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DESAPARECIDO EL
TESTIGO JULIO LÓPEZ
¿Será nomás este
caso el desaparecido
número 30.001, esta
vez en democracia?
El caso de Jorge
Julio López,
desaparecido en La
Plata el 18 de
septiembre, luego de
testimoniar en el
juicio contra Miguel
Etchecolatz, probó
dos cosas. Que los
represores están
activos y que los
derechos humanos son
una causa
mayoritaria.
EMILIO MARÍN
Se discute aún si el
albañil Jorge Julio
López es un
desaparecido, y en
caso de serlo, si se
lo puede llamar el
número 30.001. En
cambio está fuera de
discusión que su
secuestro tiene
todos los ribetes de
una acción represiva
de los defensores
del terrorismo de
Estado.
Tampoco se pone en
tela de juicio que
lo ocurrido a López
es parte de una
cadena de actos
intimidatorios
producidos por la
ultraderecha en los
últimos años,
incrementados a
medida que los
juicios por
violaciones de
derechos humanos se
reactivaban tras la
caída de las leyes
de la impunidad. En
la causa Etchecolatz
hubo decenas de
aprietes y amenazas
a los testigos, vía
telefónica, correos
electrónicos o
mensajes por debajo
de las puertas de
sus domicilios.
Incluso el fiscal
del caso, Carlos
Dulau Dumm, sufrió
en 2004 un breve
secuestro donde se
le “aconsejó” dejar
la causa.
Etchecolatz fue
sindicado como “la
mano derecha” del
general Ramón Camps,
jefe de la Policía
Bonaerense durante
la dictadura, y
administrador de
veintinueve campos
de exterminio que
funcionaron en su
jurisdicción.
El albañil había
testimoniado el 28
de julio último con
certeza sobre la
participación del ex
jefe policial en las
torturas sufridas en
octubre de 1976 en
la comisaría 5º de
La Plata y en el
Centro Clandestino
de Detención (CCD)
del Pozo de Arana.
También declaró que
en ese último lugar
había presenciado
los asesinatos de
los militantes
montoneros Patricia
Dell Orto y su
esposo Ambrosio De
Marco.
Ese testimonio, más
los de otros
sobrevivientes de
aquellos CCD, y las
pruebas colectadas
por la justicia,
condujeron el 19 de
setiembre a la
condena a reclusión
perpetua del
represor. Lástima
que López ya no
estaba para festejar
ese fallo del
Tribunal Federal Nº
1 de La Plata,
enmarcado en la
figura del
genocidio.
Sintetizando la
opinión generalizada
de los organismos de
derechos humanos,
Adriana Calvo, de la
Asociación de Ex
Detenidos
Desaparecidos,
manifestó que se
está frente a “un
secuestro producido
por los nichos que
hay en la policía
bonaerense”.
En sintonía con esa
valoración, el
Encuentro Memoria,
Verdad y Justicia,
convocante de la
marcha a Plaza de
Mayo, expresó en su
documento que “la
mayoría de los
indicios apuntan a
que López fue
secuestrado por las
patotas de la
policía bonaerense y
la derecha
fascista”.
Amenazas varias
La presunción de la
desaparición del
testigo es
concordante con las
pruebas de que los
elementos que
actuaron en la
represión ilegal
están activos en el
país y en muchos
casos incrustados en
las propias filas
policiales y
militares.
A la mencionada
lista de aprietes
contra los testigos
y el fiscal de la
causa Etchecolatz,
se debe agregar el
comentario final
amenazante del
condenado:
“no es este tribunal
el que me condena,
son ustedes los que
se condenan”.
Los asistentes al
acto de
reivindicación de la
dictadura el 24 de
mayo de este año en
plaza San Martín
profirieron amenazas
de muerte para el
jefe del Ejército,
general Roberto
Bendini, y el
presidente Néstor
Kirchner. Los
seguidores de Luis
Patti y de otros
políticos de
ultraderecha
estuvieron presentes
en ese acto como
también asistieron a
la cuarta marcha de
Juan Carlos Blumberg.
Mucho más
contundentes fueron
los patoteros
cercanos al general
Luciano B. Menéndez
que atacaron
físicamente a Sonia
Torres, titular de
Abuelas de Plaza de
Mayo en Córdoba. A
la presidenta de
Abuelas en el orden
nacional, Estela de
Carlotto, le habían
baleado la casa en
Ringuelet, en
setiembre de 2002.
En mayo de 2001 en
esa misma ciudad
había sido atacada
con mucha violencia
María Alejandra
Bonafini, en el
domicilio de su
madre Hebe de
Bonafini, de Madres
de Plaza de Mayo.
