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Fuente: Revista
Cambio, Domingo 28
de octubre de 2007
Diez años después
EN EL CEMENTERIO DE
EL ARO,
un corregimiento del
municipio de Ituango,
Antioquia, una tumba
se diferencia de las
demás: es la única
que tiene flores y
un angelito. Allí
está enterrado
Wílmar Restrepo
Torres.
Fue asesinado cuando
sólo tenía 14 años
por orden de Carlos
Castaño y Salvatore
Mancuso, el 25 de
octubre de 1997.
Ese fue el primero
de seis días durante
los cuales los
paramilitares, con
apoyo de miembros
del Ejército,
asesinaron y
torturaron a otras
14 personas,
violaron mujeres,
incendiaron 43
casas, robaron
ganado y forzaron el
desplazamiento de
otras 900 personas.
Diez años después de
la masacre, Edilma,
la madre de Wílmar,
dice frente a la
tumba que quiere
desenterrar los
huesos de su hijo y
llevarlos a Yarumal,
donde hace seis
meses compró una
casa y un osario que
le costó 90.000
pesos en la Basílica
de Las Mercedes para
su Wílmar. "Me voy
de aquí y no quiero
dejarlo, quiero
desenterrarlo -le
dijo a CAMBIO-. Los
curas ya me dieron
el permiso, me
dijeron que hoy
venía el
desenterrador".
Guarda silencio, su
mirada se pierde, el
dolor se refleja en
su cara. De pronto,
recuerda en voz
alta: "Era el niño
de la casa... Le
dispararon por
detrás, hicieron lo
mismo con don
Alberto Correa, que
estaba con él en la
finca Mundo Nuevo,
como a 15 minutos.
Era su primer
trabajito sembrando
fríjol. Fueron los
primeros a los que
mataron... Me di
cuenta al otro día".
Luego, señalando un
naranjo, continúa el
relato: "Ahí tenían
amarrado al señor de
la tienda, Aurelio
Areiza...
Lo mataron a golpes
y le sacaron el
corazón.
Fue al otro día de
lo de mi Wílmar. No
creo que alguien
pueda soportar vivir
con una cosa de
esas... !Y pensar
que después vinieron
más muertos!".
A Edilma se le nota
el cansancio. Han
pasado 24 horas
desde cuando se
subió a un bus en
Yarumal rumbo a
Puerto Valdivia.
Luego viajó en
lancha hasta Puerto
Escondido y desde
allí fue en mula
hasta El Aro, para
desenterrar los
restos de su Wílmar.
Fueron seis horas
por un camino
empinado, pedregoso
y resbaladizo, en
una zona húmeda de
sembrados de fríjol
y de cultivos de
coca. Abajo, el río
Cauca. Una de las
rutas que siguieron
los paramilitares
que hace 10 años
cambiaron para
siempre la vida de
la gente.
Los paramilitares
llegaron a la plaza
del pueblo. Tenían
órdenes de Junior,
Cobra y Cristian
Barreto, quienes
fueron enviados por
Mancuso,
de eliminar a
"colaboradores de la
guerrilla". En las
primeras horas de
ese 25 de octubre
asesinaron a tres
personas, saquearon
casas y tiendas.
"Nos ordenaron no
salir de las casas
-recuerda una
hermana de Wílmar-.
El domingo 26,
cuando el resto del
país estaba en
elecciones,
nos obligaron a
salir y a ver a los
muertos tirados en
la plaza".
Wílmar no estaba
entre ellos.
Preguntaron si había
más muertos. "Sí,
unos h.p.
guerrilleros en las
afueras", contestó
un paramilitar. Les
dijeron que les
quedaba prohibido
enterrarlos, pero la
hermana de Wílmar
cuenta que tras
mucho suplicar,
Junior los dejó ir a
buscarlo: "Nos dijo
que si alguien
lloraba, nos mataban
a todos". Debieron
esperar más de dos
días para sacar el
cadáver de El Aro.
Lo amarraron a una
mula y emprendieron
camino hacia Puerto
Valdivia, donde fue
sepultado en
silencio.
A los cuatro años,
Edilma desenterró el
cadáver por primera
vez. Si no lo hacía,
los restos habrían
ido a parar a una
fosa común. Pidió
permiso en la
iglesia para
sepultar los restos
en El Aro, a donde
había regresado.
"Después de que me
mataron al muchacho
y me obligaron a
vivir desplazada en
Puerto Valdivia, no
he tenido paz
-asegura-. Todos los
años me imagino qué
sería de mi niño si
lo hubieran dejado
vivir y por eso si
no estoy cerca de lo
que quedó de él no
estoy tranquila".
En 2000,
paramilitares del
bloque Mineros al
mando de Ramiro
Vanoy, Cuco,
asesinaron a otro de
sus hijos, Guido
Manuel. Lo acusaron
de colaborar con la
guerrilla. "¿Por qué
-se pregunta Edil-ma-.
