En lo que parecía ser una sorpresa para casi todo el mundo, el presidente Hugo Chávez anunció en un discurso pronunciado el 30 de enero de 2005 ante en V Foro Social Mundial que apoyaba la creación del socialismo del siglo XXI en Venezuela. Según Chávez, este socialismo sería diferente del socialismo del siglo XX. Aunque Chávez fue impreciso respecto a qué exactamente sería diferente este nuevo socialismo, dio a entender que no sería un socialismo de Estado como el que se practicó en la Unión Soviética y la Europa del este, o actualmente en Cuba. Sería, más bien, un socialismo más plural y menos centrado en el Estado.

"Hemos asumido el compromiso de dirigir la Revolución Bolivariana hacia el socialismo y contribuir a la senda del socialismo, un socialismo del siglo XXI que se basa en la solidaridad, en la fraternidad, en el amor, en la libertad y en la igualdad", dijo Chávez en otro discurso a mediados de 2006 [1]. Además, este socialismo no está predefinido. Más bien, dijo Chávez, debemos "transformar el modo de capital y avanzar hacia un nuevo socialismo que se debe construir cada día"[2].

Dadas estas explicaciones bastante vagas y las políticas concretas que el gobierno Chávez ha llevado a cabo en los últimos siete años, ¿se está encaminando verdaderamente Venezuela hacia algo que se podría llamar "Socialismo del siglo XXI"? Esto es, ¿se está encaminando Venezuela hacia algo que se podría llamar un orden post-capitalista en el que antiquísimo sueño de libertad individual, igualdad y justicia social (liberté, egalité, et fraternité, usando la divisa de la Revolución Francesa) se convierta en una realidad para todos los ciudadanos?

Antes de que podamos contestar a esta pregunta, necesitamos aclarar exactamente qué se quiere decir con el término capitalismo, término cuya vaguedad es bien conocida. Una definición relativamente simple de capitalismo identifica al menos tres elementos predominantes en un orden social para que lo podamos denominar capitalismo. En primer lugar, un orden capitalista implica la propiedad privada de los medios de producción, esto es, de tierra, fábricas y otras formas de capital que permiten la producción de bienes y servicios vendibles.

Un segundo elemento crucial del capitalismo, en su forma "pura", es que la distribución y el intercambio están regulados por la vía de mercados competitivos . Los mercados competitivos son un aspecto esencial e integral del capitalismo, que ayuda a regular no sólo la distribución sino también los precios y, por consiguiente, orienta qué producir o no. En tanto que los dueños [del capital] estén interesados en asegurarse que sus inversiones no pasan a competidores que traten de maximizar sus beneficios y que reinviertan estos beneficios en sus negocios, todos ellos deben tener el objetivo de maximizar los beneficios.

Es decir, la propiedad privada de los medios de producción combinada con mercados competitivos implica también necesariamente la búsqueda de la maximización del beneficio.

Por último, el tercer elemento esencial del capitalismo es un sistema regulador, un Estado, que ayude a corregir las frecuentes disfunciones del capitalismo y el comportamiento irregular. Esto es, el capitalismo necesita un Estado que no sólo asegure que los contratos entre individuos, sobre los que se basan los intercambios, son arbitrados en los casos en los que surjan disputas, sino que también actúa como mediador en conflictos sociales, generalmente entre dueños [del capital] y no dueños, entre los que suele haber frecuentes conflictos por cuestiones relacionadas con la desigualdad. Aunque los movimientos socales han logrado históricamente exigir que el Estado responda mejor a sus necesidades, la mayoría de las veces democratizando el Estado, en gran parte éste está influenciado por los dueños de capital porque este lobby financia campañas políticas y medios de comunicación, y generalmente ejerce mucho poder en las democracias capitalistas.

Sin embargo, salirse del capitalismo no significa en sí mismo que una sociedad se esté yendo hacia el socialismo. Después de todo, podría ir hacia el feudalismo o hacia otra forma de organización socia indeseable. Por tanto, ¿qué constituiría el socialismo o, más específicamente, el socialismo del siglo XXI? Más que emprender una larga discusión teórica sobre la cuestión, me limitaré a proporcionar un esquema basado en lo que no es capitalismo y en el cumplimiento de ciertas ideas o valores sociales. Esto es, argumentaré que a diferencia con el socialismo que se practicó en realidad en el siglo XX (en su mayoría en Europa del este), el socialismo del siglo XXI podría cumplir los tres objetivos de la Revolución Francesa. El socialismo de Estado del siglo XX sólo cumplió los objetivos de la justicia social (o solidaridad o fraternité) y, hasta muy cierto punto, de igualdad formal (ya que los miembros del partido eran "más iguales" (Orwell) que los no miembros). Por tanto, el socialismo del siglo XXI habría cumplido (completamente) los ideales de igualdad, libertad y solidaridad (o justicia social) formales. En otras palabras, para que el socialismo del siglo XXI se diferencie del socialismo de Estado del siglo XX, tendría que ser un socialismo libertario, que asegure que el "libre desarrollo de cada uno es una condición del libre desarrollo de todos" (Marx).

