes totalitarios, la desinformación es mucho más que el engaño: es el
uso alterno de la verdad y de la mentira al servicio de la sociedad dominante.
Acontecimientos recientes en
México y en el mundo comprueban, sin embargo, que el mecanismo puede fallar.
Cuando, por ejemplo, los dueños del poder se vuelven demasiado voraces
perjudican sus propios intereses y provocan reacciones imprevistas.
También sucede que las clases
subordinadas se cuestionan a sí mismas y, de repente, se muestran dispuestas a
emprender una actividad política autónoma. De un día para otro, quienes suelen
obedecer con agrado y devoción ya no creen en las instituciones establecidas y
perciben no sólo la nocividad de los poderosos, sino también la insensatez de
someterse.
El fenómeno es universal.
Puede variar el grado de corrupción del poder, el temperamento más o menos dócil
del pueblo, su historia, ubicación geográfica y capacidad de comunicación, pero,
tarde o temprano, llega el momento en que los seres humanos dejan de obedecer.
Todo lo que antes se consideraba normal se vuelve entonces absurdo, lo imposible
posible y lo deseable indeseable.
Inversión de perspectiva
Frente a una
asombrosa multiplicación de conflictos sociales, la pregunta es: ¿ha llegado ese
momento en México? Aunque la percepción es que vivimos un parteagua, ahora mismo
nadie tiene respuestas certeras. Un sobresalto de dignidad sacude al país y la
fecundidad de lo imprevisto rebasa, con mucho, la capacidad de análisis de los
expertos.
En Oaxaca, desde
hace meses, existe un abierto enfrentamiento entre dos poderes, el de la
Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) –integrada por maestros disidentes,
trabajadores de la ciudad y el campo, y organizaciones democráticas- y el
oficial. Originada en la capital del Estado, la rebelión se ha extendido a
decenas de comunidades indígenas de la sierra y del istmo. Además de
transparencia y rendición de cuentas, los insurgentes oaxaqueños exigen
autonomía y democracia participativa.
En el Distrito Federal,
millones de personas se han volcado a las calles en repudio al fraude electoral.
La soberbia del gobierno, la codicia de los empresarios, la descarada actuación
de los medios de comunicación, los abusos del IFE y la corrupción de la
magistratura –¿quién cree en los jueces después del vergonzoso fallo a favor de
la usurpación?-, desembocaron en la crisis más profunda que sufre el país desde
1994.
Una crisis que no es
únicamente política, sino también social e institucional. Sin que nadie lo
previera, el proceso electoral se convirtió en el detonador de un movimiento
social de naturaleza masiva que lo mismo puede resultar efímero que consolidarse
y cambiar la naturaleza de la política mexicana en los próximos años.
En esta situación muy
compleja, los viejos marcos teóricos no aplican. Resulta obsoleta, por ejemplo,
la disyuntiva entre reforma y revolución. El movimiento de
resistencia
civil pacífica no se expresa en una ideología, sino en una actitud colectiva de
rechazo ante las injusticias sufridas. Al mismo tiempo, si crece, puede cuajar
en un poderoso impulso para lograr una transformación radical de la sociedad.
Las paradojas están a la
vista. Una izquierda desacreditada y acostumbrada a todos los compromisos -hasta
los más vergonzosos- se encuentra a la cabeza de un poderoso movimiento social
que puede convertirse en la vía maestra para la recomposición de la lucha
anticapitalista en México. Personajes siniestros que impulsaron la
contrainsurgencia en Chiapas, votaron la contrarreforma a la ley indígena y, más
recientemente, la obscena ley Televisa, ahora promueven la Convención Nacional
Democrática (a celebrarse el 16 de septiembre de 2006), iniciativa que retoma el
proyecto neozapatista del 94 y muchas de las actuales propuestas de la Otra
campaña (por ejemplo, la de hacer una nueva Constitución).
Por otro lado, los zapatistas
que -con mucha razón- buscan nuevas formas de hacer
política
muestran un incomprensible desden por los andares de la “señora sociedad civil”.