Por qué?". Cuenta
que está en un
osario en Yarumal,
donde vivirá ella a
partir de ahora y a
donde quiere
trasladar los restos
de Wílmar.
Es jueves 18 de
octubre, faltan
siete días para que
se cumplan 10 años
del asesinato.
Edilma espera la
llegada del hombre
que va a exhumar los
restos. No aparece.
Entonces corta una
flor roja de las
pocas que crecen en
el cementerio, la
deja en la tumba, se
echa la bendición y
dice: "Mañana seguro
que sí viene el
sepulturero".
Ni un cura
En el pueblo una
joven embarazada,
Ligia Lucía Pérez
Areiza, se mece en
una silla frente a
la puerta de una
casa que está en
obra negra. Tiene 24
años, la misma edad
que hoy tendría
Wílmar. El 26 de
octubre de 1997, los
paramilitares se
llevaron a su mamá,
Elvia Rosa, que
entonces tenía 29
años. La obligaron a
que les cocinara,
como a otras mujeres
de El Aro, y luego
la ataron y se la
llevaron arrastrada.
"Nunca más la volví
a ver -dice-. Sólo
supe que la
amarraron en un palo
y todo el día la
tuvieron de cuenta
de ellos (la
violaron),
la torturaron hasta
matarla. Una vecina
vio cómo la dejaron
en ese palo, cerca
de una cañada, cerca
de la escuela...No
se pudo hacer nada
¿quién se atrevía a
desamarrarla?"
Dos meses después
algunos de los que
habían sido
desplazados se
arriesgaron a volver
al pueblo. Lo
encontraron quemado.
"Cuando nos
desterraron, creo
que fue el 29, no le
habían prendido
fuego", recuerda uno
de ellos y cuenta
que cerca de la
escuela hallaron "un
zapato, unas sogas y
unos huesitos". Eran
de Elvia. Los
forenses lo
confirmaron. Ligia
Lucía pudo sepultar
a su madre en El
Aro. Había dejado
cinco huérfanos. Ha
pasado una década de
la masacre. El año
pasado la Corte
Interamericana de
Derechos Humanos
condenó al Estado a
reparar e indemnizar
a las víctimas, tras
comprobar que
miembros del
Ejército ayudaron a
los paramilitares.
"Esta es la hora en
que ni siquiera se
ha aparecido un
funcionario por
aquí, nos tienen
abandonados -dice
Ligia Lucía-. "!Qué
ironía!, no tenemos
ni un cura para
rezar por los
muertos este 25 de
octubre".
LA MUERTE DEL
DEFENSOR
El 27 de febrero de
1998, cuatro meses
después de la
masacre de El Aro,
Jesús María Valle,
reconocido defensor
de los derechos
humanos, fue
asesinado en
Medellín
por orden de Carlos
Castaño. La razón:
haber señalado a
miembros del
Ejército como
colaboradores de las
Auc en las masacres
de El Aro y La
Granja, en Ituango.
Semanas antes,
Valle había
cuestionado al
entonces Gobernador,
Álvaro Uribe,
por no haber
ordenado la
protección de los
habitantes de esas
poblaciones. Uribe
rechazó los
señalamientos,
mientras que el
Ejército lo demandó
por injuria y
calumnia.
El tiempo le dio la
razón a Valle. En
enero pasado,
Salvatore Mancuso
reconoció ante los
fiscales de Justicia
y Paz en Medellín,
que él y Carlos
Castaño, con apoyo
del entonces
comandante de la IV
Brigada del
Ejército, general
Alfonso Manosalva (q.e.p.d.),
quien entregó
información y mapas,
ordenaron la
masacre. Dijo que
los muertos eran
guerrilleros que se
presentaban como
campesinos.
Las declaraciones de
Mancuso causaron
indignación entre
las víctimas que
siguieron la
diligencia. La
realidad es bien
distinta: los
muertos sí eran
campesinos que
fueron torturados y
asesinados. El mismo
Estado reconoció la
barbarie tras una
sentencia de la
Corte Interamericana
de Derechos Humanos
que comprobó
la participación de
militares en la
matanza.
El Estado debe pagar
30.000 dólares a
cada familia: el 50%
de debe ser
repartido en partes
iguales a los
padres, hermanos y
los hijos de cada
uno de los muertos y
el otro 50% al
cónyuge o compañero
cuando ocurrió el
crimen. En el caso
de Wílmar Restrepo
que era menor de
edad, su familia
deberá recibir 5.000
dólares adicionales.
También deben ser
indemnizados los que
perdieron sus casas
y ganado, los
desplazados y los
que sufrieron daños
físicos y
psicológicos. "La
sentencia de la
Corte le impone unos
pagos del Estado
pero aún no ha
pagado", dice la
abogada Victoria
Fallón, del grupo
que representa a las
víctimas.
EL ARO HOY
El Aro es un pueblo
de Ituango con
casas de colores y
calles polvorientas.