¿Está avanzando Venezuela hacia el socialismo del siglo XXI?

Con estas definiciones generales del capitalismo y del socialismo del siglo XXI ahora podemos comparar las políticas del gobierno de Chávez con ellas.

Cambiar la propiedad de los medios de producción materiales e intelectuales

Tomando cada uno de los tres elementos del capitalismo por separado, en primer lugar se puede centrar la atención en cómo afectan las políticas del gobierno de Chávez a la propiedad de las relaciones de producción material (como opuesta a intelectual) o la transforman. Mientras que la inmensa mayoría de la capacidad productiva de Venezuela es todavía o bien propiedad privada o del Estado, una de las principales áreas en las que el gobierno ha insistido ha sido en expandir formas no privadas de propiedad y control, como por la vía de las cooperativas, la co-gestión y expandiendo propiedad/gestión estatal.

Por ejemplo, durante la presidencia de Chávez el número de cooperativas en Venezuela aumentó de unas 800 en 1998 a más de 100.000 en 2005 - un aumento superior al 100% en siete años. Así, más de un millón y medio de venezolanos están implicados en cooperativas, lo que representa aproximadamente el 10% de la población adulta del país [3]. El gobierno ha estado apoyando activamente la creación de cooperativas en todos los sectores, fundamentalmente a través de créditos, compras preferenciales a las cooperativas y programas de formación.

Respecto a la co-gestión, el gobierno ha estado experimentando a este respecto con varias empresas de propiedad estatal, como la compañía de electricidad CADAFE y la planta de producción de aluminio Alcasa. Dependiendo de cómo resulten estos experimentos, el gobernó está considerando hacer funcionar más empresas de propiedad estatal en co-gestión. Sin embargo, estos negocios no funcionaran bajo un completo control de los trabajadores porque, según el gobierno, son demasiado importantes para Venezuela como para que sean gobernadas sólo por las personas que trabajan en ellos. Esto es, tienen un impacto en toda la sociedad y por tanto, según el principio de subsidiariedad, la sociedad debe intervenir, a través de sus representantes en el Estado, en cómo se dirige la empresa.

Otra estrategia para cambiar la propiedad y control de los medios de producción ha sido la expropiación de fábricas que ya no funcionan. Actualmente se han expropiado al menos cuatro plantas de producción, que producen papel, válvulas y productos agrícolas, y ahora funcionan bajo control de los trabajadores. Trabajando con la federación nacional de sindicatos UNT, el gobierno está evaluando otras 700 instalaciones de producción que no funcionan y que también podrían ser expropiadas y entregadas a sus ex-trabajadores para que las hagan funcionar.

Por último, por lo que se refiere a la cada vez mayor gestión del Estado, el gobierno de Chávez ha creado varias empresas de propiedad estatal, como en las áreas de comunicación, compañías aéreas y petroquímicas. Por último tomó las riendas de la antes semi-autónoma empresa de petróleo estatal PDVSA y la puso bajo control directo del gobierno.

Por supuesto, el mero hecho de que haya más empresas que van en contra de la lógica del capitalismo, que son en esencia intentos anti-capitalistas, como cooperativas, empresas co-gestionadas y empresas de propiedad estatal, eso no significa que Venezuela sea ahora una sociedad post-capitalista en relación a la propiedad de los medios de producción. Sin embargo, hay un firme movimiento en esta dirección. Todavía es demasiado pronto para decir si estas formas llegarán a ser predominantes en la economía venezolana. La prueba real de lo lejos que el gobierno desea llegar en esta dirección se dará si y cuando el capital privado sea obligado a convertirse en marginal dentro de la economía total. En estos momentos es imposible decir si tendrá lugar esta confrontación directa y cómo se producirá.