Tiene razón Edgar Sánchez cuando señala que no basta con decir que el
fraude es inmoral, pero no participar en la lucha contra la usurpación.
Criticar –acertadamente- a la democracia representativa no implica aceptar que
sea remplazada por una nueva forma del Estado
autoritario.
Lo cierto es que las dos
campañas -la oficial y la Otra- quedaron atrás. A partir del 5 de septiembre,
día en que Felipe Calderón fue tramposamente proclamado presidente electo, este
ya no es un conflicto post-electoral. Se perfila un enfrentamiento de gran
envergadura entre una izquierda social amplia –que de ninguna manera se reduce
al PRD- y una derecha depredadora aliada con el gran capital, los poderes
mediáticos y los sectores más reaccionarios de la iglesia.
Producto de las
sedimentaciones, los agravios y las enseñanzas de los años pasados, el
movimiento que surgió no es propiedad privada de nadie. En la medida en que
desconoce el poder oficial y plantea la necesidad de renovar y
transformar las instituciones existentes, el
programa en cinco puntos presentado por Andrés Manuel López Obrador merece ser
sostenido.
Es urgente encontrar
mecanismos que favorezcan la incorporación de los compañeros de la Otra Campaña
y del EZLN. No hay razones de peso para que no se sumen a la lucha: los agravios
de que fueron objeto son reales, pero no son responsabilidad de los que -también
“abajo y a la izquierda”- compartimos gran parte o la totalidad de los anhelos
zapatistas. Radicalizar la agenda del movimiento, depende de la creatividad de
quienes defendemos una opción no partidaria.
Como los zapatistas, muchos
percibimos la urgencia de cambiar la actual forma de gobierno, sostenida en la
violencia, la manipulación y el cálculo. Como los zapatistas, muchos luchamos
por una sociedad en donde las divergencias entre individuos y grupos se
resuelvan de una manera tal que no desemboquen en la destrucción mutua, sino en
la mutua regeneración. Como los zapatistas, muchos queremos un mundo libre de la
tiranía de la ganancia que abra paso a los deseos y pasiones de los individuos y
de las colectividades. Esto implica echar los cimientos de una organización
radicalmente nueva y plural que nos permita retomar el control sobre nuestras
vidas y emprender el camino hacia la autogestión generalizada.
México piquetero
Pase lo que pase, el
plantón del Centro Histórico dejó en claro que el movimiento rebasó el ámbito de
la indignación estéril. La vida cotidiana funcionó bien en los 47 campamentos
ubicados entre el zócalo y el periférico. Aun cuando recibieron apoyo del
gobierno local, éstos fueron, en gran parte, autogestionados: las decisiones se
tomaban todos los días en las asambleas de cada agrupación participante.
Sin que nadie lo esperara, se
volvieron a activar las antiguas redes de solidaridad popular que sesudos
sociólogos daban por enterradas. Los aparatos clientelares de los partidos de la
coalición ejercieron presión pero no pudieron controlar todas las iniciativas
populares que se desplegaban en un sinnúmero de actividades independientes en
donde destaca la participación de mujeres, niños y ancianos.
Durante 45 días, la
imaginación, el arte y la poesía invadieron el corazón de la ciudad-monstruo.
Cientos de actividades culturales que incluyen conferencias, foros, funciones de
teatro, de danza, exposiciones de pintura, conciertos (desde ska a clásico
pasando por todas la variaciones del rock, blues, música ranchera, danzón y
corridos) y una biblioteca volante son indicios de que hubo una auténtica
explosión de creatividad popular, además de una recia voluntad de lucha.
Personas que nunca antes se
habían atrevido a tomar la palabra en un evento público, descubrieron el gusto
de la participación y la comunicación colectiva. Calles antaño infernales se
convirtieron en espacios públicos humanizados,
embriones, por así decirlo, de un nuevo urbanismo. Entre muchas
propuestas para mejorar la vida metropolitana, está la de convertir el centro en
zona peatonal, renombrando el Paseo de la Reforma, Paseo de la Democracia.
Decenas, tal vez, cientos de
miles de personas participaron de una u otra manera en el plantón. ¿Quiénes son?