Una iglesia y dos
estatuas, una de la
Virgen y otra de
Simón Bolívar,
sobresalen en la
pequeña plaza. Allí
solo viven 40
familias y puede
llegarse a ese sitio
en mula o a pie
debido a la falta de
carreteras.
A las 4:00 p.m., la
única cantina se
llena con los
raspachines que
regresan de los
cultivos de coca.
"Antes de la masacre
El Aro era un
paraíso, hoy es coca
-dice un campesino-.
Casi dos años
después de la
matanza, la gente
comenzó a regresar
pero no había de qué
vivir y cuando
empezamos a medio
tener vida, los
'paras' volvieron a
amenazar. Luego
llegó la
guerrilla... Esto ha
sido un infierno".
En el pueblo, donde
no hay puesto de
Policía y el
Ejército sólo
aparece de vez en
cuando, el kilo de
base de coca se
vende a dos millones
de pesos. De esa
cifra, el frente 18
de las Farc se queda
con 400.000 por
concepto de
impuestos.
Hace dos años, las
Auc intentaron
hacerse a ese
negocio. "Nos
engañaron, pues a
cambio de pagarnos
con dinero en
efectivo nos dieron
unos vales para
cobrar en Valdivia y
cuando fuimos a
hacerlos efectivos
no hubo quién
respondiera -relata
un raspachín-.
Dejaron deudas en
cantinas y tiendas y
desaparecieron".
CONDENA AL ESTADO
En julio de 2006, la
Corte Interamericana
de Derechos Humanos
condenó al Estado
colombiano por la
masacre de El Aro.
Lo consideró
responsable por
acción de la masacre
de los campesinos,
pues fue demostrado
que en ella
participaron
miembros del
Ejército.
MATADOR
Sólo hay un
condenado por la
masacre de El Aro:
FRANCISCO VILLALBA,
conocido como
Cristian Barreto,
quien reconoció que
él y cerca de 200
paramilitares
violaron mujeres,
degollaron,
torturaron y mataron
15 personas,
saquearon tiendas y
casas, y robaron 800
reses
que fueron a parar a
una finca de Mancuso,
en el Bajo Cauca
antioqueño.
Villalba también
reconoció que días
antes de la masacre,
varios militares de
alto rango se
reunieron con
Mancuso y Carlos
Castaño. Dijo que
estaba arrepentido y
que desde el día de
la masacre la culpa
no lo dejaba dormir.
La sentencia contra
Villalba fue
proferida por el
Juzgado Segundo
Penal Especializado
de Antioquia en
abril de 2003.
También condenó a
Carlos Castaño y a
Salvatore Mancuso a
40 años de prisión
como autores
intelectuales de la
masacre. Villalba
está en La Picota
desde 1998, donde
debe pagar 33 años
de prisión.
Mancuso, en cambio,
gracias a que se
acogió a la Ley de
Justicia y Paz
podría ser condenado
a pagar como máximo
ocho años por ese y
muchos otros
crímenes.
El Estado debe pagar
30.000 dólares a
cada familia: el 50%
de debe ser
repartido en partes
iguales a los
padres, hermanos y
los hijos de cada
uno de los muertos y
el otro 50% al
cónyuge o compañero
cuando ocurrió el
crimen. En el caso
de Wílmar Restrepo
que era menor de
edad, su familia
deberá recibir 5.000
dólares adicionales.
También deben ser
indemnizados los que
perdieron sus casas
y ganado, los
desplazados y los
que sufrieron daños
físicos y
psicológicos. "La
sentencia de la
Corte le impone unos
pagos del Estado
pero aún no ha
pagado", dice la
abogada Victoria
Fallón, del grupo
que representa a las
víctimas.
El Tiempo, Octubre
23 de 2007
Víctimas recibirían
reparación sin tener
que esperar condenas
a los paramilitares
Tres días después de
que estuvieran en el
país la Corte
Interamericana de
Derechos Humanos y
la Corte Penal
Internacional, el
Gobierno anunció
anoche que evalúa
tres ajustes a la
Ley de Justicia y
Paz.
Primero, habría
reparación por vía
administrativa para
las víctimas de los
grupos armados
ilegales, es decir,
podrían acceder a
una indemnización a
través del Fondo de
Reparación sin
necesidad de
esperar a que se
termine el juicio
contra sus
victimarios.
Esta petición ya la
había hecho el
Consejo de Estado. Y
también fue una
recomendación de la
Comisión
Interamericana de
Derechos Humanos.
El comisionado de
Paz, Luis Carlos
Restrepo, dijo que
con esto se quiere
evitar que cada
víctima tenga que
adelantar un proceso
por separado frente
al Estado para que
sea reparada.
Hasta el momento
están registradas
82.544 víctimas de
las autodefensas y,
según el Gobierno,
los montos de la
reparación
establecerán con
base en estándares
internacionales
existentes.