Sin embargo, crear una esfera de medios de producción de propiedad o control no-privados no es en sí mismo demasiado cambio si esta propiedad y control sigue los mismos principios que la propiedad privada: maximizar el beneficio por encima de cualquier otra cosa y canalizar beneficios no-reinvertibles hacia consumo de elite. Así, para asegurar que las empresas cooperativas, co-gestionadas y gestionadas por el Estado siguen una nueva serie de principios, el gobierno Chávez ha creado un nuevo tipo de unidad económica de producción conocida con el nombre de empresa de producción social (EPS).

Las empresas de producción social son "entidades económicas dedicadas a la producción de bienes y servicios en las que el trabajo tiene su propio significado, sin discriminación social ni privilegios asociados a la posición dentro de una jerarquía; en las que hay una igualdad esencial entre sus miembros, la planificación es participativa y operan bajo propiedad estatal, colectiva o mixta"[4]. Para ser calificadas de EPS y obtener entonces trato preferencia para créditos de bajo interés y contratos estatales, las compañías deben cumplir una serie de requisitos como "privilegiar los valores de la solidaridad, cooperación, complementariedad, reciprocidad, equidad y sostenibilidad, antes que el valor de la rentabilidad"[5]. Si se cumplen estos valores, entonces se puede decir que en relación a la propiedad y control de los medios de producción Venezuela está saliendo del capitalismo y avanzando hacia el socialismo del siglo XXI.

Movimientos fuera del mercado de intercambio

Respecto a moverse más allá del mercado de intercambio para regular la producción y distribución de bienes y servicios, el gobierno Chávez ha centrado fundamentalmente la atención en utilizar el Estado como un mecanismo no basado en el mercado. Esto es, durante la presidencia de Chávez el Estado ha sido muy activo en redistribuir la riqueza, ya sea a través de su programa de reforma de la tierra urbana y rural, de sus programas sociales -financiados gracias al petróleo- de salud y educación gratuitas y comida subvencionada, o la provisión de subsidios y otros apoyos a sectores clave, como las cooperativas y "núcleos de desarrollo endógeno". Por supuesto, aunque los mecanismos de redistribución del Estado van en contra de un principio básico del capitalismo, no rompen la lógica del capital ya que la mayoría de los intercambios siguen produciéndose en un contexto de libre mercado, como sigue siendo el caso de Venezuela. Como tales, estas políticas son más socialdemócratas que socialistas.

El principio de salirse de una distribución basada en el mercado también ha sido válido en el comercio exterior en el caso de Venezuela. El gobierno de Chávez no sólo se ha opuesto vehementemente a los acuerdos de libre comercio que ha estado promoviendo Estados Unidos sino que se ha implicado en un amplio número de acuerdos de comercio que se basan en los principios de la solidaridad en vez de en el de la competición. Por ejemplo, el acuerdo Petrocaribe proporciona petróleo a bajo precio a países caribeños y además le permite pagarlo en especies. En su caso más destacado, Cuba ha estado proporcionando a Venezuela 20.000 médicos y ayuda médica a cambio de envíos de petróleo venezolano. Existen acuerdos similares con Argentina, Uruguay y Ecuador.

De nuevo, este tipo de comercio no basado en el mercado, que enfatiza la cooperación, la complementariedad y la solidaridad por encima de la competición sigue siendo mucho más pequeño que el mercado de comercio tradicional. Habrá que ver todavía cómo y si el gobierno Chávez puede encontrar maneras de incrementar los mecanismos de intercambios no basados en el mercado, especialmente dado que aún está poco claro en Venezuela cómo puede funcionar exactamente a gran escala el intercambio cooperativo (en vez de competitivo).

Gobernanza ya no dirigida por los intereses privados
Donde más ha avanzado Venezuela es respecto a separarse del tercer elemento importante del capitalismo -un sistema de gobierno que está bajo el dominio de poderosos intereses privados. En los últimos años el gobierno Chávez lo ha hecho al menos de tres maneras. En primer lugar, ha tenido la oportunidad de librarse del dominio del capital privado debido a la combinación de abundantes ingresos y la completa deslegitimación del régimen anterior. En segundo lugar, ha instituido formas de democracia directa e incrementado la participación de los ciudadanos en el Estado. En tercer lugar, por medio de lo que llama la unión civil-militar ha debilitado la posibilidad de que el ejército pueda ser usado para reprimir a la población civil.

