El nuevo instrumento legal nació en el período de ejecución de la segunda Ley Habilitante, que había sido publicado el 13 de noviembre de 2000
Eloi Yague - ABN
 

El 9 de noviembre de 2001 el presidente de la República, Hugo Chávez, se reunió en Consejo de Ministros y aprobó el Decreto nº 1.546 con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, que entró en vigencia cuatro días después, el 13 de noviembre de 2001, cuando fue publicada en la Gaceta Oficial nº 37.323. De este modo quedó aniquilada la Ley de Reforma Agraria que regía desde 1960.

El nuevo instrumento legal nació en el período de ejecución de la segunda Ley Habilitante, que había sido publicado el 13 de noviembre de 2000 en la Gaceta Oficial nº 37.076 y le otorgaba al Presidente la facultad de emitir decretos con fuerza de ley sobre diversos asuntos.

Ahora bien, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (LTDA) se hizo con el fin de erigir las bases de una estructura que permitiera el desarrollo sostenido de las actividades agrícolas, lo que garantiza la seguridad agroalimentaria del país y el mejoramiento de la calidad de vida en el campo. De allí que dicha ley establezca un replanteamiento de la tenencia y el uso de la tierra para contrarrestar el régimen latifundista, que se contrapone a algunos valores básicos y estratégicos del proceso bolivariano, como la solidaridad y justicia social.

Según la exposición de motivos de la LTDA, era necesario cambiar de estatuto porque la Ley de Reforma Agraria estaba desactualizada y no atendía a los requerimientos actuales de la sociedad.

La LTDA se creó sobre la base de un concepto moderno que propugna la supeditación del derecho de propiedad a los intereses colectivos, de modo que “El régimen de evaluación del uso de las tierras y de adjudicación de las mismas” conforma el “núcleo del nuevo régimen agrario”, reza la exposición de motivos antes citada.

En este caso, la “productividad agraria” es el parámetro que define si las tierras están siendo utilizadas de forma beneficiosa para el conglomerado de la sociedad, y para determinar dicho parámetro la LTDA establece tres categorías: la finca ociosa o inculta (no cumple los niveles mínimos de producción y es susceptible de ser intervenida, expropiada o pechada con impuestos), la finca mejorable (aunque no es productiva, puede incorporarse al proceso en un plazo corto) y la finca productiva (llena los requisitos establecidos en la ley).

Asimismo, estipula el deber del Estado de recuperar las tierras ociosas para ponerlas a trabajar y la potestad para adjudicarlas a quienes demuestren tener capacidades para cultivarlas y desarrollarlas. Por último, crea el Instituto Nacional de Tierras (INTI), la Corporación Venezolana Agraria y el Instituto de Desarrollo Rural, cuyas funciones están destinadas a coordinar y apoyar el proceso de desarrollo integral en el área agrícola que promueve la LTDA.

Justamente los beneficios argumentados por los promotores de este nuevo instrumento legal fueron asumidos dentro de un sector como una vulneración a sus derechos, de modo que en 2001 los venezolanos participaron en un debate guiado por opiniones encontradas.

Los opositores criticaron que la aprobación de la LTDA se hiciera a través de la Ley Habilitante y sin someterla a la consulta de la sociedad organizada. También alegaron que existían inconsistencias y contradicciones con respecto a la Constitución Nacional, y se basaron en las figuras de la intervención y la expropiación -consagradas en la LTDA- para decir que se estaba violando el derecho a la propiedad privada.

Con la reciente aplicación de los decretos zamoranos se reavivó esta discusión, pero ahora centrada con más fuerza en la cuestión de la propiedad. Sin embargo, el Presidente de la República ha sido muy enfático y reiterativo en torno a este tema, ya que siempre ha mantenido que el referido derecho se respeta y respetará en todo momento.

ABN 11/07/2005
Caracas, Distrito Capital

Cerca de cinco mil campesinos venezolanos marcharon este lunes por las principales avenidas de Caracas en repudio a los hechos de sicariato, de los cuales son víctimas históricas, sobre todo desde la promulgación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.

El representante del Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora, Roberto Viera, apuntó que desde que fue promulgada esta Ley han asesinado a más de 130 campesinos en todo el territorio venezolano.

Acompañado del ministro de Agricultura y Tierra (MAT), Antonio Albarrán y de líderes campesinos como Braulio Álvarez, del estado Yaracuy, y quien recientemente sufrió un atentado -presuntamente por terratenientes- entregó un documento al fiscal general de la República, en el cual le exigen que se comprometa con la investigación y condene estos delitos lo antes posible.

Viera manifestó su rechazo a la práctica del latifundio, así como al ejercicio de los delegados de las instituciones adscritas al MAT, a las cuales juzgó por no atender de forma eficiente tal problemática.

Aunque dejó claro su respaldo al Presidente de la República, Hugo Chávez, también denunció lo que, a su juicio, son: "abusos de los cuales son víctimas los campesinos por parte de funcionarios de la Fuerza Armada Nacional en el Sur del Lago de Maracaibo y en Apure".

Igualmente, alzó su voz para que el Instituto Nacional de Tierras (Inti) les otorgue las cartas agrarias, y que al respecto el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se pronuncie en cuanto al curso de estos documentos, los cuales han sido rechazadas por los tribunales del interior del país.

Otra de las manifestantes presente en esta protesta fue Hilda de Sanoja, viuda de Manuel Eduardo Sanoja, quien fue asesinado hace cinco años en el estado Portuguesa, supuestamente por terratenientes.

Esta mujer contó que su esposo fue secuestrado en la plaza Bolívar de la mencionada entidad el pasado 20 de noviembre de 2000 y que siete días después apareció muerto.

Ella acusó a la jueza que lleva este caso, de estar patrocinada por la familia involucrada en el asesinato de su esposo, debido a que no se pronuncia, ni toma acciones en contra del presunto asesino.

También hizo referencia al asesinato de otro campesino en Portuguesa, llamado Jacinto Mendoza, quien aparentemente fue víctima de sicarios.

Destacó que estos dos hombres eran dirigentes campesinos y estimó que, posiblemente, por gozar de esa condición, fueron asesinados por sicarios.

Sin embargo, dijo que no descansará hasta hacer justicia por la muerte, tanto de su esposo, como del resto de campesinos, que permanecen impunes.