El segundo cambio
que estudian es un
ajuste de 'tuercas'
para aquellos
desmovilizados de
las autodefensas que
se postularon a la
Ley de Justicia y
Paz pero que aún no
se han presentado.
El Gobierno planea
fijarles a estos un
plazo para que
comparezcan ante los
fiscales o en caso
contrario quitarles
los beneficios de la
ley y trasladar sus
procesos a la
justicia ordinaria.
Trascendió que
saldrá un decreto
que fijará el plazo,
que sería inferior a
seis meses, para que
los postulados se
presenten.
En tercer lugar,
analizan la
posibilidad de
realizarles juicios
a los 'paras' por
bloques o por los
crímenes que hayan
cometido,
"privilegiando en
todo caso los
juicios contra los
principales
cabecillas", como lo
sugirió el fiscal
jefe de la Corte
Penal Internacional,
Luis Moreno.
Tales ajustes, que
se harían a través
de decretos
reglamentarios,
serán consultados
con las altas
cortes, el
Ministerio de
Hacienda, la
Comisión Nacional de
Reparación y
organismos
internacionales de
derechos humanos.
El tiempo, Octubre
22 de 2007
Tensión en tierras
de palma de Urabá
Tras la decisión del
Gobierno de anular
los títulos de los
palmicultores, los
campesinos se han
dividido entre
negociar y exigir el
retiro de estos
cultivos.
Unas cuantas matas
de plátano, maíz,
arroz y yuca, que
parecen naufragar en
un mar de palma de
aceite, son el
testimonio vivo del
conflicto por la
tierra que se vive
en las cuencas de
los ríos Curvaradó y
Jiguamiandó, en
límites de Antioquia
y Chocó.
Las sembraron varios
campesinos en un
acto de 'soberanía'
sobre las hectáreas
que se disputan con
palmicultores. (PARAMILITARES?)
Hace dos semanas, el
ministro de
Agricultura, Andrés
Felipe Arias,
confirmó que el
Incoder anuló la
mayoría de los
títulos de esa
tierras donde 14
firmas tienen 5.500
hectáreas de palma
africana y otras
2.500 a punto de
sembrar, porque
aparentemente fueron
adquiridas con
fraude.
(DESPLAZAMIENTO DE
LA POBLACIÓN
CAMPESINA)
Con el argumento de
que el río Sucio
cambió su rumbo
drásticamente y
amplió la orilla
hacia las tierras de
los cuatro
adjudicatarios
iniciales de los
títulos, 130
hectáreas se
convirtieron en casi
18 mil.
La inmensa
diferencia
corresponde a las
tierras que la Ley
70 de 1993 les
reconoció a los
consejos
comunitarios negros.
Y no es que los
adjudicatarios
iniciales se hayan
lucrado, pues cuando
el ensanche se hizo,
en el 2000, uno ya
estaba muerto y los
otros tres estaban
desplazados.
Organizaciones de
Derechos Humanos
sostienen que para
"limpiar de
guerrilla" y vencer
la resistencia de la
gente con el fin de
que se asentara la
palma, grupos
paramilitares
ocasionaron por lo
menos 120 muertes y
desapariciones, y
desterraron a 1.500
personas.
En su versión libre
ante Justicia y Paz,
'El Alemán', ex jefe
del 'Bloque Élmer
Cárdenas', que actuó
por esta zona, negó
que hubiera una
relación con los
palmicultores, pero
aceptó que muchos
empresarios se
lucraron de su paso
por allí.
Los empresarios
también niegan
cualquier vínculo
con los 'paras'.
Ahora que la
decisión del Incoder
pone en vilo la
estabilidad de su
agroindustria y de
la propia región, el
representante de la
Asociación de
Palmicultores del
Darién, Irving
Bernal, que agremia
a las 14 empresas
cultivadoras,
sostiene que están
dispuestos a
concertar con las
comunidades para
continuar con los
plantíos, mediante
fórmulas que podrían
pasar por el pago de
un arriendo.
En juego están entre
65 y 70 mil millones
que han invertido.
EL TIEMPO viajó
hasta allí para
medirle el aceite a
la situación.
Hay posiciones
divididas entre los
campesinos frente a
la posibilidad de
conciliar.
Luis Díaz es uno de
los que estaría
dispuesto, siempre y
cuando le reconozcan
lo que vale su
tierra. Él vive en
la vereda Llano
Rico, a dos horas de
Mutatá, y es uno de
los 10 herederos de
Lino Díaz, quien
tenía 18 hectáreas
en 1990 y en el 2000
apareció con 3.549
que, en teoría, le
traspasó a la
Asociación de
Pequeños
Cultivadores de
Palma de Aceite en
Urabá. Lo raro es
que había muerto
desde 1995.
Según Luis, la
empresa Urapalma le
dio 600 mil pesos a
la mujer con la que
vivía su papá para
que pagara el
predial en Riosucio
(Chocó) y hasta ahí
se supo. Pero en
junio del 2000 un
supuesto apoderado
hizo el cambio de
medidas y traspasó
la propiedad.