El primer aspecto es quizá el más importante porque permite prácticamente todas las demás medidas anti-capitalistas del gobierno Chávez. Esto es, los ingresos del petróleo de Venezuela, que en una base per-cápita han aumentado de 226 dólares en 1998 a 728 en 2005 [6] ha sido el filón que ha dado al gobierno Chávez una inmensa libertad respecto a la habilidad del capital privado para amenazar con huelgas de inversiones. Además, la institución de controles de capital a principios de 2003 aumentó más la independencia del gobierno respecto al capital privado. Mientras que la mayoría de los gobiernos de izquierda, como el del presidente Lula de Brasil, se enfrentan constantemente a la elección de proseguir con políticas progresistas y perder el apoyo del capital y, por consiguiente, perder bienestar económico, abandonar la políticas progresistas y fomentar la inversión privada, el gobierno Chávez está, con mucho, libre de este dilema. Los inmensos ingresos del petróleo permiten al gobierno invertir, tener políticas de impuestos y regulaciones progresistas, y gastar libremente sin tener que preocuparse demasiado por la fuga de capital o la retirada de inversiones.

Esta libertad, combinada con la recurrente autodestrucción de la oposición (vía el intento de golpe de Estado, la paralización de la industria del petróleo, el fallido referéndum revocatorio y el boicot de las elecciones parlamentarias de diciembre de 2005) quizá es la principal razón por la que el gobierno Chávez ha podido proseguir, cada vez más cada año que pasa en el cargo, con políticas anti-capitalistas. Esto contrasta fuertemente con la historia de los gobiernos más progresistas que una y otra vez empiezan con una retórica radical sólo para acabar cayendo en las demandas del capital privado.

La segunda forma como se libra el gobierno de la influencia del capital privado es introduciendo la democracia participativa en numerosas áreas del Estado. Esto está ocurriendo a través de ayuntamientos de planificación local, de la participación de los ciudadanos en los programas sociales y de una variedad de otros mecanismos institucionalizados para la implicación de la sociedad civil en el gobierno (los referéndum, la selección de los altos funcionarios y la auditoría ciudadana de las instituciones del Estado).

Una de las formas mas importantes de participación ciudadana son los ayuntamientos de planificación local, que se iniciaron en Venezuela en 2001, pero que en un principio fracasaron debido a varias limitaciones en la ley de ayuntamientos de planificación local, como crear ayuntamientos que eran excesivamente grandes para ser manejables o participativos. A principios de 2006 se lanzó un nuevo intento con la ley de ayuntamientos comunales, que basa los ayuntamientos en unidades de 200 a 400 familias y que practica la democracia directa en sus comunidades asignando recursos financieros y creando ordenanzas locales.

La democracia participativa en Venezuela adopta también la forma de la participación de los ciudadanos en las recientemente creadas "misiones," que proporcionan educación, atención médica, comida subvencionada, servicios sociales, reforma agraria y protección medioambiental. Más que ser impuestas simplemente desde arriba estas misiones están ampliamente dirigidas por los ciudadanos y cualquier comunidad dada en la forma de comités de salud, comités de la tierra y grupos de trabajo educativo.

Por último, existen los derechos a la democracia participativa constitucionalmente garantizados en forma de cuatro diferentes tipos de referéndum a iniciativa ciudadana (revocatorio, aprobatorio, abrogatorio y consultivo), el derecho a auditorías a iniciativa ciudadana de las instituciones del Estado (contraloria social) y el derecho de las organizaciones de la sociedad civil de co-nominar a los candidatos del Tribunal Supremo, del Consejo Electoral Nacional y del Consejo Moral Republicano (formado por el Fiscal General, el Interventor General y el Defensor de Derechos Humanos).

Una implicación ciudadana en todos los niveles del gobierno como es ésta aumenta la responsabilidad y debilita el dominio de poderosos intereses privados. Aunque los ciudadanos puedan seguir sucumbiendo a las amenazas de retirada de inversiones por parte del capital privado, al menos tienen más influencia en la toma de decisiones que cuando son los representantes electos quienes principalmente deciden bajo la influencia de poderosos grupos privados que les están presionando constantemente y pagándoles sus campañas electorales.

La tercera área en al que el gobierno Chávez ha hecho un esfuerzo deliberado para permitir una democracia más directa tiene relación con la transformación de uno de los principales medios de reprimir la implicación y el descontento ciudadanos: el ejército. Históricamente el ejército en América Latina se ha utilizado para reprimir a la ciudadanía y evitar que se resista a la imposición de las políticas de gobiernos que no le gustaban. Para Chávez y para la mayoría de los venezolanos pobres los disturbios de 1989 contra las políticas económicas impuestas por el FMI, que aumentaron dramáticamente el precio del transporte público y de muchos productos alimenticios, fueron una expresión de descontento respecto al relativamente no democrático [7] gobierno de Carlos Andrés Pérez. Esta explosión de descontento fue automáticamente reprimida con una enorme fuerza militar, que acabó con la muerte de entre 300 y 3.000 venezolanos pobres.