En primer lugar, integrantes de las clases más pobres, especialmente -aunque no
exclusivamente- urbanas. A esas se añaden, amplios sectores de las clases
medias, pequeños comerciantes, campesinos, indígenas, intelectuales, artistas y
estudiantes. Todos juntos integran un sujeto político múltiple y diverso que es
el protagonista principal del movimiento. Todos juntos dieron vida a una suerte
de ágora cuyo principal cometido es la libre discusión, es decir la democracia.
En una de las metrópolis más
violentas del mundo, no se registraron robos ni agresiones. No se pintó una
pared, ni se rompió un vidrio. El plantón fue durante seis semanas la zona más
segura de la ciudad y lejos de impedir la libre circulación de las personas, la
estimuló, pues abrió la posibilidad de encuentros antes impensables.
A pesar de la desinformación,
la noticia se propagó lenta pero firmemente. Al atardecer, muchos capitalinos
acudían al plantón con el único propósito de admirar las últimas creaciones
artísticas, escuchar y ser escuchados, descubrir amigos viejos y nuevos.
Llegaban también personas procedentes de otros estados y era común toparse con
visitantes extranjeros.
La experiencia
del plantón indica que México se está ubicando
en la misma senda de otros países latinoamericanos.
El recuerdo de los piqueteros argentinos expulsando a
varios gobernantes es muy fresco y no extraña
que el gobierno, la patronal y los medios de comunicación se sientan amenazados.
Entre el 14 de
agosto y el primero de septiembre, militares pertenecientes a la sexta Brigada
Ligera del Ejército, elementos del Estado Mayor Presidencial y de la Policía
Federal Preventiva, provistos de toletes, escudos, armas, tanquetas e
instrumentos de asalto ocuparon militarmente las calles aledañas al Palacio
Legislativo de San Lázaro, situado en el extremo opuesto del Centro Histórico.
¿Qué pretendían? Resguardar a Vicente Fox en el día de su informe presidencial
(mismo que no pudo presentar ante la ruidosa oposición de los diputados del PRD),
pero, sobre todo, lanzar una amenaza.
Y es que, al parecer, los
estrategas de la contrainsurgencia contemplan dos escenarios. El primero es que
el movimiento se desgaste sólo y que la gente opte por desmovilizarse, como
sucedió en 1988, en ocasión de otro fraude descomunal. Si la opción falla,
intentarán llevarnos a escenarios extremos de violencia para mostrar a la nación
la insensatez de toda resistencia.
En esta situación, la mejor
opción es generalizar el espíritu combativo y al mismo tiempo pacífico y
propositivo que hemos visto florecer en el plantón respetando, al mismo tiempo,
las otras experiencias de lucha y aplicando la política de “un no y muchos sí”.
Al convocar delegados procedentes de toda la república, la Convención Nacional
Democrática nos ofrece una buena oportunidad en el supuesto de que, como sugiere
Pablo González Casanova, “cada vez sean más gentes
quienes construyan tanto una política de corto como de largo plazo”.
La tarea es articular la lucha
contra el gobierno usurpador con la propuesta de un nuevo pacto social, las
demandas de los pueblos indios (y particularmente el derecho a la autonomía), la
creación de instituciones autogestivas y la liberación de los presos políticos
(los de Atenco y de Oaxaca en primer lugar).
Muchas Desobediencias
La Desobediencia
Civil (DC) -individual o de masa- tiene una historia larga y compleja que en las
últimas semanas ha sido tergiversada por críticos en mala fe. Puesto que es
nuestro recurso principal, es útil retomar algunos de sus hitos.
La DC es una práctica que
busca debilitar el poder ridiculizándolo. A mediados del siglo XIX, David Henri
Thoreau se preguntó qué hacer antes leyes injustas: “¿Nos esforzaremos en
enmendarlas, obedeciéndolas mientras tanto? ¿O las transgredimos de una vez?” Y
contestó: “Si la injusticia requiere de tu colaboración, rompe la ley”.
Desobediencia Civil es el
nombre de su famoso ensayo, mismo que, en un primer momento, había titulado
Resistencia al gobierno civil.