Después de cuatro
años largos de
haberse desplazado,
Luis volvió y
encontró 12 de las
18 hectáreas con
palma. El caso es
objeto de un pleito
judicial.
En el área se ven
trabajadores
cosechando el fruto
de la palma: se
trata de un corozo
del tamaño de un
limón que con solo
tocarlo le deja a
uno las manos
aceitosas. Camiones
sacan la fruta hacia
una procesadora de
Mutatá.
A una hora de la
casa de Luis, por
una carretera casi
intransitable que
rompe en dos el
océano de palma,
aparece la Zona
Humanitaria de
Curvaradó, el
principal bastión
contra estos
cultivos.
Allí se asientan 14
familias que dicen
que por nada
llegarán a un
acuerdo con los
palmicultores. "Yo
no quiero la palma
para nada, porque
está abonada con la
sangre de mi papá. A
él lo mataron los
'paras', dice Uriel
Tuberquia.
Él y el resto de sus
compañeros han
tumbado más de 20
hectáreas de palma y
las reemplazaron con
el maíz, el plátano,
el arroz y la yuca
que se ven en medio
del mar de palmeras.
Un inspector ex
'para', en medio del
lío
El inspector de
Belén de Bajirá,
Carlos Eljach, ha
intervenido r en
varios desalojos
pedidos por
palmicultores cuando
se han visto
invadidos por
campesinos que dicen
ser los verdaderos
dueños. El problema
es que Eljach es
desmovilizado del
'Bloque Élmer
Cárdenas' de las Auc,
grupo acusado de
provocar la muerte y
el destierro de
campesinos para dar
paso a la siembra de
la palma.
El secretario de
Gobierno de Belén de
Bajirá, Henry
Chaverra, se limita
a decir que hay que
confiar en la buena
fe de Eljach.
Las tierras con
palma están en la
zona más biodiversa
del mundo.
Ambientalistas se
oponen a este
monocultivo porque "
no es conveniente
para desarrollar la
región.
NÉSTOR ALONSO LÓPEZ
L.
ENVIADO ESPECIAL DE
EL TIEMPO
CUENCA DEL CURVARADÓ
(URABÁ CHOCOANO)
El Tiempo,
Octubre 22 de 2007
Tensión en tierras
de palma de Urabá
Tras la decisión del
Gobierno de anular
los títulos de los
palmicultores, los
campesinos se han
dividido entre
negociar y exigir el
retiro de estos
cultivos.
Unas cuantas matas
de plátano, maíz,
arroz y yuca, que
parecen naufragar en
un mar de palma de
aceite, son el
testimonio vivo del
conflicto por la
tierra que se vive
en las cuencas de
los ríos Curvaradó y
Jiguamiandó, en
límites de Antioquia
y Chocó.
Las sembraron varios
campesinos en un
acto de 'soberanía'
sobre las hectáreas
que se disputan con
palmicultores.
Hace dos semanas, el
ministro de
Agricultura, Andrés
Felipe Arias,
confirmó que el
Incoder anuló la
mayoría de los
títulos de esa
tierras donde 14
firmas tienen 5.500
hectáreas de palma
africana y otras
2.500 a punto de
sembrar, porque
aparentemente fueron
adquiridas con
fraude.
Con el argumento de
que el río Sucio
cambió su rumbo
drásticamente y
amplió la orilla
hacia las tierras de
los cuatro
adjudicatarios
iniciales de los
títulos, 130
hectáreas se
convirtieron en casi
18 mil.
La inmensa
diferencia
corresponde a las
tierras que la Ley
70 de 1993 les
reconoció a los
consejos
comunitarios negros.
Y no es que los
adjudicatarios
iniciales se hayan
lucrado, pues cuando
el ensanche se hizo,
en el 2000, uno ya
estaba muerto y los
otros tres estaban
desplazados.
Organizaciones de
Derechos Humanos
sostienen que para
"limpiar de
guerrilla" y vencer
la resistencia de la
gente con el fin de
que se asentara la
palma, grupos
paramilitares
ocasionaron por lo
menos 120 muertes y
desapariciones, y
desterraron a 1.500
personas.
En su versión libre
ante Justicia y Paz,
'El Alemán', ex jefe
del 'Bloque Élmer
Cárdenas', que actuó
por esta zona, negó
que hubiera una
relación con los
palmicultores, pero
aceptó que muchos
empresarios se
lucraron de su paso
por allí.
Los empresarios
también niegan
cualquier vínculo
con los 'paras'.
Ahora que la
decisión del Incoder
pone en vilo la
estabilidad de su
agroindustria y de
la propia región, el
representante de la
Asociación de
Palmicultores del
Darién, Irving
Bernal, que agremia
a las 14 empresas
cultivadoras,
sostiene que están
dispuestos a
concertar con las
comunidades para
continuar con los
plantíos, mediante
fórmulas que podrían
pasar por el pago de
un arriendo.