Según Chávez, la razón por la que el ejército de Venezuela y de América Latina fue capaz de reprimir a su propio pueblo con tanta frecuencia y tan fácilmente era que el ejercito siempre ha estado separado de la población. Esto es, su falta de contacto con los civiles, su secuestro, hacía más fácil para ellos actuar sin simpatía y sin remordimientos contra su propio pueblo. Chávez, en cambio, siguiendo la máxima maoísta, argumenta que "el ejército debe ser al pueblo lo que el pez al agua". La aplicación de este principio se llama "unión civil-militar", y significa, en la práctica, que el ejército debe estar lo más integrado posible en la población civil, y estar en constante contacto con ella, e incluso asumir tareas civiles en el proceso. Así, el ejército se ha ido implicando mucho en las diferentes "misiones", ofreciendo servicios como la distribución de comida, ayudar a la construcción y al transporte, por ejemplo. Además, se está pidiendo a la población civil que ingrese en la reserva militar de Venezuela para aprender a luchar en una guerra de guerrilla en caso de una invasión de una fuerza exterior como Estados Unidos. Se supone que esto, según Chávez, fortalecerá más la unión civil-militar.

Los críticos de la reconceptualización del ejército de Venezuela argumentan que ha militarizado a la sociedad civil y que se podría convertir en un medio de hacer precisamente lo que Chávez dice que se supone está evitando, el reprimir a la población. Sin embargo, no hay pruebas concretas de ello. Como puede comprobar cualquiera que visite Venezuela, el ejército de Venezuela tiene mucha menos presencia militar en la población general que la que tenía en países donde el ejercito fue de hecho utilizado para la represión, como en Argentina en los setenta o en El Salvador los ochenta. Nadie en Venezuela teme al ejército y su actividad en la población general se limita a cumplir las funciones civiles antes mencionadas, pero no a reprimir. Grupos de derechos humanos como Human Rights Watch no citan al ejército como autor de violaciones de derechos humanos. En Venezuela, en cambio, el mayor culpable a este respecto siguen siendo (desde mucho antes de que Chávez llegara al poder) las fuerzas de policía notoriamente corruptas y controladas por el gobierno local. En otras palabras, podría parecer que más que militarizar a la sociedad civil, la unión civil-militar ha servido para "civilizar" al ejército.

Estos tres factores, los enormes ingresos del petróleo, la creación de una democracia más participativa y la "civilización" del ejército, han significado que el gobierno de Chávez es mucho más libre para seguir adelante con políticas que son más independientes del poderosos intereses privados que las políticas de los gobiernos normales en los países capitalistas. En muchos sentidos, a libertad de la que disfruta el gobierno de Chávez para llevar a cabo políticas de izquierda es única en comparación con la mayoría del resto del mundo. Aunque hay otros países que disfrutan de esta libertad debido a su riqueza en recursos naturales (como una industria nacional petrolífera de propiedad estatal), tienden a estar en manos de regímenes autoritarios extremadamente conservadores (como los de Oriente Medio) y no tienen interés en llevar a cabo estas políticas progresistas.

Esta libertad ha permitido al gobierno de Chávez seguir con políticas que claramente se alejan de la propiedad privada y del control de los medios de producción, de la asignación y distribución determinada por el mercado, y avanzan hacia lo que se podría llamar formas de gobernanza y económicas más socialistas. Sin embargo, claramente esto no es un socialismo de Estado del siglo XX como se practicó en Europa del este y China, y se sigue practicando en Cuba. Más bien es una forma más libertaria de socialismo en el sentido de que busca activamente la participación ciudadana e incluso formas de democracia participativa.

Obstáculos para el socialismo del siglo XXI en Venezuela

Los principales obstáculos para el socialismo del siglo XXI en Venezuela entran dentro de dos categorías generales de obstáculos internos y externos. Los obstáculos externos son aquellos que son externos al proyecto bolivariano, como una oposición interna que busca continuamente minar el gobierno de Chávez sin comprometerse en el proceso político, un gobierno estadounidense que trata de aislar al gobierno de Chávez y fuerzas internas e internacionales de capital que hacen extremadamente difícil instituir el socialismo del siglo XXI en un país. Los obstáculos internos incluyen la persistencia de una anti-democrática cultura política de clientelismo y personalismo.