Contrario a la opinión común, los dos conceptos son sinónimos y remiten a una
acción pacífica, pero (casi siempre) ilegal. De hecho,
muchos de los que la practican acaban en la cárcel, el lugar que, según Thoreau,
le corresponde al hombre justo cuando reina la injusticia. Él mismo fue
encarcelado por oponerse a pagar impuestos destinados a financiar la invasión de
México por parte de Estados Unidos.
No es por demás recordarlo,
pues hoy las trompetas de la propaganda oficial vibran al son de la resistencia
civil … ¡siempre y cuando sea compatible con la ley!
Es obvio, en cambio, que recurre a comportamientos de ruptura con el orden
legal. Esto lo admite, incluso, un filósofo moderado como Norberto Bobbio, quien
añade: “toda la historia del pensamiento político está escrita ya sea del punto
de vista de los que enfatizan el deber de obedecer o de quienes reivindican el
derecho a la resistencia (o a la revolución)”.
El problema de la legitimidad,
de cómo se conserva el poder, cómo se pierde y cómo se conquista se encuentra en
el fundamento de todas las teorías políticas. Desde los tiempos de Aristóteles,
la lucha contra la tiranía es legítima por definición, aunque pueda ser
considerada ilegal. Los latinos plantearon incluso la idea de que la aplicación
de la
ley al
pie de la letra puede convertirse en la mayor forma de injusticia.
La antigua dicotomía entre
obediencia y resistencia, entre poder constituido y poder constituyente se
refleja en muchas constituciones modernas y particularmente en la mexicana que,
en su artículo 39, consigna que “el pueblo tiene, en todo tiempo, el inalienable
derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. En la práctica, sin
embargo, ningún gobierno –y menos el actual- estaría dispuesto a reconocer la
legalidad de ese derecho, mismo que tiene vigencia sólo a partir de un
movimiento social victorioso. Cuando no son celebrados como próceres, quienes se
atreven a la insubordinación suelen ser encarcelados por traición a la patria.
Otro gran teórico de la DC fue
León Tolstoi. Se ha visto en el autor de Guerra y Paz un sostenedor de la
resignación y de la sumisión al mal, que habría de soportarse con paciencia
llamada cristiana. Aunque arropado en un lenguaje místico, su objetivo era
exactamente lo contrario: la insubordinación y la resistencia al Estado.
Tolstoi fue un pionero del antimilitarismo y le debemos, además, haber insistido
en dos verdades básicas. Una es la comprensión de la fuerza de la resistencia
como opción individual y conciente. La otra es el
reconocimiento de que el bien, la bondad y la solidaridad están en nosotros
mismos y pueden ser despertados.
Correspondió a Gandhi llevar a
la práctica las doctrinas del maestro ruso, primero en la lucha contra el
apartheid en Sudáfrica y después en la lucha por la independencia de la India.
Iniciador de las grandes manifestaciones de masa, el Mahatma nombró su versión
de la DC, satyagraha o “fuerza de la verdad”, porque consideraba insuficiente la
idea de “resistencia pasiva”, entonces en boga.
Para Gandhi, la no-violencia
(o ahimsa) es, fundamentalmente, un principio activo. Es, además, una excelente
“arma de destrucción masiva” para acabar con la injusticia y construir un poder
que no solamente neutraliza la violencia, sino que apunta al autogobierno (o
swaraj), es decir a la liberación individual y colectiva.
Mucho tiempo después, el
reverendo Martin-Luther King sería para los Estados Unidos lo que Gandhi fue
para la India. Al cabo de una larga lucha fundamentada en las enseñanzas del
Mahatma, en 1965, el movimiento por los derechos civiles logró imponer la
igualdad de derechos para todos los norteamericanos, sin importar la raza.
Como Tolstoi y Gandhi, Martin-Luther
King estaba imbuido de un pensamiento religioso que debemos respetar, pero no
necesariamente compartir. Recordarlo no es ocioso ya que una de las críticas más
comunes al movimiento es su pretendida traición al “espíritu gandhiano”.