En juego están entre
65 y 70 mil millones
que han invertido.
EL TIEMPO viajó
hasta allí para
medirle el aceite a
la situación.
Hay posiciones
divididas entre los
campesinos frente a
la posibilidad de
conciliar.
Luis Díaz es uno de
los que estaría
dispuesto, siempre y
cuando le reconozcan
lo que vale su
tierra. Él vive en
la vereda Llano
Rico, a dos horas de
Mutatá, y es uno de
los 10 herederos de
Lino Díaz, quien
tenía 18 hectáreas
en 1990 y en el 2000
apareció con 3.549
que, en teoría, le
traspasó a la
Asociación de
Pequeños
Cultivadores de
Palma de Aceite en
Urabá. Lo raro es
que había muerto
desde 1995.
Según Luis, la
empresa Urapalma le
dio 600 mil pesos a
la mujer con la que
vivía su papá para
que pagara el
predial en Riosucio
(Chocó) y hasta ahí
se supo. Pero en
junio del 2000 un
supuesto apoderado
hizo el cambio de
medidas y traspasó
la propiedad.
Después de cuatro
años largos de
haberse desplazado,
Luis volvió y
encontró 12 de las
18 hectáreas con
palma. El caso es
objeto de un pleito
judicial.
En el área se ven
trabajadores
cosechando el fruto
de la palma: se
trata de un corozo
del tamaño de un
limón que con solo
tocarlo le deja a
uno las manos
aceitosas. Camiones
sacan la fruta hacia
una procesadora de
Mutatá.
A una hora de la
casa de Luis, por
una carretera casi
intransitable que
rompe en dos el
océano de palma,
aparece la Zona
Humanitaria de
Curvaradó, el
principal bastión
contra estos
cultivos.
Allí se asientan 14
familias que dicen
que por nada
llegarán a un
acuerdo con los
palmicultores. "Yo
no quiero la palma
para nada, porque
está abonada con la
sangre de mi papá. A
él lo mataron los
'paras', dice Uriel
Tuberquia.
Él y el resto de sus
compañeros han
tumbado más de 20
hectáreas de palma y
las reemplazaron con
el maíz, el plátano,
el arroz y la yuca
que se ven en medio
del mar de palmeras.
Un inspector ex
'para', en medio del
lío
El inspector de
Belén de Bajirá,
Carlos Eljach, ha
intervenido r en
varios desalojos
pedidos por
palmicultores cuando
se han visto
invadidos por
campesinos que dicen
ser los verdaderos
dueños. El problema
es que Eljach es
desmovilizado del
'Bloque Élmer
Cárdenas' de las Auc,
grupo acusado de
provocar la muerte y
el destierro de
campesinos para dar
paso a la siembra de
la palma.
El secretario de
Gobierno de Belén de
Bajirá, Henry
Chaverra, se limita
a decir que hay que
confiar en la buena
fe de Eljach.
Las tierras con
palma están en la
zona más biodiversa
del mundo.
Ambientalistas se
oponen a este
monocultivo porque "
no es conveniente
para desarrollar la
región.
NÉSTOR ALONSO LÓPEZ
L.
ENVIADO ESPECIAL DE
EL TIEMPO
CUENCA DEL CURVARADÓ
(URABÁ CHOCOANO)
Octubre 23 de 2007
Fiscalía se 'ahogó'
y pidió ayuda en
procesos de Auc
Cambios que estudia
el Gobierno
-confesiones y
juicios en bloque-
buscan
descongestionar el
proceso con 'paras'.
ONG advierten riesgo
de impunidad.
La preocupación
porque pasado casi
un año hay menos de
100 paramilitares,
de una lista de
3.114 postulados,
que han llegado ante
fiscales de Justicia
y Paz está detrás de
la idea de
investigarlos y
juzgarlos en grupo,
y no individualmente
como hasta ahora.
La iniciativa,
anunciada el lunes
por el Gobierno, aún
está en discusión y,
según confirmaron
altas fuentes, la
planteó la misma
Fiscalía ante el
presidente Álvaro
Uribe.
"Está muy lento el
tema de las
versiones libres y
va a ser más difícil
llegar a las
sentencias",
reconoció ayer un
alto funcionario.
Por eso, agregó, la
Fiscalía planteó dos
salidas. La primera,
que se reúnan todos
los miembros de un
bloque en versión
libre, desde el
comandante hasta los
'paras' rasos, y
ante grupos de 10
fiscales confiesen
sus crímenes.
Ayer, el Ministerio
del Interior y
Justicia aclaró que,
a pesar de la
confesión en bloque,
las
responsabilidades
penales se
establecerán de
manera individual.
"Esto no es ningún
manto de impunidad.
Las víctimas pueden
denunciar que ellos
no están diciendo la
verdad y si se
demuestra pierden
los beneficios",
dijo el viceministro
de Justicia,
Guillermo Reyes.