La oposición incluye a prácticamente todos los sectores que solían tener un papel determinante en la sociedad de Venezuela, como los antiguos partidos en el gobierno, los antiguos sindicatos, la jerarquía eclesiástica, los grandes negocios y casi todos los medios de comunicación privados. El problema clave del gobierno Chávez con esta oposición no es tanto su poder, que ha ido perdiendo de manera constante en gran parte debido a sus propios fallos y desorganización, sino a su falta de deseo de tomar parte del juego democrático, como hizo durante el intento de golpe de abril de 2002, la paralización de la industria petrolífera de diciembre de 2003 y el boicot en diciembre de 2005 a las elecciones parlamentarias. En raras ocasiones durante la presidencia de Chávez esta oposición ha hecho propuestas concretas sobre cómo gobernar Venezuela de diferente manera. Actualmente esta oposición sigue en la línea de negar la legitimidad del gobierno amenazando con boicotear las elecciones presidenciales de diciembre de 2006 basándose en que el registro electoral es defectuoso. Sin embargo, un informe del Instituto Inter-Americano de Derechos Humanos demostró que esto defectos eran nimios. Con todo, la gradual autodestrucción de la oposición ha hecho que ésta sea menos que un obstáculo y, por tanto, ha aumentado la libertad del gobierno para maniobrar.

El segundo obstáculo externo para la creación del socialismo de siglo XXI es el gobierno Bush. Gracias a documentos que en los últimos años están disponibles sabemos que el gobierno Bush conocía de antemano el intento de golpe de Estado de 2002, pero en vez de oponerse a él antes de que se produjera o mientras se estaba produciendo, Bush lo apoyó negando que fuera un golpe y culpando a Chávez se su propia caída. Además, a través del Legado Nacional para la Democracia y la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID, en sus siglas en inglés) el gobierno Bush ha estado proporcionando varios millones de dólares al año a los grupos de oposición en Venezuela, en un intento de crea una oposición a su propia imagen. Y en términos de aplicar medidas abiertas contra el gobierno Chávez el de Bush ha estado aplicando una variedad de sanciones económicas menores [8] y ha estado dirigiendo una campaña para aislar Venezuela internacionalmente.

Cada una de estas medidas ha sido un relativo fracaso. Por ejemplo, a pesar de haber estado recibiendo fondos y asesoramiento de Estados Unidos, la oposición está desorganizada sin esperanza de solución alguna y tienen poco impacto en Venezuela a consecuencia de sus muchos fallos durante la presidencia de Chávez [9]. Las sanciones económicas han tenido poco efecto dado que los actuales ingresos exteriores de Venezuela proceden casi por completo de los ingresos del petróleo que Estados Unidos no va a cortar. Finalmente, los intentos para aislar a Venezuela han tenido poco éxito en cualquier otra parte del mundo.

Por último, para muchos países el tercer obstáculo externo es el obstáculo más importante para un gobierno progresista porque su habilidad para iniciar una inversión cae si un gobierno inicia demasiadas políticas en contra de sus intereses. Venezuela, en cambio, con el reciente boom de ingresos del petróleo (principalmente desde mediados de 2003) sigue siendo un lugar lucrativo para invertir, a pesar de la retórica anti-capitalista del gobierno y sus frecuentes incrementos de las tasas a la industria del petróleo. Además, se ha controlado la huida de capitales por medio de una política restrictiva de la tasa de intercambio. En consecuencia, el capital interno e internacional ya no es tanto un obstáculo ahora como lo era al principio de la presidencia de Chávez.

Así pues, los obstáculos más importantes para instituir el socialismo del siglo XXI en Venezuela son los internos. El más importante de estos es quizá la persistencia de una cultura del clientelismo. Esto es, se tiene conocimiento de muchos casos que parecen indicar que a pesar de las críticas de Chávez de que en los gobiernos anteriores cundían los sistemas de clientelismo, nuevas formas de ésta han ocupado su lugar. Mientras que antes era prácticamente imposible para las personas que no pertenecían a uno de los partidos gobernantes conseguir empleos o servicios del gobierno, hay pruebas de que a pesar de que la pertenencia al partido no es importante, algunos funcionarios del gobierno Chávez a menudo impiden que los anti-Chavistas, como se conoce a los oponentes de Chávez, adquieran trabajos del gobierno y algunos servicios.

