La investigación encomendada al prefecto Alessandro Pansa, subdirector de la policía y uno de los mayores expertos europeos en inmigración, ha durado un mes. Los resultados, que ahora debe valorar el gobierno, revelan las dimensiones del fenómeno en una Italia que se enriquece con la explotación de los inmigrantes y la economía sumergida.

Prefecto Pansa, ¿dónde está más generalizada explotación del trabajo irregular?

Depende de los sectores. En el agrícola destacan las regiones de Campania, Puglia, Basilicata y Calabria, Sicilia y el Sur Pontino. Algo menos Toscana. En el de la construcción, las grandes áreas metropolitanas, sobre todo Piamonte y Lombardía, Campania y Lacio. También hemos encontrado zonas más pequeñas donde hay una explotación fuerte en el sector del trabajo doméstico: Fríul-Venecia Julia, Véneto, Umbría y Sicilia. En el ganadero, sobre todo Cerdeña y Sicilia. En el manufacturero, el fenómeno se localiza mucho en Campania, Puglia, Toscana y Lombardía, algo menos en Emilia-Romaña y Piamonte.

En esta Italia sin escrúpulos ¿no cabe señalar nada positivo?

Trentino es el modelo que deberíamos estudiar mejor. Porque en Trentino la proporción de trabajadores irregulares para la recolección de manzanas es muy baja. Además, los extranjeros tienen permiso de residencia.

¿Cuántos son los inmigrantes explotados en Italia?

Es un número desconocido. Pero se trata sobre todo de extranjeros llegados de Europa del Este y, en mucha menor medida, de norteafricanos, africanos y orientales. En las inspecciones que hemos hecho hemos comprobado que entre un 60 y un 70 % de los trabajadores extranjeros irregulares tienen permiso de residencia. El resto son clandestinos totales, los más vulnerables en todos los sentidos.

Lo cual no significa que los extranjeros acepten el trabajo en negro: miles de inmigrantes han tenido que despedirse formalmente al obtener el permiso de residencia, así la empresa se ahorra sus cotizaciones.

Es un fenómeno de todo el mundo del trabajo. Dejemos por un momento a los inmigrantes y veamos lo que les pasa a los italianos. Es evidente que si un trabajador tiene una posición todavía más débil por ser extranjero o clandestino, el sistema de explotación es peor.

Un sistema que funciona gracias a la intermediación del caporalato.

El fenómeno del caporalato supone un alto riesgo. En algunos sectores, como ha demostrado la investigación, existen ya formas estructuradas de caporalato. Se trata sobre todo de extranjeros, gente que se organiza y maneja esta masa de trabajo de un modo tal que llega a condicionar las prácticas empresariales. Los empresarios que se aprovechan de este sistema deben comprender que dentro de poco no tratarán con un caporale —que a su vez es un esclavo, porque depende totalmente del empleador—, dentro de poco su interlocutor será un pequeño mafioso. No olvidemos nuestra experiencia de los años sesenta con los «vigilados especiales» del Norte. Muchos de esos mafiosos administraban los puestos de trabajo de los emigrantes meridionales en las grandes zonas industriales. Recientemente hemos detectado algo parecido.

¿Dónde?

En Campania, en la llanura de Sele. Los caporali han parado la recolección de tomates y han impuesto precios más altos a los agricultores. El mundo del trabajo que explota a los extranjeros de forma ilícita debe andarse con cuidado, porque puede acabar siendo víctima de este fenómeno.

Ese mundo del trabajo sumergido, mientras tanto, es un reclamo para gran parte de la inmigración clandestina.

Eso ya lo sabemos. El tráfico de clandestinos es un negocio inducido. Son muchos los que demandan su transporte y los traficantes se han organizado para transportarlos. Algunas organizaciones, sobre todo chinas, bengalíes y paquistaníes tienen modelos de referencia criminales que han exportado a Europa. Es la esclavitud deudora. Les dicen a sus pasajeros: no puedes pagarte el viaje, así que vas a Europa, trabajas y produces por un valor equivalente a lo que me debes. Hasta que no paguen les hacen trabajar como esclavos.

¿Este sistema se va a difundir también en Italia?

Lo deducimos del hecho de que en los últimos tiempos ha habido un aumento considerable de los precios que pagan los clandestinos. Desde Libia, pero sobre todo desde los países de origen. Tenemos ya varios ejemplos sudaneses: para llegar al Mediterráneo el precio ha subido de 1000 a 3000 dólares. ¿De dónde van a sacar esos pobres sudaneses 3000, 4000 o 5000 dólares? Lo más probable es que ese precio, en gran parte, sea una deuda. Una deuda que esclaviza. Hay que tomar medidas ante este fenómeno.

Pero como hemos visto en Foggia, la ley actual no tutela a las víctimas de los caporali y los empresarios.

Hemos apreciado ciertas carencias en el terreno legal. Tenemos la ley Biagi, que sanciona la intermediación laboral ilícita y al empleador que usa mano de obra irregular. Son sanciones administrativas, no muy severas. Para otro tipo de sanciones tenemos que remitirnos a los artículos 600, 601 y 601 del Código Penal. Es decir, a la esclavización y el tráfico de seres humanos. El fenómeno del caporalato se sitúa justamente entre estos dos extremos. Es preciso llenar el vacío legal y declarar fuera de la ley el comportamiento del caporale. El empleador también debe ser sancionado. Pero entonces tenemos que plantearnos el problema de las víctimas.

Algunos miembros del gobierno son partidarios de conceder permiso de residencia a todos los extranjeros explotados en la economía sumergida.

El inmigrante explotado por un caporale debe obtener un permiso de residencia temporal. Pero debemos ser precavidos a la hora de tutelar al trabajador clandestino, para que los traficantes no se aprovechen de esta norma. El ministro Amato lo ha dicho claramente: hagamos lo que tenemos que hacer, pero sin dar bazas a los criminales. El riesgo que se corre, justamente, es que las mismas organizaciones que se encargan del transporte y de colocar al trabajador sin papeles administren también su regularización. Porque en tal caso los traficantes empezarán a vender el paquete transporte-trabajo en negro-regularización, todo junto. Es decir, le venderán al clandestino en su lugar de origen un permiso de residencia. Hay que tener cuidado para no crear un nuevo negocio.

¿Cómo?

La hipótesis que hemos planteado en el grupo de estudio es la siguiente: creemos que el trabajador irregular puede acogerse a una normativa similar al artículo 18 de la ley Bossi-Fini, que tutela a las víctimas de la prostitución y del tráfico de seres humanos. Si declaramos delito el caporalato, todas las personas explotadas por el caporale serán víctimas de un delito específico y podrán obtener un permiso de residencia temporal. Pero el permiso estará vinculado a una condición objetiva de explotación prevista como delito. Sólo así podremos indagar y desactivar las maniobras de los traficantes. Hay otro aspecto que atañe a los empleadores.

¿Cuál?

Quien se aproveche de caporali y trabajadores clandestinos debe perder todos los beneficios fiscales, todas las prebendas, todas las ventajas y financiaciones que pueda solicitar, a escala europea, nacional o local. Si alguno ha obtenido una contrata pública, la perderá. Para estas normas ni siquiera hace falta dictar una ley. Se pueden incluir inmediatamente en los contratos.