Y agregó que los
casos de los jefes
seguirán por aparte.
El Gobierno autorizó
80 mil millones de
pesos adicionales en
el Presupuesto del
2008 para elevar a
235 el número de
fiscales y a 1.215
los investigadores
de Justicia y Paz.
La otra propuesta de
la Fiscalía es
investigar hechos.
Si un 'para'
confiesa 25
homicidios, cada uno
de estos pasaría
inmediatamente al
tribunal de Justicia
y Paz para sentencia
y no habría que
esperar, como hoy, a
que se cierre el
caso de cada
persona.
Los ajustes al
proceso, que se
harían a través de
decretos
reglamentarios,
serán discutidos con
la Procuraduría y
organismos
nacionales e
internacionales de
Derechos Humanos.
Por lo pronto, ONG
que representan a
víctimas no están
muy convencidas.
El abogado Alirio
Uribe, del Colectivo
de Abogados José
Alvear, calificó de
"peligrosa" la idea
de juzgar por
bloques. "Si en las
confesiones
individuales hay
problemas porque no
sale toda la verdad,
en bloque podría ser
peor. Me parece que
quedaría como un
indulto general",
aseguró.
Otro de los cambios
que pretende definir
el Gobierno es cómo
hacer la reparación
administrativa a las
víctimas, que ya
sobrepasan las
82.000, sin que pase
por un juez.
Ayer, el Gobierno se
reunió con la
Comisión Nacional de
Reparación para
definir los
criterios con los
que van a reparar a
las víctimas y que
serán oficializados
en próximos días
mediante un decreto.
En este tema, el
poder judicial había
advertido que se
venía un gran cuello
de botella y había
propuesto la
reparación por vía
administrativa. El
Gobierno recogió la
idea y, en contra de
su posición inicial,
tendrá que destinar
dineros del
Presupuesto para
indemnizar a las
víctimas.
3.114 es el número
de 'paras'
que se acogieron a
Justicia y Paz. En
un año, menos de 100
paramilitares -casi
todos jefes-
entregaron versión.
82.544 víctimas de
paramilitares
están registradas en
la Comisión Nacional
de Reparación. Todas
piden
que se les
indemnice.
23 es el número de
fiscales
que están en la
Unidad de Justicia y
Paz. Hay anuncios de
nuevas partidas para
llegar a 235 y a
1.200
investigadores.
REDACCIÓN JUSTICIA
El Tiempo,
Octubre 23 de 2007
'El Alemán'
reconoció 141
crímenes
En las cuatro
jornadas precedentes
de su versión libre,
el ex jefe del
'Bloque Élmer
Cárdenas' de las Auc,
Freddy Rendón, alias
'El Alemán' o 'Puma
4', no había
aceptado tantos
crímenes como ayer.
Prometió que hoy
entregará 22
coordenadas donde
estarían alrededor
de 50 cadáveres, en
Unguía y Acandí
(Chocó). La mayoría
serían muertos de la
incursión que hizo
al municipio de
Riosucio entre
diciembre de 1996 y
el año 97, más 15
combatientes.
Ante el fiscal de
Justicia y Paz que
lo indagó en
Medellín y menos de
10 víctimas que lo
escuchaban en una
sala vecina,
reconoció haber
tenido que ver en el
secuestro de 7
integrantes de las
comunidades de paz
de Arenales y
Villahermosa
(Chocó), que luego
liberaron, y en la
muerte de 12 más, en
1999. Según él,
habría sido por
orden de Carlos
Castaño.
En el mismo
departamento, pero
hacia la Costa
Pacífica reconoció
10 muertos de Juradó,
Corodó y Bahía
Solano, entre 1996 y
1997.
Dijo también que,
por petición de unos
mineros, desplazó 30
hombres hacia
Cundinamarca, Boyacá
y Santander, los
cuales mataron a 69
personas en el 2001,
fuera de los 15
campesinos de la
masacre de La
Horqueta, ocurrida
el 21 de noviembre
de 1994.
En las horas de
mañana había
sorprendido por la
revelación de que en
1998 viajó al
Mundial de Fútbol en
Francia e incluso
ingresó a Estados
Unidos llevando una
visa con su propio
nombre y que cruzó
por lo menos dos
veces más la
frontera sin
problema.
MEDELLÍN
El Tiempo,
Octubre 23 de 2007
'El Alemán'
reconoció 141
crímenes
En las cuatro
jornadas precedentes
de su versión libre,
el ex jefe del
'Bloque Élmer
Cárdenas' de las Auc,
Freddy Rendón, alias
'El Alemán' o 'Puma
4', no había
aceptado tantos
crímenes como ayer.
Prometió que hoy
entregará 22
coordenadas donde
estarían alrededor
de 50 cadáveres, en
Unguía y Acandí
(Chocó). La mayoría
serían muertos de la
incursión que hizo
al municipio de
Riosucio entre
diciembre de 1996 y
el año 97, más 15
combatientes.