El ejemplo más conocido de esta práctica ha sido la denominada "Lista Tascon List", que estableció el diputado parlamentario pro-Chávez Luis Tascon y que enumera a todos los venezolanos que firmaron la petición de referéndum revocatorio contra el presidente Chávez [10]. El propósito original de la lista era asegurarse que no aparecían en ella partidarios de Chávez ya que estaban preocupados de que la lista incluyera fraudulentamente a muchas personas que no querían estar en ella.

El clientelismo que da trabajos gubernamentales y servicios principalmente a los chavistas no sólo contradice la promesa electora de Chávez de no excluir a nadie, sino que también mina el imperio de la ley al proporcionar una oportunidad para la corrupción y la deslegitimación del gobierno, y contradice el principio de igualdad formal. Más aún, el sistema clientelista fomenta una forma limitada de solidaridad que llega sólo al grupo de uno (en este caso, el grupo político de uno) y se opone fundamentalmente al intento de crear una sociedad en la que la solidaridad incluya a todo el mundo, independientemente de la nacionalidad o de las ideas políticas.

El segundo obstáculo interno es el latente culto a la personalidad en torno a Chávez y la tendencia hacia personalidades políticas en general en Venezuela. Por una parte, la habilidad de Chávez para unir a la gente en un amplio movimiento "bolivariano" por el cambio radical en Venezuela prácticamente no tiene paralelo en la historia reciente de Venezuela. Por otra parte, su habilidad ha dado como resultado una extrema dependencia del movimiento respecto a Chávez, hasta el punto de excluir un programa político u organización política claramente definido. Así, si Chávez desapareciera de un día para otro, todo el movimiento se rompería en mil pedazos porque habría perdido el aglutinante que los mantiene unido. Esta extrema dependencia de Chávez significa también que para quienes apoyan a Chávez es extremadamente difícil criticarlo porque cada crítica amenaza con minar el proyecto porque proporciona munición retórica a la oposición. Otra consecuencia de más alcance es que la falta de criticismo aísla a Chávez y le hace muy difícil poner a prueba sus ideas y políticas frente al mundo exterior. Desde dentro de las filas pocas veces está presente la crítica y las críticas desde fuera son fácilmente desechadas. El resultado es una fuerte posibilidad de políticas obstinadas [11].

El tercer obstáculo interno es una fuerte tendencia a un liderazgo de vertical, no solo por parte de Chávez, sino de cualquiera en la administración publica. A pesar de la auténtica búsqueda de democracia participativa a nivel local, la burocracia del gobierno sigue siendo enorme y una operación vertical, que los instintos militares de Chávez ha reforzado. Este liderazgo en la administración pública empeora aún más los problemas mencionados de una cultura política personalista, por lo que es extremadamente difícil cuestionar a un superior y corregir errores en las políticas públicas de la administración.

Perspectivas

Es muy probable que el gobierno Chávez continúe en su camino de incrementar la radicalización porque ha conseguido o bien derrotar o bien esquivar casi todos los obstáculos para gobernar con los que normalmente tienen que enfrentarse los gobiernos progresistas.

Es decir, la mayoría de los gobiernos se enfrentan a lo que los analistas políticos han llamado las "contradicciones del Estado del bienestar", por medio de las cuales gobiernos elegidos democráticamente en países capitalistas tienen que responder a dos amos contradictorios [12]. Por una parte los gobiernos tienen que satisfacer los deseos de la población que los ha elegido, para no ser apartados del poder en el siguiente ciclo electoral. Por otra parte, tienen que satisfacer los deseos del capital para no afrontar una retirada de capital y una crisis económica. Estas dos fuerzas que actúan sobre los gobierno son un grave problema porque tienden a tirar en direcciones diametralmente opuestas. Los ciudadanos generalmente quieren que el gobierno los proteja de los estragos del capitalismo (recomendando la regulación de los negocios, la protección del medio ambiente, la seguridad en el lugar de trabajo, la protección frente a la crisis económica, etc.), mientras que el capital quiere ser lo más libre posible de las regulaciones y tasas del gobierno. A raíz del esfuerzo por resolver al menos parcialmente esta contradicción empleando la deuda, los gobierno tanto del primero como del tercer mundo se endeudan fuertemente, de manera que así pueden satisfacer las necesidades financieras del Estado del bienestar sin tener que gravar al capital o a la población en general. Sin embargo, una vez que la crisis de la deuda se convierte en una carga excesivamente grande los gobiernos dan marcha atrás en los gastos del gobierno y adoptan ampliamente el neoliberalismo como una supuesta manera de salir de la contradicción. Con todo, el neoliberalismo no resuelve la contradicción sino que cambia la balanza de poder a favor del capital.