Desde las columnas de la
Revista Proceso, Javier Sicilia arremete persistentemente contra el plantón
del Centro Histórico, alegando que estaríamos
quemando etapas al montar “la desobediencia (la
obstrucción de calles) dentro de la etapa de la resistencia civil (la marcha y
el plantón).
No encontré en las obras de Gandhi esa distinción entre
desobediencia y resistencia
y aun si existiera, la DC -hay que
reiterarlo- no es una religión ni una ideología, sino una expresión
flexible y creativa que contempla modalidades infinitas.
Thoreau predicaba la
no-violencia, pero esto no le impidió solidarizarse con
John Brown,
quien enfrentó a los esclavistas con las armas en la mano.
El propio Gandhi -quien, a diferencia de sus discípulos, era más bien un
pragmático- afirmó que es preferible ser violentos a ser cobardes y colaboró con
los británicos en el aplastamiento de las rebeliones de los bóers (y también de
los zulúes, lo cual es menos encomiable).
Sin menoscabo de la admiración
que nos merecen las ideas de Tolstoi, Gandhi y Martin Luther King, existe una
tradición igualmente rica, pero laica y libertaria, que arranca con las primeras
experiencias del movimiento obrero, pasa por las luchas pacifistas de los años
sesenta, setenta y ochenta para llegar al actual movimiento contra la
globalización neoliberal.
Mientras Gandhi afinaba los
principios de la satyagraha, los anarcosindicalistas franceses desarrollaban la
acción directa no-violenta, el Sinn Fein irlandés inventaba el boicot y en
Estados Unidos, el Industrial Workers of the World (IWW, sindicato libertario
del que fue miembro también Ricardo Flores Magón) adoptaba técnicas de protesta,
también pacíficas, que sacudieron a la sociedad norteamericana. Recordamos, en
particular, las manifestaciones contra la primera guerra mundial, los “sit-in” y
los “soap box speeches”. Estos últimos eran formas de protesta en donde, ante la
negativa de las autoridades de permitir una manifestación, los activistas se
subían a una caja de jabón en la calle arengando a los pasantes.
Instrucciones para el uso
La Desobediencia
civil se construye a partir de situaciones concretas y se legitima sola. Ante la
injusticia, es difícil permanecer insensibles: no nos hace falta buscar
justificaciones en el gandhismo, el socialismo, el anarquismo, el zapatismo o
cualquier otro “ismo”.
Según el Colectivo
Antimilitarista de Zaragoza, la DC plantea un conflicto fundamental: legitimidad
frente a legalidad. La legitimidad de la acción política participativa
radicalmente democrática se contrapone a la injusticia muchas veces encubierta
de legalidad. Es una herramienta política precisamente por su carácter público
(trasciende lo privado y tiene significación social) y pedagógico (se trata de
expresarse colectivamente mediante actos ejemplarizantes, que motivan, que
enseñan, que provocan). A diferencia de otros modos de hacer política, la DC no
busca, imponerse sobre el conjunto de la sociedad sino que lanza una
interpelación y busca el diálogo.
Aun así las dificultades son
muchas. El arte de generar una comunidad de acción, de movilizar en nosotros y
fuera de nosotros nuevos recursos portadores de vida y no de muerte requiere
mucha finura y una buena dosis de sentido práctico.
Toda lucha social implica,
además, una reflexión permanente sobre la relación entre los medios y los fines.
El asunto no es escoger entre violencia y no-violencia, ni averiguar cuánto
valor tenemos a la hora de enfrentarnos a la represión, sino hacer lo necesario
para acabar con la injusticia al menor costo posible, es decir garantizando la
seguridad de todos.
Entendemos –sin compartirlas-
las razones de quienes, ante la cerrazón de los poderosos, optan por la lucha
armada, como lo hizo el EZLN en su momento y hoy lo siguen haciendo las muchas
organizaciones político-militares que operan en el país. Nosotros preferimos la
DC porque nos permite armonizar los medios y los fines.
La tarea de ampliar el
movimiento se nos presenta de muchas maneras. Los manifestaciones
multitudinarias, las asambleas plenarias, los discursos elocuentes son momentos
necesarios porque nos permiten comprobar nuestra fuerza y nuestra capacidad de
actuar juntos. Las transformaciones profundas, sin embargo, no se forjan en esos
espacios, sino en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana.