Ante el fiscal de
Justicia y Paz que
lo indagó en
Medellín y menos de
10 víctimas que lo
escuchaban en una
sala vecina,
reconoció haber
tenido que ver en el
secuestro de 7
integrantes de las
comunidades de paz
de Arenales y
Villahermosa
(Chocó), que luego
liberaron, y en la
muerte de 12 más, en
1999. Según él,
habría sido por
orden de Carlos
Castaño.
En el mismo
departamento, pero
hacia la Costa
Pacífica reconoció
10 muertos de Juradó,
Corodó y Bahía
Solano, entre 1996 y
1997.
Dijo también que,
por petición de unos
mineros, desplazó 30
hombres hacia
Cundinamarca, Boyacá
y Santander, los
cuales mataron a 69
personas en el 2001,
fuera de los 15
campesinos de la
masacre de La
Horqueta, ocurrida
el 21 de noviembre
de 1994.
En las horas de
mañana había
sorprendido por la
revelación de que en
1998 viajó al
Mundial de Fútbol en
Francia e incluso
ingresó a Estados
Unidos llevando una
visa con su propio
nombre y que cruzó
por lo menos dos
veces más la
frontera sin
problema.
MEDELLÍN
Octubre 26 de 2007
Testimonio de 'Jorge
40' terminó de
hundir a ex
gobernador Molina
Hernando Molina, ex
gobernador del
Cesar, detenido.
El jefe 'para' se
sorprendió cuando se
enteró de que el ex
gobernador del Cesar
había dicho que lo
despreciaba. La
Fiscalía no le creyó
al mandatario
El detenido ex
gobernador del
Cesar, Hernando
Molina, acaba de
perder otro round en
la Fiscalía.
Ese organismo no
solo decidió
mantenerlo en una
cárcel sino que, en
la misma decisión,
hizo nuevos
señalamientos sobre
sus presuntas
relaciones con los
'paras'.
La defensa pidió la
excarcelación, con
el argumento de que
no había pruebas que
demostraran que
Molina -a quien el
Gobierno ya le
aceptó la renuncia-
fuese penalmente
responsable.
Según los abogados,
no es cierto que en
las regionales del
2003 fueron las
presiones del Bloque
Norte de las Auc las
que forzaron la
renuncia de los
contendores de
Molina, quien
finalmente fue
candidato único.
En su favor
presentó, entre
otras, la
declaración que
sobre el tema dio
'Jorge 40', jefe de
las Auc en la Costa,
quien negó haber
incidido en esos
comicios.
La Fiscalía, sin
embargo, hizo una
lectura diferente de
la versión.
"Si bien ('Jorge
40') pretendió
relevar de toda
responsabilidad a su
amigo Hernando
Molina respecto de
los hechos que se le
han imputado, no son
aceptables sus
disculpas ni las
justificaciones allí
vertidas", dice la
providencia firmada
esta semana.
Cuando los
investigadores le
preguntaron por una
declaración de
Molina según la cual
"despreciaba y
aborrecía" a '40',
pero no a su amigo
Rodrigo Tovar Pupo
(el verdadero nombre
del paramilitar),
este se mostró
sorprendido.
"Hasta hoy me entero
-dijo- que (Molina)
desprecia de esa
manera a 'Jorge 40',
cuando su familia
pudo haber sido una
de las tantas
familias en el Cesar
beneficiadas por el
accionar de los
hombres que estaban
bajo mi mando".
Basado en esa
declaración, el
fiscal que lleva el
caso sacó nuevas
conclusiones.
"Se infiere que
Hernando Molina y su
familia fueron
beneficiadas por las
actuaciones de los
paramilitares, al
recuperar sus
fincas, sus
empresas, sus
finanzas, sus
actividades
económicas -dice la
providencia- (...)
Si las autodefensas
en la ciudad o en el
campo ponían los
muertos en la
guerra, ellos las
financiaban, en
contraprestación a
la protección que
desde la penumbra
realizaban estos
grupos armados".
'Jorge 40' dijo que
Molina, "como
candidato, tuvo que
haberse sentado con
esos líderes de esos
acumulados
(comunidades) en
todas las regiones
donde hizo
proselitismo, y
dentro de esos
líderes tenía que
haber líderes
políticos que
representaban
ideológicamente el
sentir político del
Bloque Norte".
70.000 votos en
blanco
se contabilizaron en
las elecciones para
Gobernador del Cesar
en el 2003. Las
tarjetas no marcadas
alcanzaron las
52.000.
"Su testimonio (el
de '40') sirve para
corroborar la
existencia real de
hechos objeto de la
investigación y la
posible
responsabilidad (de
Molina) en conductas
criminales".
Providencia en la
que no se revoca
orden de detención a
H. Molina.
REDACCIÓN JUSTICIA
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