Recientemente, sin embargo, con el fracaso del neoliberalismo para ofrecer ningún incremento significativo del nivel de vida de la gente y con el dramático incremento de la desigualdad, los pueblos de Latinoamérica han estado votando en contra del neoliberalismo y a favor de una amplia variedad de gobiernos de izquierda. La contracción entre la presión del capitalismo y de la población general sigue existiendo en casi todos estos países. La única excepción parece ser Venezuela, que en virtud de su riqueza petrolífera es menos dependiente del capital privado y, por tanto, de sus demandas. Sumado a esta independencia económica están los repetidos fracasos de la vieja elite venezolana para derrocar a Chávez. Chávez, que empezó como un político bastante moderado en 1998, podría así permitirse ser cada vez más radical con cada subsiguiente fracaso de la oposición. Además, al no haber tenido formación política o de partido o ideología política, sino que más bien ésta fue consecuencia de su confrontación con el poder del Estado, Chávez sigue por un camino que es pragmático y está libre de cualquier tipo de ortodoxia, con lo que se abre a avanzar por un camino más radical; la oportunidad y su análisis de lo que necesita Venezuela deberían llevarle en esta dirección.

En otras palabras, mientras que son muy posibles mayores avances en la definición y aplicación del socialismo del siglo XXI en Venezuela debido a la relativa falta de obstáculos externos, son los obstáculos internos de las culturas del clientelismo y del personalismo lo que parecen amenazar más probablemente al proceso de descarrilamiento. Los grandes desafíos para el socialismo del siglo XXI en Venezuela siguen siendo solucionar cómo superar estos obstáculos, lo que requerirá una reconstrucción del Estado, para superar las estructuras clientelistas, y la creación de un movimiento político efectivo que no dependa de Chávez, para superara el personalismo.

Este artículo es una versión revisada de la ponencia presentada en University of Wisconsin-Madison Havens Center el 11 de abril de 2006.

Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos

[1] II Conferencia de Relaciones Alternativas , Viena, 13 de mayo de 2006 (www.gobiernoenlinea.gob.ve)

[2] Ibid.

[3] SUNACOOP (Superintendencia Nacionalde Cooperativas), www.sunacoop.gob.ve
 

[4] "Empresas de Producción Social," artículo publicado en al revista de PDVSA, Siembra Petrolera, No. 1, enero.-marzo de 2006, p.55
 

[5] Artículo 3 del Decreto No. 3.895 del 13 de septiembre de 2005, publicado en la Gaceta Oficial No. 38.271

[6] Cálculos del autor basados en datos del ministro de Economía de Venezuela, el Instituto Nacional de Estadísticas y el Banco Central de Venezuela.

[7] El movimiento bolivariano de Chávez, así como muchos análisis externos, consideran que el periodo entre 1958-1993 fue muy antidemocrático debido a la represipon del Estado y a un pacto de la elite (Pacto de Punto Fijo) entre los dos principales partidos políticos que impedían a los rivales llegar a la poder durante este periodo.

[8] Estas sanciones son el resultado de incluir a Venezuela en una variedad de listas, como la de países que no hacen lo suficiente para luchar contra el terrorismo, luchar contra el tráfico de drogas o el tráfico e seres humanos.

[9] Estos fracasos incluyen el intento de golpe de Estado de abril 2002, la paralización de la industria del petróleo de diciembre de 2002, el referéndum revocatorio de agosto de 2004 y el boicot de diciembre de 2005 delas elecciones al Parlamento.

[10] Probablemente hay la misma cantidad de empleados de la oposición que utilizan esta lista para distinguir a quienes apoyan a Chávez. Con todo, esto no excusa la practica, especialmente a un gobierno que originalmente hizo campaña en contra del sistema clientelista.

[11] Un ejemplo de estas políticas desatinadas es la reciente aprobación de cambios en el código penal que ampliaba ligeramente las penas por insultar a funcionarios del gobierno. La ley ha estado durante décadas en los libros, pero el incremento de la pena máxima por estas ofensas va en contra de los derechos civiles y no sirve a ningún propósito útil.

[12] Uno de los principales teóricos de esta tesis fue Claus Offe en su libro The Contradictions of the Welfare State, 1984, MIT Press