Estos grupos ligados
al terrorismo de
Estado defendieron a
obispos
recalcitrantes como
el castrense Antonio
Baseotto y atacaron
muestras artísticas
que sacaban a luz
las lacras de la
Iglesia oficial. Así
fue que la
“Agrupación
Custodia”, de los
hermanos Jorge y
Marcelo Gristelli,
ex tropa de choque
de Etchecolatz;
energúmenos de la
revista fascista
Cabildo dirigida por
Antonio Caponetto y
otros ligados al
teniente coronel
retirado Emilio
Nanni, del mini
partido Morera, etc,
destruyeron a fines
de 2004 parte de la
exposición del
notable artista
plástico León
Ferrari en el Centro
Cultural Recoleta.
Esos neonazis se
plantaron con
manoplas y
cachiporras ante la
Catedral
metropolitana, con
el beneplácito del
cardenal Jorge
Bergoglio, quien
había calificado de
“blasfema” aquella
muestra. Desde allí
hostigaron a
militantes de
derechos humanos que
iniciaban la Marcha
de la Resistencia.
A los que
reivindican el
terrorismo de Estado
no les cabe el
beatífico
calificativo de
“mano de obra
desocupada” que
acuñó en 1983 el
ministro del
Interior Antonio
Tróccoli. Por lo
expuesto, está muy
ocupada. Es de
esperar que la
investigación por la
desaparición de
López pose su lupa y
hurge en este sector
porque políticamente
es el “prime suspect”,
o sospechoso
principal.
¿El 30.001?
Producida la
ausencia de López,
sus abogadas
presentaron el mismo
18/9 un recurso de
hábeas corpus ante
el Juzgado Federal
Nº 3 y la
denunciaron ante el
tribunal, antes de
hacer sus alegatos.
A la luz de la
gravedad del hecho,
surge que esa
premura fue
correcta. En cambio
el gobierno
provincial actuó con
grave mora. Recién
el miércoles 20
Felipe Solá se
decidió a activar la
búsqueda del
secuestrado, puso
una recompensa y
recibió a los
organismos de
derechos humanos.
El gobierno nacional
estuvo aún peor pues
en los primeros ocho
días no dio señales
de estar buscando a
López y el ministro
Aníbal Fernández ni
siquiera aceptaba
como hipótesis
central un
secuestro-desaparición.
“López puede estar
tomando mate con su
tía” les espetó a
los organismos a los
que recibió como una
mera formalidad, sin
interés en escuchar
sus propuestas.
Recién anteayer el
presidente se
expresó sobre el
particular en
Misiones, donde
mezcló el
proselitismo a favor
del gobernador
Carlos Rovira con
sus apelaciones para
que aparezca con
vida López. “Sé que
algunos no quieren
la verdad y quieren
sembrar el miedo, lo
sé por las cosas que
me pasan, pero con
fuerza vamos a
proteger todo el
camino por la lucha
por la verdad”,
expresó el jefe de
Estado.
Contradictoriamente
con esa expresión de
anhelos, Kirchner
había retado a Solá
por haber definido a
López como el primer
desaparecido de la
democracia. El
gobernador salió a
aclarar que quiso
decir un ex
desaparecido del
terrorismo de Estado
que desaparece en
democracia. Nunca
más cierto lo de “no
aclare que
oscurece”.
Aunque aún quede un
margen de duda de
que el testigo pueda
haber sufrido un
shock postraumático,
cada hora más
acotado, lo que
crece es la
hipótesis de una
desaparición forzada
por los amigos de
Etchecolatz.
López es un
desaparecido que se
suma a la cifra
legada por el
Proceso, hasta que
se demuestre lo
contrario con su
aparición. ¿Es el
desaparecido número
30.001 como lo
calificó el premio
Nobel Adolfo Pérez
Esquivel y en cierto
modo el mismo Solá?
Algunos organismos
de derechos humanos
salieron con los
botines de punta
contra ambos. El
director del Centro
de Estudios Legales
y Sociales (Cels),
Gastón Chillier,
dijo que ya había
tres casos, uno en
Chubut (Iván Torres)
y dos en Mendoza
(Adolfo Garrido y
Raúl Baigorria). La
Correpi, que no
congenia con la
entidad anterior,
también enumeró
desapariciones
ocurridas después de
1983. Entre otras
citó las de “Miguel
Bru y Andrés Núñez
en La Plata, y la
media docena de
desaparecidos en
Comodoro Rivadavia,
como Hugo Alvarez,
Iván Torres y Miguel
Linares”.
Sin negar el valor
que tienen cada una
de esas vidas,
tronchadas por la
Policía como se
comprobó en varios
de esos casos, el
secuestro de López
es emblemático
porque se trata de
una venganza
fascista para
intimidar a otros
testigos. El fue
desaparecido y preso
político en 1976 por
su militancia y está
desaparecido tras
aportar al primer
fallo contra el
genocidio luego de
la anulación de las
leyes del perdón.
Por eso, si López no
aparece, será el
desaparecido 30.001,
por más que la
expresión haya
disgustado al
presidente de la
Nación.