Una vía es impulsar la
creación de comités de resistencia civil, independientes de los partidos y
federados entre sí. De preferencia pequeños
(5-15 personas), esos comités se organizarían con base territorial (barrios,
colonias, pueblos) y/o sectorial (fábricas, talleres, escuelas) entre conocidos
y evitando la separación entre dirigentes y
ejecutantes.
La antigua experiencia
libertaria de los grupos de afinidad, integrados por individuos autónomos,
concientes y responsables nos ofrecería una valiosa inspiración: la
individualidad es la manifestación unitaria, particular y específica de una
comunidad libre. A diferencia del militante político tradicional –un sujeto a
menudo pasivo y enajenado- la persona que integra un grupo de afinidad tiene la
certeza, verificada constantemente, que entre su participación y su abstención
sí hay una diferencia.
Estructurados así, los comités
de resistencia civil podrían llevar a cabo una variedad de funciones conforme a
las competencias de sus integrantes. Esas incluirían un portavoz ante los medios
de comunicación, un catalizador de decisiones rápidas, alguien formado en
primeros auxilios, otro que asista a asambleas mayores, una personas entendida
en asuntos jurídicos, una de apoyo en los arrestos, etc.
Los comités se
articularían en asambleas populares que funcionarían a nivel local, regional y
estatal, buscando coordinarse con gobiernos municipales, partidos políticos y
organizaciones sociales no hostiles. Empezaría, acto seguido, una gran campaña
para cercar los poderes oficiales que
subiría y bajaría, según la
necesidad. Se organizarían boicoteos contra los empresarios delincuentes,
caravanas, cacerolazos, acciones simbólicas, cortes de carretera y todo lo que
la imaginación colectiva pudiera proponer.
Un paso
decisivo sería la creación de radios y televisiones libres, así como de agencias
de noticias ciudadanas para romper el monopolio informativo.
Puesto que difundir la “verdad” no es suficiente, habría que atacar los modos de
comunicación dominante no para destruirlos, sino para subvertirlos. Se
impulsarían, además, jornadas o semanas de luchas temáticas: contra la
corrupción, la pornografía infantil, la privatización de la vida pública, la
nocividad del capitalismo, el saqueo de los recursos naturales, el agotamiento
del agua, la comida chatarra, etc.
La campaña desembocaría en
un gran paro cívico nacional organizado en
colaboración con los sindicatos independientes para lograr nuestro objetivo
mínimo: impedir la toma de posesión del usurpador.
México, D.F.,
16 de septiembre de 2006.
Gustavo Esteva, “Oaxaca: anticipo y amenaza”, “Cuando el poder se desvanece”,
La Jornada, 31 de agosto y 11 de septiembre, Francisco López Bárcenas, “La
rebelión de las comunidades”, La Jornada, 9 de septiembre.
Las reflexiones más profundas sobre el alcance de un movimiento autogestivo
siguen siendo las de Raoul Vaneigem, De la huelga salvaje a la autogestión
generalizada (1974),
http://www.sindominio.net/ash/salvaje1.htm.
Del mismo autor véase también: Modestes propositions aux grévistes. Pour en
finir avec ceux qui nous empêchent de vivre en escroquant le bien public,
Éditions Verticales, París, 2004.
Paco Ignacio Taibo II, “La otra y nueva guerra de Reforma”, La Jornada,
13 de agosto.
Guillermo Almeyra, “La transición de las revoluciones políticas a las sociales”,
serie de cuatro artículos, La Jornada, 20-27 de agosto y 3-11 de
septiembre.
Véase, al respecto, los artículos de Isabel Turrent y Mario Melgar Adalid en el
periódico Reforma del 20 de agosto y las atinadas críticas de Mauricio
Schoijet, “De la historia y significado de la desobediencia civil”, La
Jornada, 3 de septiembre.
Gustavo Iruegas, La Jornada, “Summum ius,
summa iniuria”, 11 de agosto.
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